Concejo de Quito calla ante cobros excesivos: "Si no pagan, suspenderían el servicio"

El creciente malestar ciudadano por el elevado cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) no logró siquiera ser debatido en el Concejo Metropolitano de Quito. Pese a denuncias de incrementos que, según usuarios, alcanzan entre el 100 % y 300 %, e incluso casos reportados de alzas superiores, el tema no fue incluido en el orden del día de la sesión municipal, lo que desató críticas de varios ediles, que acusan a la administración del alcalde Pabel Muñoz de bloquear la discusión de un problema que impacta directamente en la economía de las familias quiteñas. 

El concejal Wilson Merino solicitó formalmente un cambio en el orden del día, para abordar las quejas ciudadanas por los altos valores que ahora aparecen en las planillas de agua potable, donde desde inicios de febrero se cobra la TRB. Sin embargo, la moción no prosperó. 

Solo seis ediles votaron a favor (Andrés Campaña, Bernardo Abad, Cristina López, Michael Aulestia, Sandra Hidalgo y el propio Merino) frente a cinco votos en contra y seis abstenciones, lo que impidió abrir el debate.

Las críticas al cálculo de la tasa de basura

Para Merino, la negativa evidencia un problema mayor. “La ordenanza que se aprobó tenía vicios de inconstitucionalidad y advertimos que iba a afectar a los ciudadanos. Eso fue exactamente lo que ocurrió”, afirmó.

El edil recordó antecedentes recientes, como el cobro de la Tasa de Contribución Especial de Mejoras (CEM), donde cerca de 79.000 predios registraron valores inflados y unos 20 mil vecinos pagaron montos indebidos que, hasta ahora, muchos no han logrado recuperar.

En el caso de la tasa de basura, Merino aseguró que ha recibido “centenares de denuncias”, correos oficiales y reclamos directos en barrios de distintos sectores de la ciudad. A diferencia de la CEM, explicó, el cobro en la planilla es mensual y acumulativo. “Si un vecino no puede pagar este mes porque la factura llegó inflada, tampoco podrá hacerlo en febrero, marzo o abril. Eso deriva en procesos coactivos y, finalmente, en la suspensión del servicio”.

El concejal calificó la situación como un “maltrato directo” a la ciudadanía. “Es meter la mano al bolsillo de las familias quiteñas”, sostuvo, al tiempo que cuestionó que el tema se haya reducido a una disputa política, cuando el rol del Concejo debería ser fiscalizar, dijo.

Merino insistió en que la intención del cambio del orden del día no era confrontar, sino exigir explicaciones técnicas. “Queríamos que comparezcan la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y las entidades responsables, para saber cuál es el tamaño real del problema, si se trata de errores de cálculo, de la fórmula de la ordenanza o de inoperancia administrativa”, precisó. Con ese diagnóstico, se podrían plantear soluciones, como una ordenanza reformatoria o incluso acciones legales para suspenderla, indicó.

Desde otra orilla, el edil Emilio Uzcátegui defendió la aplicación de la tasa y explicó que los cambios responden a una normativa del Gobierno nacional, que obligó a los municipios a dejar de cobrar la TRB en la planilla eléctrica y trasladarla a la del agua. “Sabíamos que iba a haber ajustes, porque la cantidad de abonados de electricidad es mucho mayor que la de agua potable”, indicó.

Reconocen errores, pero descartan eliminación de tasa

Según Uzcátegui, los reportes actuales señalan que alrededor del 17 % de los abonados presentan discrepancias en los valores cobrados. No obstante, aseguró que no es posible hacer correcciones sin contar al menos con un mes completo de facturación bajo el nuevo esquema. 

“Necesitamos un corte para evaluar las incidencias y ver cómo ajustar la fórmula”, dijo, aunque reconoció que antes de la aplicación ya se conocía que el impacto alcanzaría a un porcentaje de usuarios.

La edil Analía Ledesma coincidió en que la ordenanza no fue suficientemente socializada y cuestionó la falta de coordinación entre el Municipio y la Empresa Eléctrica Quito. 

“Cuatro de cada diez ciudadanos señalan que no hubo una explicación clara. Esto está generando disparidades que afectan sobre todo a los sectores más vulnerables”. Pidió revisar la fórmula de cálculo, establecer devoluciones en casos de error y aplicar descuentos para adultos mayores, personas con discapacidad y barrios de bajos ingresos.

Mientras tanto, el alcalde Pabel Muñoz aseguró que no se revisará el cobro hasta finalizar el mes. Argumentó que es necesario contar con toda la facturación para tener un diagnóstico completo. 

“Solo con toda la información veremos si hay errores. Hasta ahora no hemos detectado ninguno”, dijo, y añadió que el valor del servicio no ha cambiado, sino que existe “sorpresa” porque el cobro ahora aparece en la planilla de agua.

Muñoz también admite reclamos y ciudadanos lamentan

Muñoz explicó que antes la tasa se distribuía entre 1,2 millones de medidores eléctricos y ahora entre más de 700.000 medidores de agua, lo que provoca incrementos en ciertos casos, especialmente en edificios y conjuntos con un solo medidor. 

Según datos municipales, seis de cada diez usuarios pagarían lo mismo o menos que antes. No obstante, reconoció que el 21 % de los reclamos recibidos hasta el 9 de febrero corresponde a valores considerados altos.

Para el alcalde, los concejales han politizado el tema, y recordó que la ciudad dejó de percibir cerca de $12 millones durante los dos meses en los que no se cobró la tasa.

Mientras tanto, para cientos de vecinos, los altos valores ya tienen un impacto directo en su economía. Hasta el mediodía del martes, usuarios como Elizabeth Haro aguardaban atención en la agencia de la Epmaps. Ella, quien reside en el sector de la avenida Napo, relató que antes pagaba casi $16 y que ahora su planilla se elevó a $50.

Una situación similar enfrenta Rosa Martínez, quien contó que su factura pasó de $10 a $80, un monto que asegura no puede asumir. “No es la primera vez que nos afectan el bolsillo”, reclamó y cuestionó también los valores del CEM. “Por un cálculo no se puede cobrar arbitrariamente y luego decir que fue un error. Eso es jugar con nuestra economía”.

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