Allanamiento a CNEL, entre el golpe al crimen y el espectáculo

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

Esto evidencia una politización de las investigaciones en un contexto estrictamente electoral.Julio César Cueva, penalista

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.