Claro que es político

Cuando José Serrano se instaló en Estados Unidos nos preguntamos cómo era posible pese a los graves cuestionamientos por casos como Isspol. Cuando su pareja montó un negocio de ‘spas’ nos preguntamos con qué dinero: ni a María Paula Christiansen ni al exministro se les conocía fortuna, tan solo sus ingresos como funcionarios públicos ecuatorianos. Cuando Serrano fue mencionado en el juicio de Carlos Pólit, nos preguntamos cómo podía pasearse orondo por Miami. Lo mismo con Jordán. ¿Cómo podía un acusado por el magnicidio de Villavicencio y por corrupción hospitalaria, procesado en el caso Metástasis y relacionado con narcotraficantes como Norero, andar campante por Florida, asistir al Mundial y amenazar en X a periodistas, medios y a las hijas de Villavicencio? ¿Cómo fue posible? Muy sencillo: decisión política. De la mala.

Cuando la cooperación internacional rompe el blindaje de la impunidad

La impunidad necesita instituciones cómplices, investigaciones bloqueadas, procesos interminables, silencios y protección. Estamos acostumbrados a verlo hasta el asqueo: acusados de narcotráfico, asesinato o corrupción escapan, se declaran perseguidos, reciben beneficios o salen de prisión. Varios viven como reyes en el primer mundo. Tienen mansiones. Viajan en aviones privados. Se ríen del país. La justicia nunca les llega porque, acá y allá, han existido políticos cómplices o pusilánimes.

Combatir la impunidad pasa también por la política. Por supuesto. Si nos referimos a Serrano y Jordán, exige buenas relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, cooperación internacional y un objetivo compartido frente al crimen organizado. Exige que la guerra contra estructuras capaces de ejecutar un magnicidio abandone la retórica y tenga consecuencias. Exige políticos determinados a que nadie se siga burlando del país. La buena política está para que los acusados comparezcan ante la justicia. Hasta ahí llega. Desde entonces le toca al sistema judicial. A la sociedad debe interesarle un proceso justo: pruebas que puedan contradecirse, derechos respetados y sentencias dictadas con base en la evidencia y la ley.

Ahora actúan jueces, fiscales y abogados. Pero, seamos claros: sin voluntad política, Serrano no estaría hoy a órdenes de la justicia. Ojalá Jordán tenga el mismo destino. El expediente del Magnicidio FV es demasiado grave para que sus procesados sigan aferrados a la impunidad.