Los sumarios prescritos, las fallas del control disciplinario de la Judicatura

Procesos disciplinarios que prescriben, directores provinciales que recomiendan archivar casos con faltas graves, funcionarios de las propias áreas disciplinarias bajo investigación y denuncias de corrupción. Ese es el panorama que rodea al sistema de control disciplinario del Consejo de la Judicatura.

El control disciplinario es una de las facultades más poderosas que tiene este organismo. A través de estos procesos, la Judicatura puede destituir a jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios judiciales, así como imponer sanciones a abogados en libre ejercicio.

Según el Consejo de la Judicatura, entre enero y el 22 de diciembre de 2025 fueron destituidos 101 funcionarios de la Función Judicial por cometer faltas disciplinarias. Entre ellos constan 45 jueces, seis fiscales, dos defensores públicos y otros.

Dentro de estos procesos, los funcionarios investigados presentan sus pruebas de descargo, y los denunciantes sus evidencias. El procedimiento contempla plazos, etapas y la elaboración de informes motivados para garantizar el debido proceso antes de una resolución.

Vocal pidió que se separe a  un funcionario

No obstante, el sistema disciplinario ha sido cuestionado por su tratamiento discrecional de algunos casos. Esto quedó en evidencia el pasado 24 de febrero, cuando el pleno de la Judicatura destituyó a dos jueces anticorrupción, pese a que la Subdirección de Control Disciplinario había recomendado absolverlos.

Según se expuso en esa sesión, funcionarios de esa dependencia omitieron deliberadamente incluir en su informe varios argumentos de cargo. Ante estos hechos, los vocales decidieron separar al subdirector Christian Berrezueta Pineda, mientras que el vocal Fabián Fabara recomendó en ese pleno que el funcionario no continúe a cargo de procesos disciplinarios mientras es investigado, junto con otros dos funcionarios del área.

Uno de los problemas del sistema es la falta de transparencia. Los procedimientos administrativos disciplinarios no cuentan con una plataforma pública que permita consultar si un funcionario tiene una denuncia o conocer el estado de los expedientes, ya sea que estén en trámite, resueltos o próximos a archivarse.

Para que los casos lleguen al Pleno del Consejo de la Judicatura, la única etapa pública de todo el proceso, primero deben superar las instancias internas de control disciplinario. Esto implica que los expedientes sean tramitados por las direcciones provinciales, que también pueden recomendar su archivo o no impulsarlos hasta que prescriban.

Un ejemplo reciente de estas fallas se detectó en la provincia de Manabí. El 5 de marzo de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso iniciar nuevos sumarios administrativos contra el ex director provincial del organismo, Ronald Giler, y el actual titular de esa dependencia, Jorge Manzo.

La decisión se tomó luego de que se verificó que 17 procesos administrativos disciplinarios abiertos contra tres jueces del Tribunal de Garantías Penales del cantón Chone prescribieron porque no fueron impulsados a tiempo.

Expedientes que se archivan en investigación

Los jueces enfrentaban esos sumarios porque, presuntamente, retrasaron sin justificación la reducción a escrito de sentencias en juicios por delitos graves como tráfico ilícito de drogas, homicidio, robo y abuso sexual.

Según la Judicatura, la prescripción ocurrió porque las autoridades provinciales no iniciaron las acciones correspondientes dentro de los plazos que establece la normativa.

Este no fue el único caso detectado. El 3 de marzo, el Pleno del organismo también ordenó abrir procesos por la prescripción de otros 13 sumarios administrativos que beneficiaron a los mismos jueces.

En total, la Judicatura identificó 30 expedientes disciplinarios que prescribieron en relación con estos tres funcionarios judiciales. Ahora se revisa si hubo actos de corrupción.

• La cifra. 101 funcionarios judiciales fueron destituidos en 2025, entre estos 45 eran jueces y seis fiscales.

• Red. La Judicatura detectó 202 expedientes disciplinares archivados sin el debido proceso en Guayas, tras conocerse el caso Purga.

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