Moraleja de un fracaso: el caso Villacís y la crisis de la función pública en Ecuador

Alexandra Villacís, legítima presidenta del Consejo de la Judicatura, renunció al cargo que nunca le dejaron ejercer: desenlace predecible de una conspiración en la que participaron algunas de las más altas autoridades del Estado, incluyendo, para decepción del país, al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Una lástima: a Marco Rodríguez le faltaban unos pocos meses para concluir una carrera judicial reconocida por su probidad. Sin embargo, lo mismo que José Suing, terminó colocándose al mismo nivel de un Andrés Fantoni o de un Fabián Fabara. De hecho: trabajando con ellos codo a codo en este fraude. ¿Qué tipo de presiones, arreglos, transacciones o amenazas, flaquezas o impudicias conducen a una persona decente a descender hasta las alcantarillas precisamente en la hora decisiva de sus vidas? Vericuetos del poder que jamás entenderemos.

Con Alexandra Villacís fuera del juego, queda el aparato de justicia en manos del poder político. Al frente del organismo que lo administra, con el enorme poder de sancionar a los jueces, destituirlos, removerlos o promoverlos, premiarlos o castigarlos si no cumplen los mandados (y a veces los mandados, como hemos visto, consisten en fallar a favor de narcotraficantes), queda temporalmente Damián Larco, el exdirector del Servicio de Rentas Internas, un estudiante de leyes que tenía el descaro de presentarse a sí mismo, en la página oficial del organismo, como “Abogado de los tribunales de la República (cursando la carrera)”. Tal cual.

Pronto será reemplazado por la actual jueza de la Corte Nacional Mercedes Caicedo, la candidata de Marco Rodríguez para usurpar el cargo, a quien la salida de Villacís le otorgará la apariencia de una cierta legitimidad y de quien, como participante en esta conspiración, no cabe esperar mucho. Nada distinto, de cualquier manera, a lo que fue su actuación en el caso de los helicópteros Dhruv, cuya caducidad provocó dejando transcurrir los plazos. Ahora ya lo sabemos: si goza de la confianza del poder (y así parece ser pues hasta la fecha no le han inventado ningún impedimento en el Ministerio de Trabajo) entonces no merece la de los ciudadanos. En todo caso, tendrá que ganársela: empieza con saldo en contra.

La confianza pública está herida

Porque el desenlace de esta historia, con la renuncia de Alexandra Villacís y la traición de Marco Rodríguez a la confianza pública, tiene una clara moraleja: el servicio público es cosa de gente sucia; manipulable, a lo sumo. Los altos cargos son para godoyes y fantonis, larcos y fabaras… A los honestos se les presentan dos opciones: renunciar o corromperse. 

Basta echar una mirada a la lista de postulantes en el amañado, tramposo, obsceno concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado que lleva adelante el nuevo millonario que preside el CPCCS: no constan los nombres de ninguno de los penalistas decentes que muchos aspirábamos ver ahí, personas cuyo nombramiento garantizaría una Fiscalía independiente y digna. No se presentaron. Y no lo hicieron, simplemente, porque saben que la gente decente no tiene ninguna posibilidad en el nuevo Ecuador.