Caso Zofragua: denuncia por la desaparición de fondos públicos

Formalizado. Ante la Fiscalía General del Estado fue presentada una ‘notitia criminis’ contra cuatro personas sospechosas de la presunta desaparición de recursos públicos que la empresa Zofragua S. A. recibió tras ganar un juicio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, cuando la compañía se encontraba en proceso de liquidación.

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Una denuncia

Según la denuncia, en esta presunta irregularidad habrían participado Carlos Cadena Asencio, liquidador de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías); Leónidas Plaza Verduga, ex procurador judicial de Zofragua; Daniel Falconí Heredia, exviceministro de Finanzas; y Luis Idrovo Murillo, intendente nacional de Compañías de la SuperCías. El abogado Gastón Alarcón Obando los señala por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado.

En total, el Estado habría desembolsado $16’857.433,51 a favor de Zofragua S. A., mediante dos pagos relacionados con el litigio mantenido con la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Sin embargo, según la denuncia, no existiría un registro claro sobre su destino final.

El primer desembolso ascendió a $4’793.769,42 y se realizó en 2019. El segundo, por $12’063.664,09, se concretó el 22 de diciembre de 2023, luego de que el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, suscribió un convenio de pago con Carlos Cadena Asencio para cancelar la obligación mediante un bono del Estado con plazo de seis años.

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¿Qué pasó con los recursos entregados a Zofragua?

El pago realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil se originó tras el fallo emitido por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con la ‘notitia criminis’, Zofragua operaba la zona franca del puerto de Guayaquil bajo un contrato de comodato desde 2001, pero en 2012 la entidad pública rescindió unilateralmente el acuerdo, lo que motivó a la empresa a presentar una demanda por daños y perjuicios. No obstante, pese a que la empresa en liquidación habría recibido estos recursos, Zofragua S. A. fue posteriormente cancelada por disposición del entonces intendente nacional de Compañías. La principal interrogante que plantea la denuncia es qué ocurrió con el dinero transferido a la compañía y quiénes habrían administrado esos fondos.

Una de las pistas sobre el destino del primer desembolso realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil consta en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. En ese documento, César Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, menciona “la suma de $ 4’793.769,42 (por concepto de indemnización a Zofragua S. A.), que según menciona el liquidador, fue cobrada por el procurador judicial Dr. Leónidas Plaza Verduga el 20 de junio de 2019”, por la defensa que ejerció su estudio jurídico.

Según la resolución, esta información fue proporcionada por el liquidador durante el proceso de revisión de la compañía. El documento no detalla el destino de los recursos ni registra su ingreso a las cuentas de Zofragua S. A.

De acuerdo con la resolución, el liquidador había indicado que la firma supuestamente mantenía una deuda con Leónidas Plaza Verduga por concepto de honorarios profesionales derivados de gastos judiciales acumulados durante más de seis años. El monto ascendía a $2’396.884,71 y, según lo expuesto por Cadena Asencio, los intereses por mora habrían elevado esa obligación a una cifra que “superaba con creces” el valor que la compañía tenía pendiente de cobrar.

Cadena Asencio habría reconocido esa obligación mediante la suscripción del Acta de Mediación No. 090102-2020-00099, dentro del juicio No. 09332-2019-08056, tramitado en la Unidad Judicial Civil Norte con sede en Guayaquil. Sin embargo, el denunciante sostiene que no existen facturas ni un contrato de honorarios que respalden esos valores y asegura que dicho pasivo tampoco constaba registrado en los estados financieros de la firma.

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Segundo desembolso

Respecto al segundo desembolso realizado por el Estado, Alarcón solicita que la Fiscalía determine cuál fue el destino de esos recursos. Su pedido se sustenta en que 13 meses después de la suscripción del acuerdo de pago, la SuperCías dispuso la cancelación definitiva de Zofragua S. A.

Mediante la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2025-00000984, el intendente nacional de Compañías, Luis Idrovo Murillo, ordenó la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil, junto con otras 15 compañías. La decisión se fundamentó en que la declaratoria de disolución de esas empresas había sido emitida al menos siete años antes, conforme a lo establecido en la Disposición General Segunda de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías.

Zofragua S. A. fue inscrita el 11 de diciembre de 2000 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Según la resolución de la SuperCías, la firma ocupaba el séptimo lugar en el listado de 15 empresas cuya cancelación fue ordenada.

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Los activos que desaparecieron de los balances

A las interrogantes sobre el destino de los recursos transferidos por el Estado se suma otra inconsistencia detectada en la documentación de Zofragua S. A.: la aparente desaparición de sus activos, pasivos y patrimonio. Según la resolución suscrita por César Poveda Valdivieso, el liquidador Carlos Cadena Asencio presentó en julio de 2023 un balance inicial, con corte al 28 de febrero de 2019, en el que todos esos rubros constaban en cero.

Sin embargo, los estados financieros correspondientes a 2010 reflejaban una realidad distinta. Para entonces, la compañía registraba activos por $3’563.152,46, pasivos por el mismo monto y un patrimonio de $42.125,90, una diferencia que el denunciante considera clave para determinar qué ocurrió con los bienes y obligaciones de la empresa antes de su cancelación

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Los involucrados no respondieron

EXPRESO solicitó una entrevista a Cadena Asencio, Plaza Verduga e Idrovo Murillo mediante correos electrónicos enviados a sus direcciones registradas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. Falconí indicó que su abogado, Andrés Salazar, atendería las consultas que no fueron resueltas hasta el cierre de la publicación.