Construcciones en Quito: informalidad y licencias en zonas de riesgo aumentan peligro

Quito se asienta sobre un territorio complejo, atravesado por fallas geológicas, laderas y quebradas. En ese escenario, el crecimiento urbano sin control en la ciudad se ha convertido en una amenaza latente.

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Un informe de 2019 del Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE) advirtió que el 70 % de las edificaciones en la ciudad son informales. De ellas, el 80 % podría sufrir daños y el 45 % colapsaría ante un sismo de alta intensidad.

A este escenario se suma la reciente sanción impuesta al Municipio de Quito por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), tras la reactivación de una licencia de construcción en Bellavista. 

Este hecho dejó en evidencia la complejidad del problema, que se expresa al menos en dos frentes: por un lado, la informalidad en la edificación, caracterizada por construcciones sin los permisos necesarios; y por otro, la emisión de licencias en zonas previamente catalogadas como de riesgo.

Entre 2024 y 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió 1.023 obras en las 10 administraciones zonales del Distrito Metropolitano (DMQ). En 2024, la infracción más recurrente fue edificar sin licencia metropolitana urbanística o sin permiso de la autoridad competente. 

En 2025 la tendencia se mantuvo, bajo la infracción tipificada en la ordenanza 095-2025, artículo 2637, literal a, que sanciona la misma conducta. Esas cifras reflejan una práctica casi normalizada y una capacidad de control que parece llegar tarde.

El caso de un edificio en Bellavista

Pablo Iglesias, superintendente de la SOT, señala que el caso de Bellavista es preocupante, con presuntas irregularidades en procesos que no se cumplieron dentro del GAD DMQ. Entre ellas, menciona que la declaratoria del suelo como área de riesgo natural nunca feneció y, además, no debería hacerlo, porque la condición de riesgo no cambia.

“Lo que sí ocurrió fue la emisión de un permiso irregular, lo que conlleva una ilegalidad y posibles vicios administrativos que ahora son objeto de control de la Contraloría”, explica.

Iglesias enfatiza que la SOT debe velar por el cumplimiento normativo en el uso y gestión del suelo y, una vez otorgados los permisos y ejecutada la obra, el GAD debe asumir responsabilidades si existen falencias.

Para evitar escenarios de riesgo, la Superintendencia conmina a los municipios a cumplir estrictamente la normativa, especialmente cuando están en juego la seguridad y la vida de la comunidad.

El problema se agrava al observar el mapa de riesgos de la ciudad. Según la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos, 318 barrios de Quito tienen alta susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones.

Por ello, Iglesias subraya que los procesos de regularización no deben aplicarse en zonas de riesgo activo. Actualmente, la SOT mantiene cerca de 20 denuncias en trámite, que deben ser analizadas para determinar si están vinculadas a riesgos naturales.

Las denuncias son frecuentes

De su parte, Gabriel Granda, intendente de la Zona 2-9 de la SOT, confirma que a la institución llegan periódicamente denuncias por construcciones riesgosas, en áreas de protección ecológica, sin autorización o con fraccionamientos irregulares de terrenos que no respetan los lotes mínimos.

“Quito es una ciudad muy grande y el control no siempre es suficiente, pero se debe respetar la normativa nacional”, recalca. Añade que los propios funcionarios, en este caso de la AMC, que es la encargada del control, deben estar debidamente capacitados para evitar omisiones. 

Cita, por ejemplo, los casos de Bellavista y Guápulo, donde se dejaron de cumplir pasos esenciales: en uno no se omitió el informe de riesgos; en el otro se pasaron por alto procesos previos a conceder la licencia.

El arquitecto y urbanista Gustavo Fierro sostiene que la construcción en zonas de riesgo es un problema histórico en la capital. Recuerda que en la década de los 70, la bonanza petrolera provocó una fuerte migración hacia Quito, sin que el Municipio ofreciera una respuesta adecuada a la demanda de vivienda.

La población ocupó laderas y zonas inestables, una dinámica que se consolidó con el tráfico de tierras y la regularización de áreas que nunca debieron habilitarse. A esto se suma, según Fierro, un discurso populista que desde hace al menos 15 años ha superado los criterios técnicos.

“Lo que vemos hoy es el resultado de años de manejo politiquero del riesgo”, dice, y advierte que en sectores como Pomasqui, una zona afectada por la erosión del río Monjas, existen construcciones informales, pero también urbanizaciones que cuentan con permisos. Para el experto, la salida pasa por un control más estricto y, de ser necesaria, la demolición de obras que incumplen la normativa.

Casos como el de un proyecto inmobiliario en Cumbayá refuerzan estas alertas. Fierro y Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico, recuerdan que se otorgó una licencia urbanística en una zona de riesgo que fue reclasificada como de “no riesgo”.

Lo paradójico, señalan, es que como aporte urbanístico se propuso la construcción de una estación de transferencia en el mismo sector, pero aquello fue cuestionado en el Concejo por su ubicación en una zona de riesgo. “¿Para la estación si es de riesgo, pero para el proyecto no?”, cuestiona Bastidas.

La construcción formal dinamiza la economía

La Cámara de la Industria de la Construcción también se refirió al tema de Bellavista y pidió una investigación profunda para identificar responsabilidades. Además, rechazó procedimientos que no se ciñan estrictamente a la normativa municipal.

En el pronunciamiento se subrayó que la construcción formal, legal y técnica es la que dinamiza la economía, genera empleo y garantiza seguridad. Por ello, advirtió que levantar edificaciones al margen de la ley pone en peligro a los ciudadanos y compromete la estabilidad urbanística de la ciudad.

Por su parte, Diego Ordóñez, presidente del CAE, recalca la necesidad de tomar medidas urgentes para frenar la informalidad en la ciudad y avanzar en la regularización de aquellas construcciones que sí cumplen con la normativa vigente. 

Reconoce que existen edificaciones que carecen de la documentación legal, aunque se ajustan a las normas técnicas; mientras que otras, en cambio, no cumplen con ninguno de estos requisitos.

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