Bloqueo a Alexandra Villacís en la Judicatura tiene un olor a delincuencia organizada

El caso de Alexandra Villacís podría ir más allá de una disputa política: si se confirma que varias instituciones actuaron de forma coordinada para impedir su posesión pese a una orden judicial, podrían configurarse delitos como asociación ilícita. Sin embargo, cualquier acción dependerá de la Fiscalía, lo que deja el desenlace en el terreno político.

Si a varias figuras del correísmo más radical y trasnochado, entre ellas Andrés Arauz y Augusto Verduga, la Fiscalía las está acusando en el caso ‘Ligados’ por asociación ilícita, por haber incidido ilegalmente en el nombramiento de autoridades estatales, lo más obvio es pensar que también deberían ser procesados por algo similar (asociación ilícita o incluso delincuencia organizada) quienes están impidiendo, a pesar de una decisión judicial (un hábeas data), que Alexandra Villacís asuma el cargo de presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ).

Si en aquel sonado caso que estalló en 2015, cuando circularon audios de ahora exconsejeros y una consejera en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde se evidenciaba que querían manipular ilegalmente nombramientos de autoridades de control, ¿por qué no habría que procesar también a todos los involucrados en el complot y fraude para evitar que Villacís asuma la presidencia del organismo que controla a quienes administran justicia?

Por lo que se ha visto hasta ahora, existen muchos elementos que permiten pensar que, en la acción concertada y evidentemente coordinada entre el SRI, el Ministerio de Trabajo y el CPCCS, se pusieron de acuerdo para usar un impedimento fraudulento y evitar que Villacís asuma. En esa línea, también se podría agregar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien “rápido y furioso” envió una terna para reemplazar a Villacís, incluso antes de que se conociera la fraudulenta inhabilidad de esta.

¿Por qué se habla de delitos?

Quien ha puesto el dedo en la llaga es el penalista Julio César Cueva. En un mensaje colocado en la plataforma X, Cueva dijo: “Estoy analizando con seriedad la posible configuración de una asociación ilícita integrada por funcionarios de alto nivel, pertenecientes a distintas funciones del Estado, orientada, presuntamente, a evadir el cumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente, arrogarse funciones y ejecutar otras conductas conexas vinculadas al cargo de presidente de la Judicatura. Esto ya no puede reducirse a una disputa política: existen posibles indicios de que los hechos podrían haber trascendido al ámbito penal, lo que exige una respuesta institucional firme y sin dilaciones”.

El mensaje de Cueva produjo de inmediato la reacción de algunos de los dizque medios -en realidad, cuentas de redes sociales- que están alineados con el gobierno. El Dato, por ejemplo, respondió lo siguiente al post de Cueva: “Si un odiador pone una denuncia basada en prejuicios para dañar a otro, se llama denuncia maliciosa”.

En realidad, si se observa la línea de tiempo de todo lo que ha sucedido desde que Mario Godoy, el abogado de narcotraficantes, dejó el cargo cuando estaba siendo enjuiciado políticamente por la Asamblea, es evidente que hubo una serie de acciones coordinadas y concertadas para evitar que se cumpla la ley; es decir, para impedir que, si el presidente del CJ sale por algún motivo, su suplente presida el organismo, aunque sea temporalmente.

La apresurada sesión que alejó a Villacís

Uno de esos hechos fue la sesión organizada para la medianoche del 18 de febrero para nombrar como reemplazo de Godoy a Damián Larco, un estudiante de derecho (no estar titulado como abogado sí constituye un impedimento) que antes había trabajado en el SRI. 

¿Cuándo un organismo en el Ecuador se ha reunido con tanta celeridad para solucionar un problema como si el país estuviera desmoronándose? Normalmente no se sesiona a la medianoche y tampoco se envían, de forma tan rápida, oficios para que la Corte Nacional envíe una terna para el reemplazo y para pedir al CPCCS que inicie el proceso para elegir al sustituto de Godoy, cuando ya había alguien que legalmente tenía que hacerlo: Alexandra Villacís.

¿Un plan coordinado contra Villacís?

Lo que es obvio es que todos estos acontecimientos, que se produjeron para evitar el nombramiento de Villacís, a los que hay que sumar la supuesta deuda inexistente en el SRI, fueron concertados y coordinados. En una línea de tiempo de esos hechos, es imposible hablar de azar, mucho menos de buena fe u honestidad.

Como cereza del pastel para un posible caso por asociación ilícita (que tiene pena de hasta cinco años de cárcel) o de delincuencia organizada (que tiene penas que van entre 22 y 26 años de prisión), está el hábeas data extendido a favor de Villacís por la jueza Viviana Pila, en el que se demuestra que el impedimento fue fraguado por el SRI y aceptado por el Ministerio de Trabajo. Eso, los penalistas, lo llaman prueba preconstituida. En este caso, la figura es de falsedad ideológica y podría ser central para armar un caso por delincuencia organizada.

Ahora bien, ¿todo esto va a suceder? Muy difícil: los implicados tienen fuero de Corte Nacional y, por eso, únicamente el fiscal general, Carlos Alarcón, puede encauzarlos. Y, como se sabe, Alarcón es un fiscal de bolsillo del gobierno. La acusación, sin embargo, podría servir para elevar el caso a la categoría de escándalo nacional.

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