Segura EP intervenida por el Gobierno central: lo que podría pasar ahora
Expertos advierten que la medida debe ajustarse al bloque de competencias y al marco constitucional
La noche del domingo 15 de febrero, cuando Fiscalía allanó la empresa de seguridad y gestión de riesgos de Guayaquil, Segura EP, no solo tomó las instalaciones de la entidad municipal, sino que puso en tensión la autonomía local. Para la constitucionalista Ericka Zapata, el Gobierno puede fiscalizar, pero no disponer de bienes financiados por el Municipio. El límite, advierte, está en la Constitución.
El Ministerio Público precisó que la diligencia, que no dejó detenidos, se ejecutó a pedido de la Policía Nacional. El proceso se enmarca en una investigación que apunta a Segura EP, señalada de “difundir información reservada” proveniente de las cámaras de videovigilancia hacia un servidor externo.
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Tras el procedimiento, el ministro del Interior, John Reimberg, defendió la intervención y señaló que la empresa incumplió el acuerdo ministerial que exigía mantener el centro de datos en sus instalaciones. “El fiscal obtuvo que el almacenamiento está en manos de un privado”, dijo. Añadió que el proveedor sería Telconet y vinculó la intervención con la investigación de los recientes incendios en Guayaquil.
Incluso, habló de indicios de que grupos delictivos organizados estarían “orquestando este tipo de acciones” y que existiría “una mano negra detrás”.
La toma de Segura EP debería ser temporal, según jurista
Pero más allá de las sospechas penales, el caso ha encendido un debate jurídico de fondo. Zapata no niega que el gobierno central tenga facultades de control, pero sí cuestiona la forma. “Aunque la seguridad pública le compete estrictamente al Estado central, Segura EP tenía competencias sobre la seguridad ciudadana y la convivencia, creada para ser una mano derecha de la policía nacional”, sostiene.
Es por eso que, desde su análisis, “el gobierno está violando el bloque constitucional... Eso se ha visto de manera constante en el gobierno de Daniel Noboa”, lamenta.
La constitucionalista recuerda que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía administrativa, financiera y política, aunque no de autarquía, lo que obliga a la coordinación con el nivel central.
A su juicio, la facultad del Ejecutivo es fiscalizar y controlar cuando detecta anomalías, pero no apropiarse de manera operativa de una estructura creada y financiada por el GAD municipal.
Bajo esa lógica, cualquier intervención, dice, “debe ser temporal y orientada a corregir”, no a sustituir permanentemente la gestión local. De persistir el desacuerdo entre niveles de gobierno, advierte, el caso podría terminar en la Corte Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad.
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Gobernabilidad y la unión institucional en Ecuador
Desde la perspectiva de la gobernabilidad y la seguridad preventiva, el experto Edison Mafla introduce un matiz técnico al reconocer que la seguridad es una responsabilidad “nata” del Gobierno nacional, pero subraya que el Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) también entrega facultades preventivas a los gobiernos locales.
En ese contexto, advierte que el intento del Ejecutivo de usar la infraestructura de Segura EP abre desafíos complejos: “implica muchos más retos, primero por definir la figura por la cual un gobierno nacional quiere usar bienes del nivel municipal y otra por la gran debilidad que existe para la interoperabilidad de los sistemas de información”.
Para Mafla, el problema de fondo es de gobernanza. “Los niveles de inseguridad en el país merecen el esfuerzo colectivo de todas las entidades públicas”, afirma, y añade que el crimen organizado se está beneficiando de las debilidades institucionales.
A su criterio, la coordinación real debe construirse a través de los planes locales de seguridad y de los consejos cantonales donde confluyen autoridades territoriales y nacionales. Por eso advierte que la actual intervención “rompe la gobernanza en materia de seguridad” y puede erosionar la confianza entre niveles de gobierno.
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