Editorial | Reforma peligrosa
Reformar la ley de los GADS no debería debilitar a quienes sostienen, día a día, la atención de los sectores más vulnerables
La anunciada reforma al COOTAD vuelve a evidenciar una peligrosa desconexión entre la lógica tecnocrática del poder central y la realidad de los territorios. Bajo el argumento de “ordenar” las finanzas públicas, no se puede obligar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a destinar el 70 % de sus recursos a inversión, mientras limita el gasto corriente -incluidos salarios- al 30 %. En el papel suena eficiente, en la práctica, amenaza con desmontar servicios esenciales.
En ciudades como Guayaquil y Quito habría un alto impacto: profesionales de la salud municipal quedarían sin financiamiento. Y no es una cifra abstracta; significa menos médicos, menos atención preventiva y menos respuesta frente a problemas de salud mental o enfermedades crónicas. A ello se suma el riesgo de cerrar centros de atención primaria y comedores comunitarios, que sostienen diariamente a miles de familias.
La reforma, lejos de fortalecer la gestión local, promulga su asfixia. Los municipios no son simples ejecutores de obra pública: son la primera línea de protección social. Y si esta política se impone en todo Ecuador, el resultado será claro: menos servicios, más precariedad y una preocupante recentralización del poder.