Quito

protesta por cobros excesivos por obras
Moradores de La Pulida protestaron contra cobros excesivos en agosto del 2025. Ahora el Concejo aprobó una reforma para pagos más justos.ARCHIVO

Reforma clave en Quito: obras públicas ya no las pagarán solo los vecinos

Concejo Metropolitano aprueba reforma para un cobro más equitativo y justo por obras de presupuestos participativos

Este lunes 22 de diciembre de 2025, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), una iniciativa del alcalde Pabel Muñoz que busca redistribuir de manera más justa el costo de las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos. La ordenanza fue aprobada con 14 votos y entrará en vigencia a partir de 2026.

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El nuevo modelo reemplaza el esquema tradicional, en el que el pago recaía casi exclusivamente sobre los propietarios de los predios ubicados frente a las obras —conocidos como “frentistas”—, por un sistema de distribución proporcional que considera a todos los beneficiarios directos e indirectos de la intervención.

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Un nuevo modelo de cobro según el impacto de la obra

Con la reforma, el financiamiento de las obras se definirá de acuerdo con su alcance territorial. El cobro se dividirá en cuatro niveles: local, parroquial, zonal o distrital, lo que permitirá que el costo se distribuya entre quienes realmente se benefician de la infraestructura ejecutada.

El alcalde Pabel Muñoz explicó que esta modificación responde a un principio de equidad tributaria largamente postergado. “Es inconcebible que no se haya planteado antes esta pregunta por un tema de equidad. Las obras de presupuestos participativos deben entenderse como un esfuerzo metropolitano para corregir desigualdades territoriales; por lo tanto, no pueden cargarse solo a los frentistas, sino a la comunidad entera que se beneficia de ellas”, afirmó.

Más plazos de pago y enfoque en la ruralidad

La reforma también introduce cambios en los plazos de pago, tomando en cuenta la capacidad económica de los barrios y la deuda histórica con las parroquias rurales. La concejala y vicealcaldesa, Fernanda Racines, destacó que el nuevo esquema permitirá pagos más justos y sostenibles.

“No es posible que un barrio que recibe una obra después de 40 años tenga que pagarla en solo cinco. Ahora el plazo se amplía hasta 20 años y la pagaremos todos los beneficiarios bajo el principio de solidaridad. Es injusto que gestiones anteriores solo pensaran en la parte urbana y olvidaran la ruralidad, que es la que nos da de comer y nos provee de agua”, señaló.

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Menor impacto económico para las familias

Uno de los principales beneficios del nuevo sistema es la reducción significativa del monto individual a pagar. Bajo el esquema anterior, un ciudadano podía enfrentar cobros de hasta $ 500 por la rehabilitación de una vía. Con la nueva distribución solidaria, ese valor podría reducirse incluso a $ 1, al dividirse el costo entre el universo real de usuarios de la obra.

La normativa reformada se aplicará a las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos a partir de 2026. Con esta medida, el Municipio de Quito busca garantizar que el desarrollo de la infraestructura urbana y rural no comprometa la estabilidad económica de las familias, promoviendo una corresponsabilidad ciudadana más justa, equitativa y solidaria.

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