Gobierno de Daniel Noboa y el correísmo se disputan la videovigilancia de Guayaquil

Tras el reciente episodio protagonizado por el ministro del Interior, John Reimberg, en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde denunció el uso político que el correísmo hacía de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil, subyace un proyecto de control político. Tener el monopolio de las cámaras de seguridad de las ciudades para utilizarlas como herramientas de espionaje es, actualmente, una de las formas más potentes de apalancamiento político.

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Durante la audiencia en la Comisión de Seguridad, donde domina el partido de gobierno, Reimberg dejó en evidencia, aunque sin decirlo expresamente, que el Gobierno quiere tener el control de las cámaras no solo de Guayaquil -donde ya las tiene tras la intervención en Segura EP la noche del 15 de febrero de 2026-, sino también de Quito y de otras ciudades donde, según él, el correísmo las ha utilizado con fines de espionaje.

Intervención del Gobierno en Segura EP y videovigilancia en Guayaquil

El ministro del Interior denunció cómo el Municipio de Guayaquil, bajo control del correísmo, instaló un sistema para que miembros de ese movimiento utilizaran la información que llega a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Reimberg, en su intento por legitimar la intervención del Gobierno en Segura EP -la entidad encargada del sistema de cámaras-, afirmó que desde entonces la capacidad de reacción ante los casos de delincuencia ha aumentado significativamente. Antes de la intervención, sostuvo, la administración municipal de Aquiles Álvarez se limitaba a observar cómo se consumaban los delitos sin ofrecer una respuesta efectiva. “Los resultados son contundentes: la efectividad alcanzó el 97,47 % frente al 29,70 % antes de la intervención”, aseguró.

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Sin embargo, lo de las cámaras de Guayaquil y los audios de los correístas fue apenas una parte de la actuación de Reimberg en la Comisión de Seguridad. El ministro afirmó que antiguos agentes de la Senain, durante el correísmo, están a cargo del sistema de videovigilancia del Municipio de Quito. Además, anunció que en poco tiempo revelará en qué otros cantones gobernados por el correísmo también se habría ejercido esa práctica.

Exfuncionarios de la Senain en el Municipio de Quito y Pabel Muñoz

Lo dicho por Reimberg fue replicado por medios y cuentas de redes sociales afines al Gobierno, algo particularmente significativo en esta administración, pues suelen actuar como antenas repetidoras de las intenciones de Carondelet. El diario El Universo se hizo eco de sus declaraciones y publicó una nota en la que afirma que cinco funcionarios de la antigua Senain trabajan actualmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito y en la Agencia Metropolitana de Tránsito, y que fueron contratados durante la administración del alcalde Pabel Muñoz.

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Según esa publicación, esos funcionarios son Carolina Andrade, actual secretaria de Seguridad Ciudadana y quien durante el correísmo fue una figura importante de los servicios de inteligencia de la Senain; Washington Martínez, teniente de Policía en servicio pasivo y actual director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito; Ernesto Anzieta, director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, a quien la nota describe como antiguo operador de Rommy Vallejo, exdirector de la Senain; Silvia Burgos Muela, funcionaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y exfuncionaria de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, que coordinaba acciones con la Senain; y, finalmente, Paul Andrés López Erazo, mayor de Policía en servicio pasivo, quien figura como servidor público en el Municipio de Rumiñahui y actualmente presta asesoría en la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Audios de Rafael Correa y la disputa por el monopolio de la seguridad

Para la audiencia de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Reimberg llevó un caso con el que buscó legitimar la aspiración del Gobierno de controlar los sistemas de videovigilancia: los audios en los que se escucha a Rafael Correa coordinar con miembros de su movimiento, incluidos prófugos involucrados en casos graves, como Ronny Aleaga, el uso político de las imágenes captadas por las cámaras.

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Sin embargo, durante la sesión se hizo evidente la pugna entre el Gobierno y el correísmo por el monopolio del uso de esos sistemas. Ese movimiento político ha asestado dos golpes muy duros al Gobierno gracias a la información obtenida mediante la videovigilancia. El primero fue el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, cuyas imágenes permitieron establecer que fueron detenidos, torturados y posteriormente entregados a grupos delincuenciales por miembros de las Fuerzas Armadas. El segundo fue el denominado caso Porsche. En ese episodio, las cámaras siguieron el recorrido del autor del atentado terrorista ocurrido en el sector de la Bahía, quien, tras lanzar el explosivo, se dirigió hasta su vivienda en la Isla Trinitaria. Horas después apareció allí un vehículo de alta gama que posteriormente se comprobó -también gracias a las cámaras de Segura EP- que pertenecía a Industrial Molinera, empresa de la Corporación Noboa.

Estos dos episodios han causado un enorme daño político al Gobierno, y resulta fácil imaginar que este no quiere que un caso similar vuelva a repetirse.

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Quien gane esta batalla por el control de los sistemas de videovigilancia tendrá la capacidad de evitar que salgan a la luz escándalos que perjudiquen a su propio movimiento político o, en su defecto, de detectar aquellos que afecten a sus adversarios.

El gobierno de Daniel Noboa quiere tomar el control de las cámaras de videovigilancia que permanecen en manos de administraciones correístas -con excepción de Guayaquil- y para ello busca que se investiguen los audios de Correa. Los correístas, por su parte, no quieren perder lo que consideran una de sus principales fuentes de poder territorial: el acceso a esos sistemas de vigilancia. Por eso insisten en que se recuerde y se investigue el caso Porsche. Y, en ese punto, tienen razón.