Riesgo de deslizamientos crece por rellenos ilegales en Pifo

La tranquilidad del sector de Palugo, en la parroquia de Pifo, se ha ido perdiendo silenciosamente. Lo que antes era una quebrada cubierta de vegetación hoy muestra cicatrices profundas: montículos de tierra, restos de construcción, basura doméstica y árboles talados dan cuenta de una práctica que, según denuncian los moradores, se repite desde hace al menos dos años ante la mirada insuficiente de las autoridades.

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Un recorrido realizado por EXPRESO permitió constatar el deterioro de la quebrada Chupahaycu, ubicada en la intersección de las calles Mariano Bohórquez y río Amazonas. En varios tramos, el cauce natural ha sido cubierto con rellenos, alterando de forma visible la fisonomía del área y reduciendo progresivamente su cobertura vegetal. Para facilitar el ingreso de volquetas y maquinaria pesada, incluso se han abierto accesos improvisados, lo que implicó la tala de árboles nativos.

Roberto Terán, morador del sector, asegura que esta situación se mantiene desde 2023. “Como es una quebrada alejada, mucha gente ha aprovechado para usarla como botadero. Vienen volquetas de distintos proyectos inmobiliarios y botan aquí los escombros”, relata. Según sus estimaciones, en ciertos periodos han ingresado hasta 25 volquetas al día, lo que equivaldría al depósito de al menos 25 toneladas diarias de material.

Terán sostiene que una parte de la quebrada ya habría sido completamente rellenada y que sobre ese espacio se levantaron galpones que estarían operando desde hace aproximadamente un año. 

En otro tramo, advierte, el relleno estaría avanzando sobre el cauce de un afluente natural que desemboca en el río Chiche, aguas abajo del puente del mismo nombre. “El temor es que se tape el río o se cambie su cauce. Además, la basura genera problemas de sanidad y todo termina en el afluente”, señala.

Denuncias ante la AMC

Los habitantes aseguran haber presentado varias denuncias ante la Agencia Metropolitana de Control (AMC) desde junio de 2023. Terán recuerda que en una primera inspección se retuvo una volqueta, pero la actividad continuó. “Como la quebrada colinda con propiedades privadas, en algunos casos no les permiten el ingreso a los inspectores y ahí se queda la inspección”, afirma.

Luis Toapanta, residente del sector desde hace aproximadamente tres años, dice haber sido testigo directo del daño ambiental. “Mi pedido principal es que se suspendan estas actividades. El daño no solo es ahora, tendrá consecuencias graves a futuro”, advierte. Uno de los mayores riesgos, explica, es el deslizamiento de tierra. “Ya hemos visto en otros lugares que las casas de la parte baja son las más afectadas. Aquí pasaría lo mismo. Este río desemboca hacia sectores como Tumbaco y otras comunidades cercanas, y todo eso resultaría perjudicado”.

Toapanta señala que los escombros, la basura y la tierra son arrastrados por el agua, contaminando la quebrada y el río. “A veces intentan taparlos, pero no lo logran. Todo termina río abajo”, dice. Además, asegura que la fauna nativa ha comenzado a desaparecer como consecuencia directa del deterioro ambiental. A esto se suma la tala de árboles: “Se ve claramente cómo han cortado árboles para abrir caminos. De ahí sacan bastante madera”.

Difícil control en la zona

Desde la AMC, la entidad informó a EXPRESO que el arrojo ilegal de escombros suele realizarse en horarios de difícil control y que cuenta con apenas 27 funcionarios para múltiples labores en el Distrito Metropolitano de Quito, donde existen alrededor de 125 quebradas.

La institución señaló que su accionar depende en gran medida de alertas ciudadanas y de la detección en flagrancia. En el caso de Chupahaycu, indicó que existe un proceso administrativo sancionador contra el propietario de un predio colindante, con sanciones que pueden ir de cinco a 75 salarios básicos unificados cuando se identifica al responsable.

Por su parte, Estefanía Pabón, directora de la Fundación Quebradas Vivas, sostuvo que el principal problema es el relleno del cauce natural. Según la documentación presentada por la fundación, el 28 de junio de 2023 se interpuso una denuncia ambiental ante la AMC, que derivó en un expediente administrativo y una sanción económica de $225. Sin embargo, Pabón asegura que el depósito de materiales continuó incluso después de esa resolución.

La fundación presentó una petición razonada para que, además de la sanción, se ordene la reparación integral del área afectada. Sin embargo no hay respuesta. “La normativa establece que debe existir restauración. Si no, el relleno permanece y el riesgo continúa”, explica. El uso de drones permitió evidenciar la magnitud del daño, incluyendo la posible afectación de al menos dos riachuelos que confluían en la quebrada.

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