Taxis accesibles en Quito ponen a la inclusión en debate
Las personas con discapacidad y ediles temen que se trate de una buena idea sin sustento. Hay dudas de su efectividad
Garantizar movilidad a las personas con discapacidad en una ciudad poco accesible es una necesidad indiscutible. Bajo esa premisa, el Concejo Metropolitano de Quito analiza una ordenanza que obligaría a cada cooperativa de taxis a contar con al menos una unidad adaptada para personas con limitaciones físicas permanentes o temporales.
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Sobre el papel, la iniciativa apunta a una urbe más inclusiva. Sin embargo, en la práctica, el debate ha dejado al descubierto vacíos técnicos, dudas de implementación y discrepancias entre la intención y la realidad operativa.
El Código Municipal y la Ley de Discapacidades ya establecen que el transporte público y comercial debe garantizar condiciones para personas con discapacidad. Durante el primer debate, varios concejales cuestionaron si esta nueva ordenanza crea una obligación distinta o si, más bien, vuelve a formular mandatos que ya existen pero no se cumplen.
La edil Cristina López, proponente del proyecto, sostiene que la ordenanza no contradice la normativa vigente, sino que busca hacerla operativa. “Además de que no existen taxis adaptados, también hay discriminación porque no paran los taxis”, afirma, mientras cita los aportes de organizaciones de personas con discapacidad.
Ella defiende que el objetivo es que por primera vez existan unidades realmente adaptadas en todo el Distrito Metropolitano.
¿Cuántas personas con discapacidad viven en Quito?
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de un estudio de demanda. Aunque el Concejo menciona que en Quito residen 30.634 personas con discapacidad física (con corte hasta agosto de 2025), no existe información clara sobre cuántas requieren taxis adaptados, en qué zonas, con qué frecuencia ni en qué horarios.
La solución planteada (una unidad por cada una de las 477 cooperativas) responde más a un criterio administrativo que técnico. López reconoce que la cifra no es precisa e indica que se requerirá una consultoría para establecerlo.
Dudas en el sector del taxismo
El sector del taxismo tiene dudas. Julio Pilamunga, presidente de la cooperativa Real Audiencia, que agrupa a 41 unidades, asegura que no han sido consultados sobre la propuesta. Explica que adaptar un vehículo costaría entre $4.000 y $4.500, por lo que considera que es una inversión difícil de asumir para las cooperativas, cuyos ingresos colectivos apenas alcanzan para cubrir gastos básicos como arriendos, servicios, patentes y mantenimiento.
Pilamunga cuestiona, además, la proporcionalidad de la medida. Para él, exigir una unidad adaptada a cooperativas de 10, 40 o más de 100 vehículos, sin incentivos ni compensaciones económicas, resulta una imposición difícil de sostener. A esto se suma la preocupación sobre la operatividad: un taxi adaptado podría pasar buena parte del día sin servicio, mientras el conductor debe cancelar créditos, combustible, etc.
En la exposición de motivos, el proyecto aclara que la ordenanza no implica un aumento del parque automotor y más bien plantea que los 1.600 registros municipales suspendidos o terminados de taxis podrían ser dados de baja y reutilizados exclusivamente para habilitar vehículos adaptados, sin generar nuevos cupos.
También propone que cada operadora que incorpore un taxi accesible pueda obtener uno de estos registros como incentivo administrativo. Y amplía el alcance de la norma para que no sea solo para discapacidad permanente, sino que incluya a adultos mayores, personas con movilidad reducida temporal, oxígeno-dependientes y pacientes en tratamientos médicos.
Implementación de acuerdo a las normas internacionales
Desde la experiencia de quienes viven con limitaciones físicas, el debate se vuelve más complejo. Elvira Vallejo, terapeuta familiar con discapacidad física, advierte que la accesibilidad no consiste en “subir la silla al taxi, (porque) la persona debe viajar sentada en su propia silla de ruedas; doblarla ya es una forma de exclusión”, indica. Sugiere incorporar una rampa al carro, altura adecuada y sistemas de anclaje, como establecen las normas internacionales.
Vallejo lamenta que se repitan errores ya vistos en la ciudad con infraestructura que existe solo en el papel. A su juicio, una alternativa más eficiente sería crear servicios especializados de transporte accesible, con flotas adecuadas y disponibilidad real, que atiendan no solo a personas con discapacidad, sino también a pacientes que hoy no encuentran ambulancias para traslados médicos.
Gabriela Sosa, comunicadora con paraplejia, reconoce que la ordenanza es un avance, pero advierte que aún es limitada. “Es un poco elitista”, comenta, al analizar que no todos pueden pagar un taxi. Además, señala que la propuesta deja fuera otras discapacidades, como la visual o auditiva, que requieren soluciones distintas, como capacitación de conductores, información en braille o conocimientos básicos de lenguaje de señas.
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