Concurso de fiscal: calificar la experiencia expuso los vacíos

El concurso para designar al fiscal general del Estado continúa acumulando cuestionamientos. Esta vez, las críticas se centran en la calificación de méritos realizada por la Comisión Ciudadana de Selección.

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Críticas a la valoración de experiencia

José De La Gasca, exministro de Gobierno y postulante a fiscal general del Estado, es una de las voces que se han pronunciado sobre el proceso. En una entrevista concedida a un medio digital, manifestó que el reglamento del concurso presenta varios vicios, entre ellos la falta de motivación en las valoraciones, lo que, según afirma, vulnera el artículo 39 de la normativa.

También ha cuestionado que el reglamento restrinja la valoración de experiencia profesional a determinadas actuaciones dentro del ámbito penal. De La Gasca sostiene que esa limitación perjudica a quienes ejercen la profesión de manera independiente, debido a que toda su trayectoria profesional termina siendo evaluada apenas con “cinco cositas”.

Según determina el reglamento, solo se reconocen intervenciones en audiencias preparatorias de juicio, de juicio, de apelación y de fundamentación de recursos extraordinarios (de casación y de revisión). A criterio de De la Gasca, esto deja fuera otras diligencias y procesos en los que también participan los abogados litigantes, como las audiencias de acción de protección, que no fueron tomadas en cuenta en su calificación, afirma.

No es justo. Los concursos están reglamentados de tal forma que la acreditación sea más fácil para funcionarios judiciales, pero es lo que está establecido en el reglamento.Pablo Encalada, penalista y exfiscal de Pichincha

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Libre ejercicio y carrera judicial

En la misma línea, el abogado Lenin Vernaza, quien no ingresó a la fase de admisibilidad del concurso, manifiesta que el sistema de valoración termina siendo más favorable para quienes han hecho carrera judicial. Explicó que jueces y fiscales cuentan con mayores facilidades para justificar su experiencia, ya que sus actuaciones quedan registradas de forma directa dentro del sistema penal.

Vernaza añade que los abogados en libre ejercicio suelen desempeñarse en una “panacea” de materias, como civil, laboral y penal, lo que dificulta encajar dentro de los parámetros establecidos en el concurso. Aun así considera que, incluso dentro de la carrera judicial, quienes tienen ventaja son los jueces y fiscales, sobre todo los últimos, debido a que su trayectoria está más ligada a las actuaciones penales que exige el reglamento.

Por su parte, el abogado y postulante Salomón Montecé también ha cuestionado su calificación dentro del concurso. Desde su punto de vista, la Comisión Ciudadana de Selección no valoró su título de doctorado en Ciencias Políticas, pese a que, asegura él, esa formación guarda relación con áreas como gestión y administración pública, considerada materia afín de las que determina el reglamento. Además, sostiene que tampoco le reconocieron las capacitaciones realizadas en la Escuela de la Función Judicial, ni la certificación de autoidentificación como montuvio.

Se pone cuesta arriba para los abogados de libre ejercicio, porque muchas veces no tienen quien certifique su experiencia; pero lo que se necesita es una persona imparcial.Francisco López, cnstitucionalista y docente de la UDLA

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Las dificultades para acreditar trayectoria

Francisco López, constitucionalista y docente de la Universidad de las Américas, también considera que el reglamento coloca en desventaja a quienes ejercen la profesión de manera independiente. Según explica, para los funcionarios judiciales es más sencillo acreditar experiencia, ya que el propio Estado puede emitir certificados sobre los cargos y funciones desempeñadas; mientras que en el libre ejercicio, muchas veces los abogados son dueños de sus estudios jurídicos y no tienen quien respalde formalmente su trayectoria.

López considera que esa situación complica aún más la participación de abogados litigantes que no necesariamente comparecen a audiencias, sino que trabajan como consultores o asesores jurídicos. “¿Quién le va a dar un certificado?”, cuestiona el jurista, al señalar que en muchos casos los profesionales independientes terminan sin mecanismos claros para demostrar años de experiencia.

Por su parte, el penalista Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha, reconoce que las reglas del concurso pueden resultar desfavorables para los abogados en libre ejercicio. No obstante, sostiene que quienes decidieron postularse ya conocían las condiciones establecidas en el reglamento y, aunque opina que el sistema “no es justo”, esas son las reglas fijadas desde el inicio del proceso.

El concurso ha generado cuestionamientos desde el inicio. Incluso, aún no recibimos respuesta, ni favorable ni desfavorable, sobre los recursos de reconsideración.Lenin Vernaza, abogado, postulante no admitido

Riesgos de cercanía con el poder

El constitucionalista López también advierte que el concurso podría favorecer a perfiles cercanos al poder político de turno. A su criterio, el reglamento debió impedir la participación de candidatos que hayan trabajado en el Ejecutivo durante los últimos cinco años; mientras que el penalista Encalada dice que si el poder termina influyendo en la designación, al menos debería escogerse a alguien que conozca el funcionamiento del sistema judicial y penal.