Luis Cabezas-Klaere: comodín para el juego sucio

Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, el funcionario encargado de vigilar, auditar y liquidar a las empresas del país, lleva años sacándoles provecho…

… Como gerente de empresa privada: ocultando información a los accionistas y trabajando con “hojitas extracontables” en lugar de balances claros…

… Como gerente de banco público: moviéndose con soltura entre el doble conflicto de intereses del estudio jurídico de papá y la compañía de seguros con la que tenía relaciones…

… Como abogado en ejercicio de su profesión: asumiendo la representación de dos de las empresas artífices del saqueo a los fondos de la seguridad social de la Policía (Isspol) y burlando las auditorías del organismo que hoy preside...

Una herramienta al servicio político

¿Fue esta experiencia en operaciones fraudulentas la que convenció a Daniel Noboa para reclutarlo como parte de su equipo? Difícil decirlo: basta con saber que el presidente, sin duda, la conocía. Lo cierto es que hoy, como superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabeza Klaere se ha convertido en una voluntariosa herramienta política al servicio del gobierno (léase: herramienta de persecución) mientras mantiene intactos sus conflictos de interés (rasgo común a todo funcionario noboísta) y convive (si es que no promueve) esquemas para sacar partido de ciertas empresas en liquidación. Todo esto parece confluir en el caso de la arbitraria intervención que la Superintendencia dispuso contra la empresa Granasa, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, a la que no sólo se trata de intervenir en su estructura accionarial, como ya es sabido, sino que en los últimos días se le ha bloqueado su capacidad de defensa jurídica, como se verá más adelante.

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Porque Luis Alberto Cabezas Klaere no conoce otras líneas rojas que no sean las que le marcan el poder y su codicia.

Esta semana, los trapos sucios de su biografía (los fantasmas de sus navidades pasadas, que diría Dickens), han quedado al descubierto: en una serie de reportajes de investigación de tres entregas, un equipo de Diario EXPRESO contó su historia. O parte de ella, porque la información documentada que remiten a nuestra redacción varias personas que en algún momento se sintieron perjudicadas por sus métodos no ha cesado de llegar. Los detalles bochornosos ocupan casi tres páginas del Diario, entre el miércoles 3 y el viernes 5 de junio, y se encuentran rigurosamente documentados. 

Unos detalles bochornosos

A continuación, un breve resumen:

Primero: en marzo de 2021, Luis Alberto Cabezas Klaere ocupó la gerencia del hasta entonces emblemático (aunque golpeado por la crisis del Covid) hotel Continental de Guayaquil, hoy desaparecido: lo desapareció él. 

Los accionistas jamás lamentarán lo suficiente el haberlo permitido: todo lo hizo Cabezas Klaere a sus espaldas. Por no saber, no sabían ni siquiera cuánto ganaba su gerente “ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja”. Lo cierto es que terminó por liquidar el hotel, ponerlo en venta y despacharlo por la alegre cifra de 4 millones de dólares a pesar de que tenía deudas por 6 y había ofertas de interesados en pagar hasta 12. 

El operativo contó con la oportuna intervención del IESS, que declaró un bien calculado embargo para impedir una reunión urgente de accionistas. Se sabe que entre los interesados en comprar (con una oferta de 10 millones) se encontraba el en ese entonces asambleísta por la provincia de Santa Elena Daniel Noboa. 

Segundo: en febrero de 2024 Cabezas Klaere aparece gerenciando el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a pesar de un rampante conflicto de intereses: su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales, con quien compartía estudio jurídico, era miembro del directorio y presidente de Hispana de Seguros y Reaseguros, que mantenía con el Biess una póliza de seguro de desgravamen por créditos hipotecarios: un negocio de 60 millones de dólares anuales. 

Esta situación (la de un gerente del Biess vinculado con una aseguradora) está expresamente prohibida por la ley. No hay que olvidar que Hispana es la aseguradora que el presidente Daniel Noboa promueve en competencia con La Unión, la empresa de su familia política de primer matrimonio, los Goldbaum, a quienes tanto detesta que no para de ponerles juicios. Otra curiosidad bastante elocuente con respecto a los alcances de este personaje es que el nombre de su padre fue borrado de los registros de la Superintendencia de Compañías, en los que efectivamente figuraba como director de Hispana.

