Alexandra Villacís: Asamblea podría iniciar juicios políticos por incumplimiento de fallo
Asambleístas apuntan a una posible responsabilidad política del ministro de Trabajo, Harold Burbano, y del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni
La Asamblea Nacional cuestiona las omisiones del ministro de Trabajo, Harold Burbano; el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni; y el presidente de la Judicatura, Damián Larco.
Las claves del caso
- Asamblea analiza fiscalizar a ministros y al CPCCS por incumplir fallo judicial a favor de Alexandra Villacís.
- Bancadas de oposición denuncian bloqueos del oficialismo para frenar procesos de control político.
- Jueza ordenó al Ministerio de Trabajo habilitar a Villacís, pero instituciones ignoran el dictamen.
La Asamblea Nacional de Ecuador pone la lupa sobre el Ministerio de Trabajo, el CPCCS y el Consejo de la Judicatura tras el incumplimiento de una sentencia judicial que frenó el ascenso de Villacís a la presidencia de la Judicatura. Pese a su renuncia, legisladores de diversas bancadas advierten que las responsabilidades políticas y penales siguen vigentes, mientras el oficialismo es señalado como el principal freno a la fiscalización.
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Incumplimiento de funciones: ¿quiénes están en la mira?
El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila aceptó una acción de habeas data planteada por Villacís. La magistrada ordenó al Ministerio del Trabajo corregir el registro de impedimento en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas. Asimismo, dispuso que el CPCCS se abstuviera de realizar acciones que vulneraran los derechos de la afectada. No obstante, las instituciones no han ejecutado los correctivos.
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La omisión institucional tras el fallo de la jueza Pila ha unificado criterios en la oposición legislativa. Representantes de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) coinciden en el incumplimiento de funciones de tres autoridades:
- Harold Burbano: Ministro de Trabajo (por no corregir el registro de impedimento).
- Andrés Fantoni: Presidente del CPCCS (por omitir el fallo en el proceso de designación).
- Damián Larco: Presidente del Consejo de la Judicatura (por presunto desacato).
Este Diario intentó contactar a asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Según el ministro de Trabajo, Harold Burbano, la sentencia que le ordena corregir el supuesto impedimento de Alexandra Villacís "no es clara".
La fiscalización: ¿una "utopía" en el actual Legislativo?
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Blasco Luna asegura que no hay duda sobre las responsabilidades políticas. "Vemos un claro incumplimiento de no haber entregado ni haber permitido que se pueda cumplir el fallo del juez. Es necesario que la Asamblea lleve adelante un proceso de fiscalización", comentó.
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Para Luna, el control político debe centrarse en la omisión del Ministerio del Trabajo y en el CPCCS, por haber dado continuidad al proceso de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para designar a un nuevo vocal y suplente, ignorando la situación jurídica de Villacís.
Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay (Pachakutik) coincide en señalar a Burbano y Fantoni. No obstante, recalca que, aunque la Asamblea debería actuar con independencia y oportunidad, el oficialismo representa el principal obstáculo.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) es dirigido por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
"Lamentablemente, en la Asamblea no se puede llevar adelante ningún proceso de fiscalización porque están protegiendo a su circulo y no se ha permitido avanzar nada, como (los casos de) Progen, ATM y otros. La fiscalización es una utopía aquí porque no hay condiciones por el control absoluto del oficialismo", dice la asambleísta.
En esa misma línea, Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano, sostiene que los juicios políticos difícilmente superarán los filtros controlados por el Gobierno.
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"El gran problema que tenemos en la Asamblea es que si se presenta un juicio político ni siquiera le dan paso en el CAL (Consejo de Administración Legislativa), que no tiene facultades para tirar abajo un juicio político, pero ellos han inaugurado un mecanismo jurídico inexistente: no calificar y ahí queda el juicio", comentó y acota que otros puntos críticos con la Comisión de Fiscalización y el Pleno de la Asamblea, donde el ADN tiene mayoría.
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Consecuencias penales vs. políticas
Además del ministro de Trabajo y el titular del CPCCS, el exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que el Parlamento debe exigir respuestas a Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura, por el desacato del fallo judicial. Peñafiel advierte que el control político corre por una vía paralela a la responsabilidad penal derivada del caso.
Finalmente, el constitucionalista Gonzalo Muñoz aclara que un eventual juicio político no interfiere con las investigaciones penales o procesos ordinarios que se desprendan de la situación de Villacís, pues poseen naturalezas jurídicas distintas.
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