CPCCS resalta fallo sobre reglamento del concurso del fiscal: "Varios se han opuesto al proceso"

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, se pronunció este 19 de mayo de 2026, tras recibir la notificación de la sentencia de la Corte Constitucional (CC), en la que el Alto Tribunal desestimó una denuncia de inconstitucionalidad en contra del reglamento del concurso para seleccionar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.

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La acción fue presentada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Fernando Molina. Él consideraba que la norma afectaba el principio de probidad notoria debido a que se reformó el artículo 22 del reglamento, en donde se eliminó la prohibición de que los abogados participantes "que hayan defendido delitos de narcotráfico y/o crimen organizado, no puedan postular para el cargo de Fiscal del Estado”.

La sentencia deja vigente al reglamento

En la sentencia 29-26-IN/26, con fecha del 14 de mayo de 2026, la CC señaló que "el hecho de haber ejercido la defensa técnica de personas procesadas, incluso por delitos graves —como narcotráfico o criminalidad organizada— no constituye, por sí solo, un quebrantamiento de la probidad notoria". 

Además, explicó que la probidad notoria "constituye un estándar cualificado de integridad pública, verificable socialmente, que exige que la trayectoria de una persona refleje, de manera consistente y reconocible, una conducta ética, transparente, y orientada al interés general".

Por esos motivos CC concluyó que "no se evidencia" que la norma que impugnó Molina "hubiese eliminado la probidad, como requisito para acceder al cargo" y desechó la acción al señalar que el reglamento "sí permite garantizar y controlar la probidad notoria de los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado".

Fantoni descarta vulneración del concurso

Fantoni tomó la sentencia a su favor. En un comunicado, el funcionario dijo que el fallo "ratifica que las actuaciones del CPCCS se han desarrollado en estricto apego a las normas constitucionales y legales".

También sostuvo que la resolución mostraría "que no se ha configurado ningún tipo de vulneración, pese a los cuestionamientos de varios actores que se han opuesto al proceso".

Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad no es la única acción que se ha interpuesto durante el concurso. 

Desde sus inicios, veedores y observadores de la sociedad civil han cuestionado la falta de transparencia y presuntas irregularidades en la asignación de puntajes, tanto a los integrantes de la comisión ciudadana de selección como a los mismos postulantes para fiscal.