El espejismo de los empresarios

Con sus técnicas de manipulación mediática, su relativismo moral y su falso carácter predictivo, la comunicación política (Compol) ha impuesto su lógica utilitaria en el debate público y ha terminado por convertir a la política en una actividad no solamente ajena al bien común sino directamente opuesta a él. No tan conocido es su equivalente empresarial: la no menos seudocientífica “estrategia de entorno corporativo” que, con su cuidadosa práctica de la adulación y el oportunismo, ha hecho de la producción una función económica que nada tiene que ver con el desarrollo del país. Ambas especialidades (en el supuesto no consentido de que lo sean) son nefastas.

Cuando la democracia se convierte en un costo de negocios

Y así como escuchar a los magos de la Compol es provechoso para entender el comportamiento de los políticos, la verborrea de los estrategas de entorno resulta bastante ilustrativa sobre una cierta forma de pensar cada vez más común entre los empresarios. Este viernes, dos de esos estrategas coincidieron en la tertulia radiofónica semanal que conduce Jorge Ortiz en FM Mundo: Juan Rivadeneira, especialista en “gestión de entorno” (así se presenta a sí mismo), y Benjamín Ortiz, consultor de “comunicación corporativa y estrategia política y de entorno para empresas” (la palabra “entorno” parece ser la clave de esta forma de charlatanería). Ambos dieron clases sobre cómo defender los intereses privados de su clientes mientras el edificio público, es decir, el estado de la democracia se cae a pedazos. Más aún: dejaron perfectamente establecido que el derrumbe de la democracia (que en el caso del Ecuador de Daniel Noboa son capaces de reconocer como un hecho cuando no les queda más remedio) no tiene por qué ser algo negativo; muy por el contrario: puede convertirse en una oportunidad. Más difícil de entender es la lógica según la cual las empresas que aplican este credo se atribuyen el mérito de “sacar adelante el país”.

Eso de “defender intereses privados mientras el edificio público, es decir, el estado de la democracia se cae a pedazos”, proviene palabra por palabra del discurso que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo ofreció hace pocas semanas en México. Resulta llamativo ver cómo ese comportamiento, que ella atribuye a una buena parte del empresariado de América Latina, se reproduce con exactitud matemática tanto en países víctimas de autoritarismos populistas de izquierda como de derecha.

El miedo como política empresarial

Lo primero que se puede decir con respecto a la situación del empresariado ecuatoriano bajo el noboato (¿ya se puede acuñar ese término?) es que la sensación predominante es el miedo. Algo que Ortiz y Rivadeneira jamás reconocerán, al contrario: reaccionarán a la defensiva, como hicieron en la tertulia del viernes ante su simple insinuación. Lo cierto es que el miedo manda entre los empresarios tanto como entre los políticos o los periodistas, si no es más. La razón es apenas obvia: el acoso del SRI, de la UAFE o de las superintendencias puede ser, en su caso, mucho más devastador. Añádase a ello la existencia de listas negras confeccionadas en Carondelet y en las que ningún empresario quisiera estar, así como la domesticadora costumbre adoptada por el gobierno de reunir a un puñado de elegidos en la residencia presidencial en Olón cada cierto tiempo. “Reuniones de fidelización”, las llaman. Mónica Heller, de la Cámara de Comercio de Quito, es impulsora y cortesana de estos encuentros en los que no se admiten preguntas. ¿No conocen los estrategas de entorno sobre tales reuniones o aconsejan a sus clientes tratar de estar en ellas y mantener la boca cerrada? Quien no se queda quieto no sale en la foto, esa es la única verdad. En esas circunstancias, Ortiz y Rivadeneira son entrenadores de maniquíes.

El autoritarismo reducido a una 'tensión política'

¿Se vienen unas elecciones seccionales en las que los candidatos que podían incomodar al régimen han sido eliminados; sus partidos, suprimidos; y el sistema electoral, manipulado? Son “tensiones políticas”, dice Benjamín Ortiz, “pero con un marco económico estable”. Como si la aplanadora autoritaria de un poder que controla todos los poderes fuera una “tensión” como cualquier otra. No: tensiones políticas las hay siempre en democracia; descabezar candidatos y partidos es una práctica dictatorial. “En política, muchísima confrontación, sin duda”, dice Juan Rivadeneira y cambia de página.