Tercero: desde 2020, Cabezas Klaere se desempeñó como representante judicial de Delcorp y Ecuagran, dos de las empresas más estafadoras de la historia patria, corresponsables del asalto a los fondos del Isspol por 900 millones de dólares. Habían negociado facturas comerciales falsas. En el momento de su disolución, vemos a Cabezas Klaere informando a la Superintendencia de Compañías sobre la existencia de 2,5 millones de dólares en certificados de depósito cuyos documentos originales jamás fueron presentados, lo cual bloqueaba todo ejercicio de auditoría. Hoy Delcorp y Ecuagran se encuentran en liquidación, un proceso a cargo de… ¡Cabezas Klaere!

Retrato de un funcionario del noboísmo

Hasta aquí los hallazgos de EXPRESO, que de alguna manera trazan no sólo el perfil del superintendente de Compañías sino el retrato robot del funcionario ideal del noboísmo: conflicto de intereses, negocios familiares arrimados a contratos públicos, uso del servicio público para beneficio propio… Y sobre todo: subordinación total a la agenda política del gobierno. 

Con Cabezas Klaere y a la par de otros organismos como la UAFE, el SRI o la Contraloría, la Superintendencia de Compañías se ha convertido en una herramienta de control político. Y quizás nada lo ilustra mejor que la manera como se está manejando, desde ese organismo, la intervención de Granasa.Que esa intervención es ilegítima ya lo señaló la Cámara de Industrias y Producción (CIP). 

El caso GRANASA y su indefensión

Granasa fue intervenida porque se negó a entregar una serie de informaciones empresariales sensibles a un accionista minoritario (2,6 por ciento de acciones) que, según la ley, no tenía derecho a solicitarlas. Ese accionista era, nada menos, la entidad pública Inmobiliar, es decir, la Presidencia de la República. Desde el primer momento fue obvio que se trataba de una retaliación política contra la línea editorial de Diario EXPRESO. 

Pero lo de las últimas semanas es una vuelta de tuerca que lleva el nivel control arbitrario ejercido por Cabezas Klaere a un nivel intolerable. Porque resulta que ahora la Superintendencia de Compañías ha decidido impedir que Granasa se defienda.

Uno de los efectos incómodos que acarrea una intervención para cualquier empresa es que el gasto en representación legal se dispara. Por eso, la negativa de Elizabeth Jiménez, la interventora de Granasa nombrada por Cabezas Klaere, a aprobar los pagos a los abogados (esa es una de las funciones de un interventor: dar su visto bueno a cada cheque) sólo puede ser vista como un intento por ahogar a la empresa y someterla a la indefensión. Y se trata, nuevamente, de otra retaliación contra la política editorial del Diario que, a pesar de la intervención, continua inmutable. Como debe ser.

Así con la Superintendencia de Cabezas Klaere. Por no hablar de las estructuras mafiosas que mantiene al interior del organismo con el fin de operar el vaciamiento patrimonial de empresas en liquidación, es decir, algo parecido a lo que el hoy superintendente presuntamente ejecutó en el caso del hotel Continental. Ahí está, por ejemplo, la figura del liquidador Carlos Cadena Asencio, por cuyo intermedio pretende alzarse con el 40 por ciento de acciones de Granasa en otro de los frentes del acoso gubernamental a diario EXPRESO. 

Cadena Asencio tiene una hoja de vida inmunda: fue destituido por la propia Superintendencia (antes de la llegada de Cabezas Klaere) tras haber desaparecido 20 millones de dólares de la compañía Zofragua, que operó en comodato la zona franca del puerto de Guayaquil entre 2001 y 2012, y de la que actuó como liquidador. Cadena Asencio y el procurador judicial de Zofragua, Leonidas Plaza Verduga, fueron denunciados por peculado en relación con este caso. Sin embargo, ahí está nuevamente, ejerciendo de liquidador a control remoto para casos de contenido político, quizá por las relaciones familiares entre Cabezas Klaere y Plaza Verduga, uno de cuyos hijos, además (Leonidas Plaza Díaz) es operador judicial del gobierno en las cortes de Guayaquil (lo cual no será una novedad para nadie en el campo jurídico de la ciudad) y maneja desde la sombra, entre otros muchos, los casos contra EXPRESO. Casos que sin duda se le facilitarán ahora que han conseguido bloquear los pagos a los abogados.

Quizás en esta política de fusión de organismos del Estado en la que se encuentra empeñada la Presidencia de la República, deberían unificar la Superintendencia de Compañías con la Secretaría de Inteligencia y ascender a Luis Alberto Cabezas Klaere al rango de sargento.