Intervenciones empresariales sin plazo generan impacto económico

Las intervenciones societarias en Ecuador no tienen un plazo definido. Aunque, según expertos consultados por EXPRESO, este procedimiento debería ejecutarse de forma puntual y en corto tiempo, en la práctica suele extenderse por meses o años, por lo que en ocasiones genera un impacto económico para las compañías.

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El costo de mantener una intervención

Uno de los casos recientes es el de Dulces, Pasteles y Tortas RADU S. A., conocida comercialmente como Adriana Pastelería y Panadería, intervenida desde julio de 2025. Iván Cruz, abogado de la firma, explica que la normativa obliga a la propia compañía a asumir los honorarios y gastos derivados de estos procesos de intervención, lo que puede profundizar su situación financiera al incorporar egresos no previstos.

En medio de ese escenario, la empresa también ha debido afrontar el pago del interventor, cuyos honorarios rondan los $3.000 mensuales. Sin embargo, parte de esos valores permanece todavía impaga, debido a los problemas de liquidez que atraviesa la compañía, que actualmente se encuentra en liquidación forzosa, con liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías, lo que no justifica mantener además un interventor.

Efraín Chávez, abogado especializado en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial, señala que los honorarios de un interventor en compañías pequeñas suelen fluctuar entre $600 y $1.200, valores que son fijados por la Superintendencia de Compañías. A su criterio, aunque estas cifras pueden parecer bajas, representan una carga significativa para negocios de menor tamaño que ya atraviesan dificultades financieras.

En cambio, en empresas medianas y grandes, el abogado Cruz indica que los montos pueden elevarse desde $1.500 hasta $5.000 mensuales. Además advierte que, en la práctica, no siempre existe una regulación oportuna por parte de la entidad de control, lo que abre paso a acuerdos directos entre el interventor y la compañía. Incluso, el incumplimiento de esos pagos (según la normativa) puede convertirse en una causal para iniciar un proceso de liquidación.

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¿Quién fija los honorarios de los interventores?

No obstante, Marco López, exsuperintendente de Compañías, aclara que un interventor no puede fijar unilateralmente sus honorarios, pues la norma establece que es la SuperCías la encargada de determinar esos valores, tomando en cuenta la capacidad de pago y el tamaño de la empresa intervenida.

Según explica López, si existe un acuerdo directo entre el interventor y la compañía, este debe ser ratificado por la entidad de control. Caso contrario, la firma incluso podría abstenerse de cancelar esos valores, ya que no existiría una resolución oficial que establezca el monto a pagar, lo que a su vez no constaría como causal de liquidación.

Llama la atención que una intervención dure demasiado tiempo. Lo usual es que estos procesos se mantengan el menor tiempo posible para no burocratizar la compañía.Marco López, exsuperintendente de Compañías

Cuestionamientos al control y la duración de los procesos

Por otro lado, Chávez considera que la SuperCías debería reforzar el control sobre la gestión de los interventores, ya que asegura que algunos permanecen durante años. Según afirma, en ciertos casos estos funcionarios se limitan a remitir informes periódicos, pese a que ya no existirían acciones concretas por ejecutar.

Como ejemplo, menciona el caso del interventor Washington Guerra, quien según el abogado permaneció cerca de ocho años al frente de una compañía en Quito, periodo durante el cual continuó percibiendo honorarios. Actualmente, agrega, figura como acreedor de la empresa en liquidación debido a valores pendientes por el pago de su sueldo.

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Más de 200 empresas permanecen intervenidas

De acuerdo con información de la SuperCías, al cierre de 2025 existían 208 empresas bajo intervención. De ese total, 83 correspondían a nuevos procesos iniciados. En ese mismo año, levantaron la medida únicamente a 77 casos.

La cifra prácticamente no ha variado en el primer trimestre de 2026. Hasta el 30 de marzo, la entidad reporta un total de 208 compañías intervenidas. De ellas, 32 ingresaron ese año y 33 han logrado salir del proceso.

Me llama la atención que en 2025 hubo solo 209 empresas intervenidas, cuando cada año más de 30.000 entran en disolución. El control societario no sería completo.Efraín Chávez, abogado, experto en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial

Alertas sobre incentivos para prolongar las intervenciones

Para Chávez, estos datos reflejarían que algunas intervenciones se prolongarían más de lo necesario, lo que terminará afectando a las empresas, especialmente cuando no existen resultados concretos por parte de los interventores. El abogado también cuestiona el control y los tiempos de respuesta de la SuperCías y asegura que la entidad puede tardar hasta cuatro meses en atender una petición.

Para el abogado societario Oswaldo Santos, que una intervención se prolongue más allá de lo necesario podría responder a “incentivos perversos”. A su criterio, algunos interventores tendrían interés en mantenerse en funciones para seguir percibiendo honorarios, lo que genera una mayor afectación económica para la empresa.

El jurista Cruz señala que, por costumbre, muchas intervenciones suelen extenderse más allá de seis meses en las empresas. No obstante, considera que la Superintendencia de Compañías debe reforzar el control sobre la gestión de los interventores que designa.