Grietas y polvo: crisis en Pifo por explotación pétrea deja a 200 afectados
Moradores de Sigsipamba, en Pifo, denuncian que la explotación de material pétreo han provocado grietas en 200 viviendas
La indignación crece en Sigsipamba, comunidad ubicada en la parroquia Pifo, donde sus moradores decidieron romper el silencio frente a lo que consideran más de tres décadas de evasivas y promesas incumplidas por parte de una empresa dedicada a la explotación de material pétreo en la zona.
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Daños estructurales en viviendas por voladuras en Pifo
Según los habitantes, la actividad extractiva (que se desarrolla desde aproximadamente 1993) ha dejado una huella profunda en el entorno natural, en las viviendas y en la tranquilidad de la comunidad. Las grietas en paredes, los daños estructurales y el deterioro ambiental no son, dicen, percepciones aisladas, sino una realidad que se agrava con el paso de los años.
En un recorrido realizado por EXPRESO junto a los vecinos, se constató la presencia de fisuras en losas y muros de tiendas y viviendas, así como reparaciones provisionales que no habrían resuelto el problema de fondo. “El principal problema aquí son las voladuras con dinamita”, explica Neptalí Bohórquez, presidente de la comuna de Sigsipamba.
Según detalla, se realizan detonaciones diarias para fracturar la roca y extraer el material, lo que genera vibraciones que, a su juicio, afectan directamente las casas. Detalla que estas voladuras son informadas a través de un chat, pero estos sonidos generan malestar y afectaciones.
De acuerdo con la dirigencia barrial, al menos 200 de las 370 casas del sector presentan algún tipo de afectación estructural. Las losas cuarteadas y la humedad derivada de las fisuras obligan a muchos propietarios a invertir recursos propios en impermeabilizaciones y refuerzos que, aseguran, no resisten más de un año. “No pedimos que tumben las casas, pedimos que reparen de manera técnica y definitiva, no con parches”, enfatiza Bohórquez.
Los moradores cuestionan además la forma en que se han ejecutado los trabajos ofrecidos por la empresa. Relatan que, tras varias reuniones, se anunció la intervención inicial en diez viviendas. Sin embargo, solo nueve fueron atendidas y, según denuncian, mediante arreglos superficiales. La inversión reportada por la compañía, agregan, no coincidiría con los costos estimados por la comunidad.
Estela Guachamín
El malestar no se limita al ámbito habitacional. La escuela del sector y la casa comunal (espacios claves para la convivencia y la formación de niños y jóvenes) también presentarían daños. Para los vecinos, cualquier afectación en estas infraestructuras representa una amenaza directa al bienestar colectivo.
A ello se suma la transformación del paisaje. Donde antes existía una montaña boscosa y senderos de herradura, hoy se observa un gran cráter y el tránsito constante de volquetas. “Era una zona de paz y tranquilidad. Ahora el polvo en época seca es insoportable”, comenta Verónica Andrango. La moradora señala que el domicilio de su madre, construido en 2019 con asesoría profesional, ya presenta grietas en columnas y habitaciones. “Ver cómo se deteriora nuestra casa es un suplicio”, afirma.
José Muñoz, otro habitante, asegura que ha debido reparar su inmueble en al menos tres ocasiones, debido a afectaciones atribuidas a las explosiones. Según relatan varios vecinos, una detonación reciente provocó la caída de piedras, las cuales rompieron vidrios de vehículos y afectaron incluso un bus escolar.
Mesa de diálogo sin acuerdo en Sigsipamba
En el ámbito sanitario, la comunidad manifiesta preocupación por posibles problemas respiratorios asociados al polvo y a las vibraciones constantes. Los moradores exigen estudios técnicos independientes que determinen con claridad el nivel de afectación ambiental y de salud. Asimismo, plantean la creación y equipamiento de un centro de salud comunitario como parte de las compensaciones sociales.
Desde el Gobierno Parroquial, su presidente, Carlos Olmedo, reconoce que existe un conflicto entre la empresa privada y el barrio. Explica que la Junta ha actuado como mediadora y que en reuniones recientes se alcanzaron acuerdos preliminares en torno a aportes económicos para obra social, oportunidades laborales para habitantes del sector, notificación previa de detonaciones y la revisión de los daños en viviendas.
Olmedo precisa que la empresa habría manifestado su disposición a asumir responsabilidades, si se comprueba técnicamente que los daños son consecuencia directa de la actividad extractiva.
También señala que representantes municipales verificaron que la compañía cumple con los parámetros legales para operar. No obstante, admite que uno de los puntos más sensibles (la reparación integral de las viviendas) aún está pendiente de definición.
Neptalí Bohórquez
La falta de resultados concretos ha erosionado la confianza de los moradores. Tras años de gestiones, inspecciones y ofrecimientos que no se materializan, la comunidad realizó un plantón para exigir respuestas. Aunque hubo una mesa de diálogo el viernes 13 de febrero, menciona que no se llegó a un acuerdo con respecto al arreglo de las casas.
Para Sigsipamba, el conflicto no es solo una disputa contractual, sino una cuestión de dignidad y de derecho a vivir en un entorno seguro. “No queremos discursos, queremos hechos”, resume uno de los dirigentes. Mientras la maquinaria continúa operando frente a sus domicilios, la comunidad espera que el próximo encuentro marque un punto de inflexión en una historia que, aseguran, lleva más de 30 años sin resolverse.
