Las irregularidades siguen sembradas en la Universidad Agraria
La comisión interventora reforma el estatuto y prevé la creación de facultades y carreras
Las hojas de papel eran la herramienta para que el calor no impidiera el trabajo. Funcionaban como abanicos, ante la falta de aire acondicionado.
No es que el sistema se haya dañado, sino que simplemente no había energía eléctrica. Era cerca del mediodía y las clases en la Universidad Agraria eran virtuales el pasado 12 de enero.
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Un corte de energía eléctrica en el sur de Guayaquil, debido a la primera lluvia fuerte del año, bastó para que las actividades se alteraran en esta universidad, que no cuenta con un sistema eléctrico óptimo para evitar que los alumnos sean afectados.
Volver a la virtualidad por un día trajo de vuelta el ambiente que se vivió entre abril y junio del 2025, cuando la universidad tuvo tres rectores.
En medio de las denuncias de contrataciones irregulares y de personas armadas dentro de la universidad, Tamara Borodulina fue cesada el 30 de mayo por el Consejo Universitario, que nombró a Carlos Amador.
Pasó un mes y el puesto de rector fue ocupado por Patricio Álvarez, quien fue puesto al frente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI), que nombró el Consejo de Educación Superior.
El CES aprobó, el pasado 12 de noviembre, el plan con el que se estableció el próximo 16 de octubre como la fecha límite de la intervención de la CIFI.
Universidad Agraria: Denuncias de presuntas irregularidades
Los conflictos no han acabado en la Universidad Agraria, que ahora enfrenta denuncias por varias irregularidades.
El pasado 23 de diciembre, un grupo de siete personas, entre trabajadores, dirigentes sindicales y estudiantes, denunciaron la “presencia de personas armadas dentro de las instalaciones universitarias”, según reportó el procurador del CES, Álex Quevedo, al rector Álvarez.
“Esta situación habría generado un ambiente de intimidación, temor e inseguridad”, indicó Quevedo en el oficio CES-PRO-2025-1043-O.
Se trata de supuestos integrantes de la compañía de seguridad que la CIFI contrató. Uno de ellos acompañó a un funcionario que notificó a cinco trabajadores, el 19 de diciembre anterior, sobre su desvinculación.
En un video, al que tuvo acceso EXPRESO, se observa al funcionario notificando a los empleados, mientras un hombre de camiseta negra, gorra del mismo color y pantalón caqui, sin identificación visible, espera a unos metros. A la altura de la cintura lleva un arma.
Uno de estos trabajadores, Marco Salazar, fue reintegrado el pasado martes, tras una disposición judicial. Desde entonces, asegura que es fotografiado y grabado mientras trabaja.
“Para mitigar lo que estaba sucediendo, se contrató a una empresa de seguridad, pero solamente para una hectárea, y este predio tiene seis hectáreas. Entonces, para la parte frontal y dos puntos atrás es que nosotros contratamos seguridad como medida rápida de intervención”, explicó Álvarez a EXPRESO.
Universidad Agraria: ¿qué ocurrió con los trabajadores despedidos?
Sobre los trabajadores despedidos, el rector aseguró que había inconformidad con sus servicios. “En el caso de los buses, había un mecánico que ni siquiera pasaba aquí. Tenía su taller aquí a dos cuadras y era como los bomberos: cuando había un incendio lo llamaban; pero timbraba (marcaba asistencia) aquí y cobraba normalmente. Pero veías que los ocho buses estaban parados”, manifestó.
Por eso, la CIFI optó por contratar a una concesionaria para el servicio de mantenimiento. Sin embargo, aún no funcionan.
Esto hace que los estudiantes no puedan viajar a realizar labor de campo o que tengan que costear el alquiler de un bus. A esto se suma que los profesores consiguen donaciones de semillas u otros implementos para garantizar el aprendizaje, según comentó uno de ellos, en condición de anonimato.
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La situación de la Universidad Agraria fue abordada en la Asamblea Nacional
La situación de la Universidad Agraria y el trabajo de la CIFI fueron analizados en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, de la Asamblea Nacional, el pasado 22 de enero.
La legisladora Mónica Salazar Hidalgo advirtió: “Los requerimientos de información nos llevaron a determinar que la preocupación ciudadana, que se veía reflejada en estas denuncias, tenía mucho asidero”.
Se refirió, por ejemplo, a las denuncias por la contratación de 149 personas, de las cuales solo cinco serían docentes y una para investigación. Las demás fueron para el área administrativa.
“Imagínense ese daño que le hacemos a nuestros estudiantes. Deberíamos contratar más personal que los eduque y no más personal administrativo para que simplemente acompañe a una comisión interventora a cumplir con su trabajo”, señaló.
Javier del Cioppo, quien es docente y fue vicerrector de Borodulina, cree que la gestión de la CIFI debió darse “sin intromisión externa y ajena a la vida institucional, minimizando tiempo y costos, sin inflar el aparato administrativo público”.
La aprobación de un nuevo estatuto es otra de las gestiones que realiza la CIFI, y que generaría nuevos vicerrectorados, además del académico, pues se sumarían el de investigación y posgrado, y el de vinculación.
“Prácticamente estamos fundando otra universidad con la expectativa de una verdadera Universidad Agraria”, sostuvo Álvarez.
Crear la Facultad de Agricultura de Precisión y retomar la carrera de Veterinaria, en la extensión de Milagro, son otros de los proyectos para este año.
Sin embargo, la Universidad Agraria aún se enfrenta al desafío de desterrar las irregularidades. En su comparecencia ante la comisión legislativa, Álvarez dijo que había calma en la entidad. Sin embargo, la asambleísta Ana Belén Yela lo cuestionó y resumió: “(Decir que) La universidad está ‘tranquila’ no es una respuesta”.
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