Ley de gasto de los GAD: ¿Qué servicios estarían en riesgo en Quito?
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea debate la ley de eficiencia en el gasto de los GAD
El debate enla Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea sobre la ley urgente de eficiencia en el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sigue generando cuestionamientos de autoridades locales.
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El informe para primer debate fue aprobado el 12 de febrero de 2026 en la comisión y ahora deberá ser tratado en el pleno de la Asamblea.
El proyecto enviado por el Ejecutivo plantea incorporar “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto, orientadas a preservar la disponibilidad presupuestaria para inversión, mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias”.
En concreto, propone que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto de inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, dejando un 30 % para gasto corriente.
Alertas sobre el impacto en servicios sociales
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que esta reforma podría dejar sin financiamiento programas municipales en áreas como la salud mental, comedores comunitarios, centros de atención integral, servicios de salud, bienestar animal y programas de rescate, esterilización y adopción de mascotas.
Además, señaló que proyectos estratégicos como hospitales, escuelas y la ampliación del Metro de Quito podrían quedar paralizados al excluir del concepto de inversión los estudios técnicos necesarios.
Según Muñoz, la ley no solo pondría en riesgo servicios sociales esenciales, sino que también obligaría a despedir a alrededor de 5.000 funcionarios municipales para cumplir con las nuevas reglas de gasto. “Lo que hay detrás es reducir el gasto en personal y limitar la capacidad de los municipios de prestar servicios”, aseguró.
Para Diego Martínez, asesor de Muñoz, el proyecto tiene serios problemas de enfoque económico y legal, ya que contraviene normas existentes sobre inversión pública y la autonomía de los GAD. También criticó la denominación de la ley como “urgente”, considerando que su aplicación se plantea para 2027, un año de transición de autoridades locales. “No hay nada urgente aquí”, enfatizó.
Críticas a la “regla de gasto prioritario”
El proyecto establece una “regla de gasto prioritario”, que solo consideraría ciertos rubros de inversión como prioritarios, dejando fuera elementos esenciales como estudios técnicos y personal especializado para proyectos de infraestructura. Esto, según las autoridades locales, podría paralizar obras y afectar directamente servicios públicos como transporte, educación y salud.
“Si no es posible considerar un gasto prioritario para choferes que manejan la Ecovía o los troles, ¿cómo vamos a garantizar el transporte público?”, cuestionó Martínez.
Además, advirtió que la norma podría abrir la puerta a la privatización de servicios que hasta ahora prestan los municipios, al restringir tanto el gasto corriente como la inversión en programas sociales y culturales.
“Si el Gobierno no garantiza estos servicios y al mismo tiempo se impide que los municipios los proporcionen, la pregunta inevitable es: ¿quién atenderá entonces las necesidades sociales de la población?”, enfatizó.
Riesgos legales y económicos
Martínez también alertó sobre problemas de constitucionalidad. La priorización de gastos, según el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Constitución, debe realizarla cada autoridad electa según las necesidades de su territorio. La ley propuesta impondría un clasificador presupuestario por encima de los planes de gobierno locales, vulnerando la autonomía de los GAD.
Asimismo, cuestiona que, si la inversión que el Gobierno considera prioritaria es realmente tan importante, "¿por qué no se aplica la regla a sí mismo y empieza con el ejemplo?. Es una incoherencia, es una locura en todos los sentidos: legal, constitucional y, sobre todo, por las graves consecuencias que tendrá para la población".
Para Martínez, el verdadero objetivo del proyecto es afianzar la consolidación fiscal que el Gobierno busca implementar, entendida como un ajuste fiscal, y reducir el gasto en personal. “Este es el gran objetivo: tras los despidos en el gobierno central, ahora se preparan recortes en los gobiernos locales”, advierte.
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