La libertad de expresión, un problema secundario

¿Los organismos supuestamente autónomos del Estado están siendo utilizados como herramientas de control político, para advertencia de medios y de empresas, como ocurre con la intervención de este Diario por la Superintendencia de Compañías? En efecto, es un “caso preocupante”, dirá Benjamín Ortiz, que fue periodista hace dos generaciones: “una situación bastante compleja (…) Pero siendo de todas maneras reprochable que se pretenda por estos medios, digamos, presionar o suprimir incluso un medio de comunicación, no veía yo un caso generalizado de que esté ocurriendo una intervención sistemática del gobierno en decisiones internas de compañías”. En resumen: nada importante. No le preocupa al experiodista que se pretenda, “digamos, presionar o suprimir incluso un medio de comunicación” mientras sus clientes puedan quedarse quietos para salir en la foto. Nada más importa mientras Ecuador, en palabras de Juan Rivadeneira, “me dé unos números de que pinta que parece que el consumo va a crecer”. Tal cual: ¿a quién le importa la libertad de expresión mientras “pinta que parece”?

Los silencios frente al deterioro institucional

Los silencios frente al deterioro institucional

Por supuesto, ambos lamentan que las presiones ejercidas sobre el periodista Hernán Higuera, de Ecuavisa, hayan llegado al extremo de dejar sin trabajo a su mujer y sin futuro académico (al menos inmediato) a su hijo para obligarlo a abandonar su cobertura del caso Progen. Lo lamentan, sí, pero nomás porque Jorge Ortiz tuvo el detalle de mencionarlo. En cuanto al asesinato de la activista anticorrupción Mónica Silva, que el gobierno pretendió disfrazar premeditadamente de suicidio; o la crisis de salud en las cárceles y el ingreso del Ecuador, por primera vez, al Índice Global de Tortura en la categoría de alto riesgo, no tienen una palabra que decir. Por no hablar de la debacle institucional: el golpe de estado en el Consejo de la Judicatura, el control absoluto del CPCCS y de los concursos de autoridades que éste organiza, el manejo político de la Fiscalía, la capacidad de ejercer presión sobre los jueces incluso para obligarlos a fallar a favor de narcotraficantes… Si se les pusiera estos hechos por delante, seguro que lo lamentarían. Pero pesaría más el hecho de que “pinta que parece”.

Normalizar el autoritarismo en nombre de la estabilidad

“Todos quisiéramos tener seguridad jurídica -dice Juan Rivadeneria, implicando que no la tenemos-, cumplimiento de la ley, de la Constitución, independencia de poderes… Pero el inversionista a veces pondera el riesgo”. Pondera el riesgo y… ¿decide que nada de eso hace falta? “El mundo, empezando por Estados Unidos -tercia Benjamín Ortiz- es víctima de gobiernos autoritarios. Es la onda actual”. Así que vamos con el autoritarismo, que está de moda. El autoritarismo, vienen a decirnos ambos especialistas en “gestión de entornos”, está bien mientras la mayoría vote por él. Como en los años 30 del siglo pasado, que sabemos perfectamente a dónde condujeron. Un “ingenioso aliado de sus sepultureros” (para usar la frase de Kundera) habrían sido Benjamín Ortiz y Juan Rivadeneira en esa época.

Un demócrata de verdad, (un Osvaldo Hurtado, por poner un ejemplo: octogenario incansable) jamás negociaría la estabilidad institucional de la democracia por las cifras del consumo; jamás se sumaría a la moda autoritaria nomás porque le gusta a la mayoría. El espejismo que lleva a muchos empresarios a creer en estos charlatanes es un peligro para la democracia: la idea de que basta con adaptarse, negociar y sobrevivir. “La erosión democrática -dijo Cayetana Álvarez de Toledo en ese mismo discurso ofrecido en México- es implacable: llega primero al juez, luego al regulador, luego al contrato, al crédito, a la inversión, a la propiedad, y al final a la empresa, a la libertad, al progreso de todos. No hay cuenta de resultados que resista la destrucción del estado de Derecho, no hay salud económica sin salud democrática”.

El peor negocio: perder el país

Es inconcebible que haya empresarios consecuentes con el discurso de estos consultores pródigos en falacias. Que crean que la libertad de expresión no tiene nada que ver con ellos, cuando su defensa es la de un sistema de información sin la cual ningún mercado funciona; que admitan vivir en un país sin seguridad jurídica con tal de que el consumo crezca, cuando la seguridad jurídica (es decir, la independencia de los jueces, la existencia de un sistema en el que sea imposible que el poder político los presione) representa la confianza sin la cual ninguna inversión es posible. “Un empresario que calla ante la destrucción institucional puede ganar tiempo -concluye Cayetana Álvarez- pero pierde el país. Y perder el país es el peor negocio que existe”. De esto, los estrategas de entorno, cuyo negocio está en otra parte, no entienden nada. Ojalá los empresarios dejaran de escucharlos.

Ha impuesto su lógica utilitaria en el debate público y ha terminado por convertir a la política en una actividad no solamente ajena al bien común sino opuesta a él.

Es inconcebible que haya empresarios consecuentes con el discurso de consultores pródigos en falacias. Que crean que la libertad de expresión no tiene nada que ver con ellos.