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César Febres-Cordero Loyola | Toque de queda, toca quedarse

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El Gobierno desea entusiasmar a la población con el prospecto de la tan esperada cooperación estadounidense 

El día el lunes, en la ceremonia de graduación de más de trescientos nuevos oficiales de la Policía, el presidente de la República anunció la implementación de un toque de queda que regirá durante la segunda mitad de marzo. No fue ninguna coincidencia que ese mismo día se llevara a cabo una reunión entre las autoridades del Gobierno ecuatoriano y el Comando Sur de los Estados Unidos, la cual fue seguida por una campaña mediática para dar a conocer el comienzo de una serie de operaciones conjuntas entre nuestras fuerzas y las norteamericanas para combatir al narcotráfico.

La forma anticipada del anuncio del toque de queda resulta extraña, sobre todo luego de las declaraciones del ministro Reimberg, que justificaron la medida con la advertencia de que durante el horario de encierro se ejecutarían operativos de alto impacto. Si la idea es asestar un golpe fatal a las mafias (y no solo dar un golpe de efecto mediático), darles dos semanas de aviso a los objetivos de las operaciones no suena como una medida muy inteligente.

La mejor explicación, o al menos la más generosa, sería pensar que el Gobierno desea entusiasmar a la población con el prospecto de la tan esperada cooperación estadounidense dentro del territorio, para así ejercer presión sobre la Corte Constitucional. Y es que no debemos olvidar que en el pasado reciente la Corte ha dado de baja los repetitivos decretos de estado de excepción de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, llegando al punto de ordenar la creación de un comité interinstitucional para supervisar el uso de esa herramienta constitucional extraordinaria.

Con Enrique Herrería, exjuez de la Corte Constitucional, como secretario jurídico, el Gobierno ha buscado una nueva forma de relacionarse con ese oráculo soberbio y celoso de sus prerrogativas que es la alta corte. Puede ser que estemos presenciando una forma de presionar a los jueces sin tratar de amedrentarlos directamente, apelando al sentir ciudadano sobre las causas que ellos revisan, algo no muy distinto a lo que sus amigos activistas han hecho en tantas ocasiones. No sería para nada lo ideal, pero de ninguna forma un retroceso.