Desaparecidos en Ecuador: la otra cara de la violencia

Las fotografías de personas desaparecidas vuelven a inundar las redes sociales, los postes y los espacios públicos de Ecuador. Detrás de cada imagen hay familias que emprenden búsquedas contra el reloj, enfrentando incertidumbre, temor y, en algunos casos, desenlaces fatales.

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Aunque la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas logran ser localizadas, las cifras de 2026 muestran que el fenómeno continúa siendo una de las problemáticas sociales y de seguridad más sensibles del país. 

Los recientes casos de Nathaly Mafla, Lizeth Bunshi, Héctor Vinicio Rojas y Joselyn Oña han mantenido la atención pública sobre un problema que, lejos de tratarse de episodios aislados, forma parte de una realidad constante.

Cada denuncia activa operativos de búsqueda, moviliza recursos estatales y coloca a familias enteras en una angustiosa espera que puede prolongarse durante días, semanas o incluso años. 

Incremento del 2,8 % en las denuncias

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del desafío. Entre enero y junio de 2026 se registraron 3.909 denuncias por desaparición en Ecuador, una cifra superior a la del mismo período de 2025 y que representa un incremento del 2,8 %.

Del total de casos reportados durante ese semestre, 3.067 personas fueron encontradas con vida, 197 fueron localizadas fallecidas y 645 permanecían desaparecidas al cierre de junio. La tendencia se mantuvo durante el resto del año.

Según datos publicados por el Ministerio del Interior, entre enero y julio de 2026 las denuncias ascendieron a 4.341. De ellas, 3.570 personas fueron localizadas, mientras que 771 expedientes continuaban abiertos.

Un fenómeno que persiste

Aunque las cifras actuales son inferiores a las registradas antes de la pandemia, cuando los primeros semestres de 2017, 2018 y 2019 superaron las 5.000 denuncias, el comportamiento de los últimos años evidencia una problemática persistente.

Desde 2021, el número de desapariciones reportadas durante el primer semestre se ha mantenido cercano a los 4.000 casos, lo que demuestra que el fenómeno no ha logrado reducirse de manera sostenida. Detrás de estas cifras existe una tendencia de largo plazo que preocupa a especialistas en protección infantil.

Deterioro de las condiciones de seguridad

Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, señala que el Registro Nacional de Desapariciones evidencia un crecimiento sostenido durante los últimos años. “Desde 2018 hasta mediados de 2025 se registraron cerca de 10.383 casos de niñas y niños desaparecidos. Los reportes pasaron de alrededor de 600 casos en 2018 a 2.236, lo que representa un incremento acumulado del 272 %”, explica.

Para la exfuncionaria, la aceleración de esta tendencia coincide con el deterioro de las condiciones de seguridad y la expansión territorial de estructuras criminales en varias provincias del país. Sostiene que en enero de 2026, el 44 % de las 572 desapariciones reportadas a nivel nacional ya correspondía a menores de edad, una proporción que considera preocupante y que podría seguir aumentando.

Guayas y Pichincha encabezan la lista de denuncias

Las estadísticas muestran una distribución desigual de los casos. Guayas fue la provincia con más denuncias durante el primer semestre de 2026, con 945 reportes, seguida de Pichincha, con 913. Sin embargo, Quito aparece como el cantón con la mayor cantidad de desapariciones, al concentrar 823 denuncias.

Cordero considera que ciertos territorios presentan ciertas características que obligan a realizar análisis diferenciados. “Hay patrones territoriales claros. Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí muestran realidades donde las desapariciones no responden a una sola causa, sino a múltiples dinámicas sociales, económicas e institucionales”.

En esos territorios, añade, convergen fenómenos como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la trata de personas, el reclutamiento de menores por grupos criminales, las desapariciones forzadas y otras formas de violencia vinculadas al avance de economías ilícitas. 

Aunque la discusión pública suele agrupar todos los casos bajo una misma categoría, especialistas en derechos humanos advierten que existen diferencias fundamentales entre los distintos tipos de desaparición registrados en Ecuador.

Distintos tipos de desapariciones en Ecuador

Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, explica que un primer grupo corresponde a las denominadas desapariciones involuntarias, figura reconocida en la legislación ecuatoriana y que se refiere a personas cuyo paradero se desconoce sin que existan indicios claros sobre quién o quiénes pudieron haber intervenido en su desaparición.

“Son personas que simplemente no llegaron a casa. No se conoce su paradero y tampoco se tienen elementos que permitan determinar quién se las llevó. Son miles de casos sin rastro que existen en Ecuador”, señala.

Sin embargo, hay una segunda categoría con implicaciones mucho más graves desde la perspectiva de los derechos humanos: las desapariciones forzadas. En estos casos, sí existe información o indicios sobre los presuntos responsables y estos están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, explica Navarrete. “Aquí hablamos de personas desaparecidas cuyo responsable estaría relacionado con la fuerza pública o actuaría bajo su tolerancia. El caso emblemático reciente es el de los cuatro niños de Las Malvinas”.

No obstante, precisa que ese desenlace constituye una excepción dentro de un panorama mucho más amplio. “Las demás familias no han tenido la misma suerte. La Fiscalía ha solicitado información a las Fuerzas Armadas, pero muchas veces no ha recibido respuestas suficientes. Las familias sienten que ya han dicho todo lo que tenían que decir y que del otro lado solo existe silencio”.

Según Navarrete, la Fiscalía registró durante 2024 un total de 51 casos de personas desaparecidas después de haber sido detenidas, en su mayoría durante operativos militares desarrollados en provincias como Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Por su parte, el CDH documentó 38 casos durante ese mismo período.

El tejido social, trastocado

La complejidad del fenómeno también es observada desde el ámbito académico. El sociólogo Pablo Paredes explica que las desapariciones no pueden entenderse únicamente como un problema policial o judicial. “El incremento de los casos refleja transformaciones profundas en el tejido social ecuatoriano”.

Para el especialista en violencia y exclusión social, el aumento de las desapariciones de adolescentes está relacionado con una combinación de factores que incluye la desintegración familiar, el abandono escolar, la precarización económica y la creciente influencia de organizaciones criminales en barrios vulnerables.

“La situación resulta especialmente preocupante porque casi la mitad de las desapariciones registradas en 2026 corresponde a menores de edad. Este comportamiento estadístico sugiere que adolescentes y jóvenes se han convertido en uno de los grupos más expuestos a distintas formas de violencia y captación”.

Inseguridad ligada a las desapariciones

Esta lectura coincide con la evolución de los indicadores de seguridad que ha experimentado Ecuador desde 2021. En ese contexto, los expertos advierten que las desapariciones no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un escenario de violencia cada vez más complejo.

Para el experto en seguridad Augusto Murillo, una parte de los casos está vinculada al fortalecimiento de economías criminales asociadas al narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual y otras actividades ilícitas. Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí aparecen de forma recurrente en los registros oficiales y en los informes de organizaciones de derechos humanos.

Para el analista, esta coincidencia no es casual. “Se trata de provincias donde confluyen conflictos territoriales entre grupos criminales, rutas de narcotráfico y altos niveles de violencia”.