Asamblea analizará el aumento patrimonial de alcaldes y prefectos tras reportes del 2023 a 2025

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 23 de junio de 2026 cambiar el orden del día de la sesión de este martes. El Legislativo incluyó en su agenda analizar los incrementos patrimoniales de alcaldes y prefectos, después de que varios medios de comunicación reportaron un supuesto aumento de los bienes de los funcionarios, entre el 2023 y 2025.

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La moción para ajustar los temas de la sesión plenaria la presentó el asambleísta oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Fernando Jaramillo, quien dijo que presentaba la petición para que "la Asamblea cumpla con la fiscalización y exija información", debido a que los funcionarios deben "cumplir su rol, respetando los recursos que son del pueblo y para combatir la corrupción".

El planteamiento fue acogido y aprobado con 86 votos a favor, de 129 asambleístas registrados. Con la inclusión de ese punto, el Parlamento de la Asamblea tratará cuatro temas en el Pleno:

¿Por qué analizarán los patrimonios de los alcaldes?

El parlamentario señaló que, según las publicaciones de la prensa, existen "variaciones patrimoniales" en uno de cada tres alcaldes o prefectos del país. Además, sostuvo que algunos funcionarios figurarían como parte de compañías activas, mientras que otros aún se mantienen como administradores de empresas, pese a ser servidores públicos.

Jaramillo pidió incluir en ese análisis a los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes fueron detenidos por procesos legales.

El parlamentario de Imbabura aseguró que el análisis de los patrimonios permitirá conocer los motivos por los que aumentaron esos bienes e identificar las acciones de control que se podrían generar, en caso de hallar eventuales irregularidades.

La petición del oficialismo se presentó un escenario en el que autoridades y entidades de Gobierno mantienen una pugna con los gobiernos locales por las diferencias de las tiendas políticas a las que pertenecen. Producto de esa tensión existen procesos judiciales en curso y sanciones electorales, que han inhabilitado a organizaciones políticas, como la Revolución Ciudadana (correísmo), o a funcionarios como Cristian Zamora, ahora exburgomaestre de Cuenca.