Isla Mocolí: crimen expone la fragilidad de La Puntilla ante los 'narcovecinos'

De nada sirvieron los dos filtros de seguridad ni la promesa de vivir en un refugio blindado. La noche del miércoles 7 de enero, en Isla Mocolí, la irrupción de un comando armado impuso su propia ley y desbarató, a tiros, la burbuja de tranquilidad de La Puntilla.

Una balacera en una cancha, normal en Durán, no en La Puntilla 

Según los informes preliminares de la Policía, entre 15 y 18 sujetos (vestidos con uniformes similares a los de la fuerza pública) sortearon las garitas y entraron a la etapa Mocolí Golf Club. Allí acribillaron a tres hombres que jugaban índor, objetivos específicos del ataque: Jefferson Sanlon Olivero (33), Richard Mina Vergara (29) y Stalin Olivero Vargas (40), alias Marino.

Fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien ratificó la categoría de “objetivos de alto valor” de las víctimas. El ministro aseguró que la justicia le seguía la pista a Olivero Vargas, pero sus enemigos lo encontraron primero, en una urbanización exclusiva.

Lo que en zonas como Durán o Nueva Prosperina es un titular frecuente, en Samborondón resultó un episodio surrealista. Tras el hecho quedó el miedo flotando en el aire y una certeza incómoda entre los moradores: el crimen organizado duerme a pocas casas de distancia y tiene las llaves de la garita.

¿Por qué fallan los filtros de seguridad en Samborondón?

Luis, un residente de Mocolí que solicitó el anonimato, denuncia que el pánico está justificado porque el primer filtro es cosmético. “La seguridad en la primera garita, antes de subir al puente, no sirve absolutamente de nada. Solo dices a qué ciudadela vas, pero no revisan vehículos ni toman datos”, critica. El morador lamenta que no se realicen reuniones específicas de seguridad, pese a que “estos crímenes se están volviendo habituales”.

¿Pero cómo se blinda una comunidad cuando el enemigo tiene llaves de acceso? Sofía Vinueza, presidenta del directorio de la urbanización Las Riberas, pone el dedo en la llaga legal: las administraciones están atadas de manos.

¿Pueden las urbanizaciones vetar a inquilinos sospechosos?

“Debemos ser muy claros: no existe actualmente un marco legal que faculte a una urbanización a analizar, aprobar o rechazar el perfil penal de un arrendatario”. El derecho a la propiedad privada y al libre alquiler pesa más que la sospecha vecinal.

Vinueza detalla que, muchas veces, los contratos de arriendo se cierran sin conocimiento de la administración, que se entera solo cuando el nuevo inquilino solicita los ‘tags’ de acceso. Aunque en Las Riberas han implementado registros biométricos para elevar la trazabilidad (y descarta conocer casos similares en su ciudadela), la dirigente reconoce una realidad de mercado: “Los altos valores que algunos perfiles de riesgo están dispuestos a pagar generan incentivos económicos difíciles de controlar” para propietarios que priorizan la renta sobre la seguridad colectiva.

Testaferros y 'burros pie'

Byron Sanmiguel, experto en seguridad y exrepresentante barrial en La Puntilla, señala que el narcotráfico ha perfeccionado su camuflaje legal mediante testaferros. “Generalmente, estos narcodelincuentes no compran las propiedades directamente. Lo hacen a través de terceras personas, los llamados ‘burropiés’, ciudadanos sin antecedentes penales a quienes no se les puede negar la compra”, detalla.

Para Sanmiguel, el problema escala cuando se compara la fuerza de fuego. Mientras las urbanizaciones debaten reglamentos internos que no pueden ir contra la Constitución, los grupos criminales realizan inteligencia previa. “Si pones 10 guardias en la garita, ellos vienen con 20 y con fusiles. Es muy difícil controlar eso con seguridad privada”, sentencia.

Fernando Huamán, expresidente de la ciudadela La Puntilla, advierte que la tecnología es inútil sin comunidad. Más allá de los blindajes físicos, enfatiza que “ningún sistema es infalible si no existe la reserva y participación activa de los residentes para detectar entornos inusuales”, señalando que la disciplina vecinal (con normas como no compartir códigos QR con desconocidos) es el verdadero cerco.

¿Es suficiente la seguridad que hay ante el crimen organizado?

Para el experto Jairo Mancero, existe un problema de fondo en el modelo de gestión: “La seguridad es más comercial que técnica. Las empresas de seguridad bailan al son que les toquen, es decir, al precio que el cliente esté dispuesto a pagar. Por eso, muchas veces no existe personal con formación adecuada ni medios suficientes”.

Desde una perspectiva sociológica, el analista Daniel Pontón advierte que lo que ocurre en Samborondón es un síntoma de una patología mayor, comparable con el Medellín de los años 80. “El crimen organizado busca mimetizarse para mejorar su estatus y movilidad social. Se camuflan en retóricas legales, pero en el fondo existe una gran hipocresía social: el dinero del narcotráfico compra aceptación”, argumenta.

Pontón sugiere que, aunque legalmente es complejo, las urbanizaciones privadas deberían endurecer sus protocolos de admisión, aunque reconoce que es un terreno pantanoso que roza la discriminación.

El jefe policial distrital, Edmundo Egas, confirma que apenas hay 20 policías por turno para el sector y que este número se reduce con consignas fijas, como custodias y arrestos domiciliarios. Aunque coordinan con las garitas, la operatividad es crítica: su flota de vehículos funciona al 60 %. “Son carros que ya han cumplido su vida útil. Tenemos que tener mucho cuidado porque se dañan fácilmente”, admite el oficial.

Una confesión que revela la disparidad: puertas adentro, el blindaje sigue siendo un privilegio de quien puede pagarlo.

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