
Ministra Núñez en firma de alianza con gremio habla de obras que darán trabajo
El Ministerio de Trabajo y Cámara de Construcción Guayaquil firmaron una alianza
En un acto que congregó a autoridades, empresarios y representantes gremiales, el Ministerio de Trabajo y la Cámara de la Construcción de Guayaquil suscribieron un convenio de capacitación continua, orientado a fortalecer las competencias técnicas y legales de todos los actores del sector. El objetivo es claro: elevar el perfil profesional, ampliar las oportunidades laborales y fomentar la generación de empleo, en línea con la Ley Orgánica de las Juventudes y la Ley para impulsar la economía violeta.
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El presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Otton Lara, explicó que el acuerdo, trabajado durante meses, busca brindar capacitación no solo a ingenieros y arquitectos, sino también a todos los actores que intervienen en las obras, con el respaldo de una certificación oficial emitida por el Ministerio. “La capacitación la venimos haciendo desde hace años, pero hacía falta el reconocimiento formal de esos conocimientos”, señaló.
El dirigente destacó que la construcción es uno de los principales dinamizadores de la economía ecuatoriana y que su peso en el empleo y la inversión exige un alto nivel de responsabilidad. Sin embargo, advirtió que el sector enfrenta problemas serios de inseguridad, incluyendo extorsiones, que encarecen los proyectos y ponen en riesgo a trabajadores y empresarios.
Sobre el clima político y las recientes decisiones de la Corte Constitucional, Lara evitó pronunciarse sobre casos específicos, pero recalcó que el gremio respalda toda medida que garantice trabajo, seguridad y estabilidad. “No trabajamos ni a favor ni en contra del gobierno, pero sí buscamos aportar de manera técnica a las políticas públicas”, indicó.
En cuanto a la situación del sector, reconoció que la actividad todavía no recupera los niveles alcanzados hace una década, aunque existe optimismo por la apertura del Ejecutivo hacia los gremios y las oportunidades de financiamiento para proyectos y vivienda. Lara adelantó que en la próxima feria del sector se presentarán incentivos y facilidades de crédito para impulsar la compra de vivienda y la generación de empleo.
Obras para dar trabajo en el sector de construcción
El encuentro también sirvió de espacio para un diálogo abierto sobre temas laborales y coyuntura nacional. La ministra abordó su postura frente al papel de la Corte Constitucional, la inseguridad y el impacto del conflicto interno en el sector, así como las proyecciones de inversión pública anunciadas por el Ejecutivo: obras emblemáticas como la nueva torre oncológica de Solca y el Museo Nacional en Quito, que generarán miles de empleos directos e indirectos.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, adelantó que se trabaja en la actualización del reglamento de seguridad industrial para la construcción, vigente desde el gobierno de León Febres Cordero, con el objetivo de adaptarlo a nuevas modalidades de trabajo y reforzar la protección de la salud y la seguridad de los obreros.
Respecto al contrato por hora, la autoridad explicó que ya existe en el Código del Trabajo la modalidad de obra cierta para la construcción, mientras que la propuesta que impulsa el Ejecutivo busca beneficiar al sector turístico, proyectando la creación de 30.000 empleos y garantizando afiliación al IESS, pago de beneficios y registro formal.
El nuevo reglamento ministerial, que se emitirá en los próximos días, se construye de la mano con el gremio para adaptar la normativa a las modalidades laborales actuales y reforzar la seguridad industrial. Entre las novedades está la incorporación de fedatarios de la Cámara para inspecciones, que recibirán certificación oficial del Ministerio de Trabajo en un plazo de 60 días.
En paralelo, el Ministerio emitirá el nuevo reglamento de acoso laboral en el sector público, que define procedimientos de denuncia, requisitos probatorios y garantías del debido proceso para ambas partes.
Los despidos en el sector público
La ministra de Trabajo informó que, hasta la fecha, se han registrado 1.167 desvinculaciones en el sector público por supresión de puestos con nombramientos definitivos, conforme al artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOC). Estas cifras corresponden únicamente a procesos en los que el Ministerio emite resolución, ya que los despidos por contratos ocasionales o nombramientos provisionales son manejados directamente por cada institución.
En el caso de Petroecuador, el ministerio registró menos de 400 despidos bajo esta modalidad. La ministra recordó que, por ley, los cargos suprimidos no pueden ser reocupados sino hasta dos años después. En su propia cartera, 102 funcionarios fueron desvinculados, con un desembolso de USD 240.000 en indemnizaciones.
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