¿A dónde van los desaparecidos en Ecuador? Los casos sin resolver tienen un alarmante aumento

Los responsables de la tragedia de los niños de Las Malvinas pudieron ser condenados gracias a que un comandante militar que participó en el operativo en el que los cuatro adolescentes fueron detenidos antes de desaparecer, entregó toda la información que conocía a los equipos de investigación de la Fiscalía. Según estableció posteriormente la sentencia de primera instancia, los menores fueron entregados a un grupo de delincuentes que terminó asesinándolos. El comandante proporcionó a los fiscales los detalles que permitieron reconstruir lo ocurrido. Lo hizo de inmediato y sin consultar a sus superiores. Es decir, actuó conforme a lo que le dictaban su deber legal y moral. Gracias a esa colaboración, el oficial no fue procesado, mientras que otros once militares fueron condenados a 34 años de prisión.

Denuncias del CDH sobre desaparición forzada en Ecuador

Lo insólito es que, según Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), desde ese episodio los militares han dejado de colaborar con las investigaciones sobre otros casos de desaparición en los que existen indicios de que las víctimas estuvieron bajo custodia militar antes de perderse su rastro. Bastias sostiene que ya son 53 casos en los que el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar información solicitada por la Fiscalía. Tampoco la habría proporcionado a la mesa de diálogo creada por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante esa negativa, la Comisión presentó una medida cautelar para que el Estado ecuatoriano adopte medidas que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas y la entrega de información relevante. Según Bastias, el Ministerio de Defensa justifica su negativa señalando que el presidente Daniel Noboa y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, prohibieron proporcionar esa información.

Patrones de detención y violaciones a los derechos humanos

El CDH sostiene que los casos documentados presentan un mismo patrón: personas detenidas por patrullas militares durante operativos, incomunicación posterior, ausencia de registros oficiales sobre la detención y falta de información acerca de su paradero. Según la organización, existen indicios suficientes para presumir la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en varios de esos casos. Incluso afirma que, en algunos expedientes, los propios militares reconocen haber detenido a las personas, aunque aseguran haberlas liberado posteriormente. Para Bastias, aun si esa versión fuera cierta, la detención sin registro oficial y la posterior negativa a informar sobre el destino de esas personas podrían configurar el delito de desaparición forzada, conforme a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Obstáculos institucionales en las investigaciones de la Fiscalía

El CDH también cuestiona que muchas de estas denuncias hayan sido investigadas inicialmente como desapariciones involuntarias y no como presuntas desapariciones forzadas, lo que, según la organización, retrasó diligencias fundamentales durante las primeras horas de búsqueda. A ello se suma, afirma, la falta de unidades especializadas y de recursos suficientes para investigar este tipo de delitos.

Crecimiento alarmante de las personas desaparecidas en Ecuador

Pero la tragedia de las desapariciones forzadas (es decir, aquellas en las que presuntamente participaron agentes del Estado) forma parte de un fenómeno mucho más amplio que hoy se ha convertido en uno de los dramas más graves que enfrenta el país: el crecimiento sostenido del número de personas desaparecidas y, sobre todo, de aquellas que jamás vuelven a ser encontradas.

Estadísticas de desaparición y cifras sin resolver

Ecuador registra cada año entre 7.000 y 8.000 denuncias de desaparición, pero el verdadero drama no está únicamente en cuántas personas desaparecen, sino en cuántas nunca regresan. En apenas dos años, los casos que permanecían sin resolverse pasaron de 447 en 2023 a 854 en 2025. Un incremento del 91 % que revela un deterioro alarmante en la capacidad del Estado para encontrarlas. Aunque las cifras de 2026 aún no están consolidadas, los datos parciales muestran que la tendencia continúa.

Impacto social e impunidad en el sistema estatal

La proporción de desapariciones que permanecen sin resolver prácticamente se duplicó: pasó del 5,7 % de las denuncias en 2023 al 11,4 % en 2025. En otras palabras, la probabilidad de que una persona desaparecida nunca sea hallada (ni viva ni muerta) es hoy casi el doble que hace apenas dos años.

Ese deterioro tiene consecuencias que van mucho más allá de las estadísticas. Cada caso sin resolver representa una familia atrapada en una incertidumbre permanente y un Estado que pierde capacidad para responder a una de sus obligaciones más básicas: encontrar a quienes desaparecen. Además, las cifras son un indicador de la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y buscar a las víctimas. Cuando aumenta el porcentaje de personas cuyo paradero nunca se esclarece, también crece la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades.

Impacto social e impunidad en el sistema estatal

Ecuador todavía no registra los niveles históricos de desapariciones de países que han vivido conflictos armados prolongados o décadas de violencia criminal, como México, donde existen más de 130.000 personas desaparecidas, o Colombia, cuya cifra histórica ronda las 100.000. Sin embargo, la evolución ecuatoriana resulta especialmente preocupante. El rápido incremento de la violencia asociada al crimen organizado parece ir acompañado de un aumento sostenido de los casos que permanecen sin resolver, una tendencia que, de consolidarse, podría convertir las desapariciones en uno de los mayores desafíos humanitarios y de seguridad que ha enfrentado el país en las últimas décadas.