Municipio de Quito suma críticas por contrataciones con organismos internacionales
Convenios con Unops y Pnud exponen posibles vacíos legales y elusión del régimen de contratación pública
Cuatro procesos de contratación impulsados por el Municipio de Quito han encendido alertas políticas, técnicas y legales, al punto de activar exámenes de la Contraloría General del Estado y seguimientos de la Fiscalía.
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El denominador común en todos los casos es el uso de convenios con agencias del sistema de Naciones Unidas -principalmente la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-, un mecanismo que, aunque legal, hoy es cuestionado por presuntamente haberse utilizado para evadir los controles del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Las observaciones no son menores. En al menos uno de los contratos, la Contraloría ya ha establecido responsabilidades administrativas y civiles, una glosa millonaria e indicios de responsabilidad penal. Otros procesos siguen bajo examen especial, mientras concejales sostienen que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático.
Las primeras alertas se encendieron en abril de 2025, cuando cinco concejales -Michael Aulestia, Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Cristina López y Andrés Campaña- denunciaron irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos para el sistema municipal de transporte. El contrato, ejecutado a través de UNOPS, tuvo un costo aproximado de 35 millones de dólares.
Según explicó el concejal Andrés Campaña, el Municipio justificó el uso del convenio alegando un supuesto financiamiento internacional, figura que habilita excepciones al régimen ordinario de contratación. Sin embargo, los montos revelan una desproporción significativa: mientras el Municipio aportó casi la totalidad de los recursos, UNOPS contribuyó con apenas 50.000 dólares, pero cobró una comisión de 2,5 millones de dólares por la gestión del proceso, detalló el edil.
“Resulta insostenible hablar de financiamiento internacional cuando el Municipio pone 35 millones y el organismo apenas 50.000 dólares, pero luego cobra millones en comisiones”, cuestionó Campaña.
A este esquema se sumó otro elemento polémico: la confidencialidad de los contratos, que limitó incluso el acceso del propio Municipio a la documentación. Según los ediles, se configuró una triangulación contractual en la que UNOPS actuó como comprador, la empresa china Yutong como vendedora y el Municipio como beneficiario final, sin participación contractual directa.
Informe de la Contraloría
En diciembre de 2025, la Contraloría fue contundente. Su informe concluyó que existió evasión del Sistema Nacional de Contratación Pública, un pago ilegal de comisiones, una glosa por 2,5 millones de dólares, sanciones administrativas e indicios de peculado.
La Empresa de Pasajeros de Quito rechazó el informe y aseguró que el proceso se realizó conforme a la Constitución, la ley y los convenios internacionales, argumentando que las conclusiones carecen de sustento técnico y legal.
Otro caso: compra de camiones recolectores de basura
El segundo caso, considerado incluso más grave por los concejales, involucra la compra de camiones recolectores de basura por 5 millones de dólares, también mediante un convenio con el PNUD. A diferencia del caso de los trolebuses, aquí no existió ningún aporte financiero del organismo internacional. Aun así, el PNUD cobró una comisión cercana al 5% del contrato, unos 250.000 dólares, detalló Campaña.
Los seis camiones empezaron a operar a finales de 2024, pero en menos de siete meses todos quedaron fuera de servicio. Una pericia técnica realizada por la Escuela Politécnica Nacional, solicitada por EMASEO y el propio PNUD, concluyó que los vehículos no eran aptos para operar. Ante la falta de respuestas, Campaña solicitó un nuevo examen especial. La Contraloría inició la acción de control y su informe aún está pendiente.
Para los ediles, los contratos de los trolebuses y los camiones no son hechos aislados. Otros dos procesos -el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y los sistemas inteligentes de tránsito- replican el mismo modelo: aportes internacionales mínimos (entre 15.000 y 100.000 dólares), inversiones municipales millonarias, comisiones cercanas al 4% y restricciones de acceso a la información.
“El eje de movilidad completo está atado a este esquema opaco”, sostuvo el concejal Wilson Merino. “No es casualidad: hay retrasos, compras de mala calidad y perjuicios económicos verificables”.
El SIR, anunciado inicialmente para operar en 2024, ha sido postergado al menos cuatro veces. El alcalde Pabel Muñoz aseguró que el sistema entrará en funcionamiento en abril de este año.
El experto en gobernanza local Jaime Morán reconoce que la ley permite convenios con organismos multilaterales, pero advierte que el problema surge cuando los recursos son íntegramente municipales. “Cuando el dinero es del GAD, debe aplicarse el Sistema Nacional de Contratación Pública. Usar organismos internacionales como intermediarios puede interpretarse como una forma de eludir el régimen ordinario”, señaló.
Añadió que estas agencias no responden ante la Contraloría ecuatoriana, lo que puede diluir responsabilidades.
Se actúo conforme a la Constitución
El alcalde Muñoz ha defendido públicamente los contratos, asegurando que se ejecutaron conforme a la Constitución, la ley y los convenios internacionales.
Recordó que las agencias de la ONU operan en Ecuador desde hace más de cinco décadas y citó como antecedente la compra de ambulancias durante el gobierno de Guillermo Lasso bajo un mecanismo similar. “Cuando se compran ambulancias sí vale, pero cuando compramos trolebuses no”, afirmó.
Por su parte, UNOPS aseguró que la adquisición de los trolebuses cumplió con las normas de Naciones Unidas y superó los estándares técnicos nacionales.
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