Quito

Cumbayá PUGS
El proyecto para levantar una estación de transferencia en Cumbayá todavía no se concreta.Foto: Matthew Herrera

Reforma urbanística aviva la tensión por obra en Cumbayá

Una ordenanza enfrenta varios cuestionamientos por presuntas excepciones legales

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó, en segundo debate, una ordenanza que regula el funcionamiento de los planes parciales, un instrumento de planificación urbana contemplado dentro del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). 

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Sin embargo, la decisión encendió una fuerte controversia política y social, especialmente por sus posibles efectos en proyectos inmobiliarios en Cumbayá, valle nororiental de la capital.

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Desde la Comisión de Uso de Suelo, su presidente, Adrián Ibarra, rechazó que se trate de una reforma al PUGS o que la ordenanza beneficie a grandes constructoras. 

Aseguró que se trata de una normativa que nace de una disposición transitoria incluida en el mismo plan aprobado en 2021 y que su objetivo sería agilizar los procedimientos administrativos para la aprobación de planes parciales en todo el Distrito Metropolitano de Quito. 

Según explicó, la ordenanza busca reducir tiempos y trámites para cualquier proyecto que cumpla la normativa vigente, sin direccionarse a sectores o iniciativas específicas.

Ibarra dijo que la normativa se aplica principalmente a predios de más de cinco hectáreas, con algunas consideraciones para terrenos mayores a 5.000 metros cuadrados, lo que -según su versión- limita su impacto en zonas como el valle de Tumbaco, donde existen pocos predios con esas características. 

Además, subrayó que los planes parciales son herramientas técnicas que permiten al municipio definir de manera integral la localización de vías, áreas verdes, equipamientos y zonas de desarrollo, citando como ejemplos las regulaciones definidas para Tababela y Calderón.

Cuestionamientos del Concejo y la sociedad civil

No obstante, el foco de la polémica se concentró en el denominado proyecto residencial, ubicado en Cumbayá. Concejales de oposición y organizaciones ciudadanas sostienen que la ordenanza incluye disposiciones hechas “a la carta” para favorecer a un plan inmobiliario

El concejal Andrés Campaña, quien votó en contra, cuestionó la inclusión de una disposición reformatoria -la decimosegunda- que, a su criterio, no guarda relación con el objeto general de la ordenanza y que establece criterios específicos para declarar un predio como de uso múltiple.

Campaña advirtió que esta disposición permitiría que un lote ubicado entre dos vías y con más de un uso de suelo sea declarado íntegramente como uso múltiple, lo que amplía de forma significativa las posibilidades de construcción. 

En la av. de la Prensa, entre Bellavista, Unión y Progreso y Lizardo, no cuentan con permisos. Evitan hablar acerca de su situación.

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Señaló que esta excepción contraviene el marco legal, ya que el uso de suelo solo puede definirse a través del PUGS, y no mediante ordenanzas complementarias. A su juicio, el único predio que cumple esas condiciones es el del proyecto Botánico, lo que refuerza la sospecha de un beneficio dirigido.

Desde la sociedad civil, Ricardo Buitrón, del Cabildo Cívico de Quito, fue aún más crítico. Sostuvo que dicho proyecto se levantó en una zona de alto riesgo y protección ecológica, y que el cambio de uso de suelo, que permitió su desarrollo, ya fue observado por la Contraloría. 

Recordó que dicha modificación se aprobó con la condición de la construcción de una estación de transferencia de buses para Cumbayá, compromiso que, pese al paso de los años, no se ha cumplido.

Buitrón cuestionó que ahora se intente modificar nuevamente la normativa para permitir otros usos, como espacios comerciales o parques “disfrazados” de equipamiento urbano, evitando así la inversión de más de dos millones de dólares en la estación de transferencia. 

A su criterio, esto representa un grave perjuicio para la ciudad y evidencia una gestión urbana con reglas flexibles para ciertos intereses privados. 

Frente a estas críticas, Ibarra aseguró que la obligación de construir la estación de transferencia sigue vigente, al igual que el pago de cerca de 1,8 millones de dólares por parte de la constructora. 

Indicó que la Secretaría de Movilidad analiza alternativas de ubicación que no afecten quebradas ni zonas protegidas, y que en el primer trimestre del próximo año se definirá el sitio adecuado.

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