El fantasma de la consulta acecha concurso para fiscal

Una carta que ya recibió el aval de la Corte Constitucional, pero que aún permanece archivada en el Ejecutivo, es la convocatoria a un referéndum para reformar la Constitución y trasladar la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) a la Asamblea Nacional. Sin embargo, mientras ese organismo avanza con el concurso para elegir al próximo Fiscal General del Estado, surge la duda de si conviene activar ahora esa herramienta.

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La consulta que aún espera activarse

En septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa remitió la propuesta a la Corte Constitucional y, seis meses después, el Pleno emitió un dictamen favorable condicionado a que el Ejecutivo realice ajustes en los anexos de la pregunta. Posteriormente, el 16 de abril de 2026, la Corte verificó que las correcciones fueron incorporadas; sin embargo, varios postulantes al concurso temen que, si el Ejecutivo lleva la iniciativa a las urnas y la ciudadanía la aprueba, el proceso para designar al titular de la Fiscalía General del Estado deba empezar nuevamente.

Para la abogada constitucionalista María Dolores Miño, el debate sobre quitarle al Cpccs la facultad de designar autoridades sí responde a una necesidad real del país. Según explica, los concursos impulsados por ese organismo “cada vez con más frecuencia son altamente cuestionados” y han generado una “profunda desconfianza ciudadana”, algo que, a su criterio, también se refleja en el actual proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado.

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El debate sobre el momento político

Sin embargo, Miño considera que el problema no sería solo la pregunta planteada, sino el momento político en el que el Gobierno podría decidir impulsarla. A su juicio, el presidente actualmente enfrenta un escenario de desgaste y si buscara reposicionarse mediante una consulta popular distraería la atención pública de otras crisis y cuestionamientos.

El decano de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Leonel Fuentes, en cambio, cree que uno de los beneficios de la propuesta sería darle nuevamente a la ciudadanía la posibilidad de decidir sobre las atribuciones del Cpccs, organismo que, según señala, mantiene niveles mínimos de respaldo ciudadano. No obstante, alerta que políticamente sería una apuesta riesgosa para el Gobierno porque mezclaría el debate sobre la consulta con el proceso electoral y la promoción de candidaturas.

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El riesgo político para el Gobierno

No obstante, “el riesgo político para el Gobierno de Noboa es inmenso”, afirma. Pese a ello, Fuentes considera que el concurso para fiscal no debería convertirse en un obstáculo para consultar al país. Según explicó, si la ciudadanía decide retirar esa atribución al Consejo, la voluntad popular estaría por encima de cualquier proceso en marcha, incluso si ya existen concursos avanzados.

El abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Pablo Játiva, coincide en que el país necesita discutir una reforma al sistema de designación de autoridades. Eso, debido a que “se ha demostrado hasta la saciedad que el Cpccs es un experimento completamente fallido”.

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Un concurso bajo cuestionamientos

Según dice el jurista, tanto el correísmo como el actual régimen habrían encontrado mecanismos para manipular políticamente al organismo y colocar autoridades afines. Argumenta que existen dudas sobre la imparcialidad de la comisión calificadora, la elaboración de reglamentos y varias denuncias públicas que, a su criterio, evidencian un concurso “viciado desde el origen”.

Miño añade que el proceso ya se encuentra “totalmente deslegitimado” por los cuestionamientos y denuncias que han surgido incluso desde sectores cercanos al oficialismo. Recordó que uno de los candidatos, José de la Gasca, exministro de Gobierno ha denunciado supuestas arbitrariedades dentro del concurso, lo que, a su juicio, agrava la falta de confianza ciudadana.

Es preferible volver a empezar antes que nombrar un fiscal equivocado, que luego será difícil remover.Pablo Játiva, jurista y docente de la UIDE

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¿Borrón y cuenta nueva?

Por ello, el académico Pablo Játiva cree que, si un eventual referéndum deriva en un nuevo sistema de designación, lo más conveniente sería que el concurso actual para la designación del fiscal general quede sin efecto y se reinicie desde cero. “Es preferible volver a empezar antes que nombrar un fiscal equivocado que después será muy difícil remover”, señaló, al insistir en que el país necesita una autoridad “intachable” y con legitimidad suficiente para enfrentar la corrupción y el narcotráfico.

María Dolores Miño y Leonel Fuentes coinciden en que impulsar el referéndum implicaría millonarios gastos para el Estado en medio de otras necesidades urgentes y de la prolongación de autoridades prorrogadas en funciones. Para los expertos, mezclar ambos escenarios podría generar más incertidumbre institucional.

Si el proceso de designación de fiscal se fuera a caer, no habría nada malo: es un proceso deslegitimado.María Dolores Miño, abogada