Así se prepara Quito ante la inminente llegada de las movilizaciones
Se activó el protocolo ante eventos de conmoción social. El Concejo aprobó una resolución condenando la violencia
El anuncio de Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sobre la posible “toma de Quito”, generó alertas y diversas reacciones en la capital.
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El alcalde, Pabel Muñoz, afirmó que “Quito no será rehén, ni de errores ajenos ni de ninguna amenaza”, y anunció que se activó el protocolo metropolitano ante eventos de conmoción social.
La decisión se tomó el 21 de septiembre, tras el incremento del precio del diésel por parte del Gobierno y el anuncio de movilizaciones en el país. Desde entonces, se han articulado acciones interinstitucionales para asegurar el orden público, garantizar los servicios esenciales y proteger la infraestructura estratégica.
El 5 de octubre, Muñoz convocó a una sesión extraordinaria del Concejo para el lunes. Sin embargo, por tratarse de un tema de seguridad, los concejales decidieron declararla reservada.
En la sesión también participaron representantes de entidades como la Secretaría de Seguridad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps) y el Cuerpo de Bomberos. Durante el encuentro, que duró cerca de cuatro horas, se revisó la implementación del protocolo existente y se plantearon observaciones para reforzar medidas en áreas estratégicas.
Protocolo ante eventos de conmoción social
De acuerdo con el Municipio, el objetivo principal del protocolo es garantizar la continuidad de los servicios básicos y proteger las 10.510 infraestructuras estratégicas del Distrito Metropolitano de Quito. De ellas, 805 han sido priorizadas, 127 se catalogaron con un riesgo muy alto y otras 256 con riesgo alto.
Entre los servicios priorizados están el agua potable, la recolección de desechos, mercados, aeropuertos, terminales terrestres, transporte público y electricidad. Según Muñoz, en septiembre envió un oficio al Gobierno solicitando resguardo policial y militar en infraestructuras esenciales, como plantas de agua potable, redes eléctricas, servicios productivos y de abastecimiento básico.
En cuanto a la movilidad, Washington Martínez, director de la AMT, explicó que la ciudad cuenta con 14 puntos críticos, en zonas como la avenida 10 de Agosto (Caja del Seguro) o los alrededores de la Universidad Central. En caso de alteraciones, se activan planes de desvíos, se trabaja con semáforos intermitentes para regular el flujo vehicular y se coordinan acciones con la Policía Nacional.
Asimismo, el plan de la AMT contempla la vigilancia en las principales entradas y salidas de Quito, entre ellas, el redondel del Condado, av. Simón Bolívar, General Rumiñahui, av. Maldonado, intercambiador de Pifo, Panamericana Norte y Colonia.
La concejal Analía Ledesma señaló que la sesión sirvió para ratificar el protocolo existente, en especial en entidades clave como Epmaps y la AMT. “Necesitamos que los vecinos sepan que Quito está alerta. No vamos a aceptar amenazas de ninguna persona con respecto a la toma de Quito. El Municipio y los concejales estamos trabajando para evitarlo”, declaró.
También se confirmó que se mantienen diálogos con las cámaras y sectores productivos para asegurar la continuidad de las actividades económicas, así como con los operadores del Metro de Quito y el transporte público.
Para el urbanista Hernán Orbe, docente de la PUCE y experto en planificación urbana, Quito es más que la sede del poder político. Representa también el centro simbólico de toma de decisiones del país, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
“La ‘toma de Quito’ apela a esa condición simbólica. Pero lo dicho se percibió como una amenaza a la población, y eso ha sido contraproducente”, afirmó Orbe.
El especialista advierte que la ciudad tiene puntos vulnerables, especialmente en movilidad y abastecimiento de servicios básicos, pero considera poco probable una adhesión masiva de los quiteños a una protesta de carácter nacional.
Resolución del Concejo Metropolitano
La sesión extraordinaria tomó cerca de cuatro horas y concluyó con la aprobación de una resolución de tres artículos.
El primero, rechazar toda forma de violencia, sin importar su origen ni el grupo del que provenga. La segunda, exigir al Estado y al Gobierno que implementen acciones preventivas para evitar hechos de violencia en el DMQ y otras ciudades del país, considerando tanto a quienes ejercen su derecho a la protesta, como a las fuerzas del orden.
Y la última, solicitar al alcalde que mantenga a toda la Corporación Municipal en estado de alerta, con el fin de reforzar y aplicar los protocolos de prevención existentes, proteger las infraestructuras estratégicas y fortalecer la coordinación con entidades nacionales.
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