Pese a que la corriente política a la que representa no ve a la concesión de obras como una opción, el ahora alcalde de Quito, Pabel Muñoz, plantea esto como una de las alternativas para la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, arterias viales principales que conectan los extremos de la ciudad.

Este planteamiento surge con la finalidad de mejorar la seguridad vial y disminuir el rango de accidentes de tránsito, pero aún se deberá poner a consideración del pleno del Concejo Metropolitano para determinar si a través de esto es posible mejorar la infraestructura de estas vías y de paso si se ejecutará la ampliación de la Ruta Viva.

En declaraciones pasadas, el burgomaestre dijo que en el caso de la Simón Bolívar existen varios tramos en sectores del sur, donde el mantenimiento es escaso, los accesos están completamente dañados y la falta de alumbrado público y el mal estado de la calzada son notorios.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) es la encargada de su mantenimiento, de vigilar que exista la señalética horizontal y vertical debida, del buen estado de la calzada y demás elementos que garanticen la segura circulación vehicular.

En lo que va del 2023 ejecutaron un presupuesto de USD 2.4 millones para bacheo, reparación de zanjas, sello de fisuras y adoquinado. En la Simón Bolívar se hicieron 500 reparaciones, según información de la entidad y en la Ruta Viva se cubrieron 350 baches. Sobre la señalización vertical también se aclaró que se ejecutaron USD 2’091.000 dólares.

Pero tras realizar un recorrido en estas grandes avenidas la realidad es otra y existen deficiencias que podrían poner en jaque a la seguridad vial, como el casi nulo control de la velocidad, la falta de iluminación, la presencia de huecos que aparecen inesperadamente y permanecen en ese estado por largos períodos y la nula señalización horizontal y vertical.

Según las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), a la fecha se contabilizan 1.346 siniestros y 93 fallecidos. De esto, 121 accidentes se reportaron en la Simón Bolívar. Ahí también murieron 10 personas. En la Ruta Viva no mejora el panorama. Ya suman 31 siniestros y cinco vidas menos.

Wladimir Taco, coordinador general de ingeniería de Tránsito de la AMT, ratifica que estas vías tienen una serie de falencias, nominando a la impericia del ser humano y a su falta de cultura como el principal para el cometimiento de choques, decesos y presencia de heridos.

Asimismo, aclara que ambas calles tienen diferentes comportamientos por las que se registran eventos lamentables. En orden de prioridades indica que ambas comparten en el primer lugar el exceso de velocidad, seguido de las condiciones climáticas, pero en la tercera causa difieren.

“En la Simón Bolívar está el no mantener distancia con el vehículo de adelante, provocando choques al menor movimiento brusco, pero en la Ruta Viva se sitúa como tercera causa el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias, ya que de jueves a sábado la gente baja a Cumbayá a la vida nocturna y a su regreso se reportan los accidentes de tránsito”.

Para César Arias, consultor en Movilidad, la idea de concesionar estas dos vías no es mala, principalmente porque no existen fondos municipales suficientes para darle el debido mantenimiento, pero siempre y cuando los términos en los que esto se plantee sean los adecuados. “La concesionaria debe garantizar que el pavimento siempre estará en buen estado, así como las normas de señalización y semaforización. El auxilio a vehículos debe ser otra garantía y también los elementos de seguridad vial donde se contemplen obras de infraestructura. En la Simón Bolívar, por ejemplo, no hay sitios de retorno que deben ser a desnivel. Y también ver el costo que se cobrará al usuario por este servicio. Este rubro se determinará a partir de un estudio técnico de la disposición del ciudadano para pagar por un peaje y también considerar si el Municipio podrá subsidiar una parte, siempre y cuando haya una fuente segura de dónde sacar para pagar. Se debe dar sostenibilidad”, dijo.

En cambio, Brick Reyes, docente y experto en impactos ambientales, dice que esta idea evidencia la incapacidad del Cabildo para hacerse cargo de las vías y solo perjudicaría más a los capitalinos por el pago de un nuevo rubro. “No creo que sea la mejor opción para una sociedad que se está recuperando y levantando económicamente de una pandemia. Se debería realizar un estudio de factibilidad técnica frente a los impactos que se podrán generar en la comunidad”, acotó.