Soterramiento de cables en Quito: entre promesas y deuda pendiente
Cada calle liberada refleja cambios notables en la imagen de los sectores intervenidos
Los caóticos cables aéreos conocidos popularmente como ‘tallarines’, forman parte del paisaje cotidiano de Quito. Su eliminación, mediante el soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones, es uno de los cambios urbanos más celebrados por los residentes. Allí, donde los postes saturados desaparecen, surge un nuevo espacio renovado: menos contaminación visual, más orden y una sensación de modernidad.
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Sin embargo, entre la promesa de convertir a la capital en una ciudad más limpia y el avance del soterramiento, hay una brecha difícil de ignorar.
Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), la actual administración se ha propuesto soterrar 100 kilómetros de cableado hasta 2027. Al momento se registran 47 km soterrados, con la expectativa de alcanzar los 60 km al cierre del año.
Esos números contrastan con la exigencia de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), el ente regulador que otorga al Municipio la autorización para soterrar 75 km anuales y ordenar otros 47 km. En la práctica, la ciudad avanza más lento de lo que exige la normativa nacional.
Entre los sectores ya intervenidos constan las avenidas 6 de Diciembre, Rodrigo de Chávez y el polígono de La Pradera. Mientras que los frentes actuales o planificados incluyen los sectores de Cotocollao, La Mariscal, redondel de Zámbiza (norte), Centro Histórico y Solanda (sur), así como las vías Ajaví, Serapio Japerabi, Cusubamba, El Inca, La Prensa y Alonso de Angulo.
Un trabajo costoso
El soterramiento no es barato. “Estamos hablando de alrededor de $165 mil por kilómetro”, detalla Esmeralda Tipán, de la Epmmop. Sin embargo, los valores pueden ser mucho más altos. La concejala Cristina López lo ejemplifica: en el caso del polígono de La Pradera se soterraron 8 km y el costo de la obra civil fue de $6 millones, más la implementación del retiro de cables y uso de tubos subterráneos, que representó $1 millón.
En total, el costo por kilómetro bordea el millón de dólares, mientras el Municipio lo cotizaba en una cifra menor.
Además, agrega que el negocio de los postes aún es rentable, ya que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) recauda cerca de $3 millones anuales por arrendamiento de los mismos; mientras que el Cabildo cobrará $3,71 por el metro de ducto al año, una vez que las redes estén bajo tierra.
Más allá de la obra, la concejal advierte un problema que salta a la vista: el 60 % de los cables que se observan en los postes están en desuso. Esto porque cuando un usuario cambia de operadora, la empresa deja el alambre viejo colgado y suma uno nuevo. El resultado es la maraña actual.
El urbanista Francisco Jijón explica que este caos tiene efectos que van más allá de lo visual. “Un poste saturado de cables no solo contamina el paisaje urbano, también transmite un mensaje de desorden e improvisación. Esa imagen afecta la percepción de seguridad y de confianza en el espacio público. Una ciudad moderna no puede permitirse semejante desorden a la vista de todos”.
La experiencia ciudadana también muestra contrastes. Danielle Elie, gerente de la panadería Cyrano, recuerda las obras de soterramiento en la avenida Portugal en 2012. “Lo hicieron bastante rápido, en dos semanas. Aprovechamos para renovar nuestros locales porque los clientes no podían acceder, pero hubo buena coordinación con el Municipio. Visualmente la ciudad mejoró muchísimo, sobre todo con la nueva iluminación. El único problema fue el material de las veredas, que hasta hoy sigue levantándose y generando tropiezos”.
Más reciente es el caso de Lorena Páez, propietaria de un estudio de pilates en la calle Alpallana, donde el soterramiento concluyó esta semana. “Al inicio pensé que no iban a terminar la obra, fue un año y medio de trabajos, pero valió la pena. La zona ganó claridad. El parque República Dominicana dejó de estar oscuro. Nunca me faltó internet y el resultado ha sido maravilloso para el barrio”.
Estos relatos muestran cómo el soterramiento puede transformar la fisonomía de un sector, aunque la calidad de las obras y el manejo de detalles, como veredas y la socialización, marquen la diferencia entre satisfacción y frustración.
Un ajuste en la ordenanza
La actual Ordenanza 042, enfocada solo en soterramiento, está en proceso de reforma. El nuevo proyecto, que el Concejo debatirá, amplía el alcance y establece medidas más estrictas, como nuevas licencias urbanísticas anuales, sanciones para operadoras que incumplan y coordinación obligatoria entre Epmmop y EEQ, para aprovechar obras conjuntas de electricidad y telecomunicaciones.
De esa forma, la propuesta de ordenanza amplía la mirada para ya no solo ejecutar el soterramiento, sino también ordenar lo que queda en superficie, obligar a las entidades a coordinar acciones, lo que abre espacio a la inversión privada.
El cambio normativo busca cerrar vacíos que impiden exigir responsabilidades a las empresas de telecomunicaciones, y responde a la queja ciudadana de que “los cables vuelven a aparecer”, después de soterrar.
En sectores periféricos y valles, el problema es aún más grave. La edil comenta que “en algunos lugares los cables sostienen a los postes y no los postes a los cables”. Aunque el plan prioriza centros poblados, la reforma prevé, al menos, ordenar y etiquetar los alambres en las zonas donde el soterramiento no es viable en el corto plazo.
Otro aspecto pendiente es la socialización. López admite que hubo edificios que se quedaron sin internet una semana durante los trabajos, sin aviso previo. Para muchos ciudadanos, esta falta de comunicación genera más malestar que la propia obra.
Desde el lado privado, Telefónica Movistar señala que su responsabilidad en los proyectos de soterramiento es migrar sus redes de fibra óptica a los ductos asignados por el Municipio, para garantizar la continuidad del servicio. Para ello, coordina con el Cabildo y con la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel).
En el proyecto Pradera 2, por ejemplo, Movistar invirtió casi $100 mil en la instalación de 33 mil metros de fibra óptica y la reconexión de clientes empresariales. El desafío técnico, asegura, radica en que el servicio no se interrumpa durante la migración. Sin embargo, la Epmmop reconoce que, en algunos casos, sí se produjeron desconexiones y retrasos por falta de coordinación, lo que muestra la distancia entre la posición empresarial y la experiencia en obra.
Actualmente el soterramiento de cables en la ciudad es, al mismo tiempo, un avance y una deuda. Los 47 km ejecutados hasta la fecha muestran el esfuerzo hecho, el cual es insuficiente frente a las metas que impone la Arcotel y la magnitud del problema.
La ciudadanía celebra cada calle liberada de cables, pero exige rapidez e información. Jijón resume el reto: “Si Quito logra avanzar en el soterramiento y ordenamiento de cables, enviará un mensaje de modernidad y respeto por el espacio público. Sería una señal de que la ciudad empieza a ordenar su casa para proyectarse con otra imagen”.
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