Edison Mena: "La tasa de seguridad genera más contrabando"

Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros(ACC), explica por qué la exigencia ecuatoriana del transporte directo no representa a los intereses del sector de carga pesada de ninguno de los dos países y desmonta el argumento de la reciprocidad.

Ecuador impuso desde el 1 de febrero de 2026 una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación del gobierno de Petro en el control del narcotráfico fronterizo. Colombia respondió con aranceles recíprocos a 73 productos, impuso restricciones adicionales y suspendió la venta de electricidad. El 1 de marzo, Ecuador escaló el gravamen al 50% y Colombia respondió con un decreto equivalente a más de 190 productos. 

Las comunicaciones diplomáticas han sido ineficientes. Ahora, Colombia busca un mediador internacional — llegó a pedirle a Washington que intermedie — mientras en la frontera el único paso habilitado entre los dos países lleva cuatro días cerrado de forma intermitente y el comercio formal ha caído más del 85%.

— El transporte directo estuvo vigente más de 20 años y se suspendió con la pandemia. Ecuador quiere que vuelva como condición para negociar. ¿Qué implicaría eso para el sector?

Significa restablecer lo que se conoce como transporte directo: que un camión cargue en Ecuador y lo descargue en Colombia y viceversa sin cambiar de vehículo. Hoy en la frontera hay un sistema de transbordo donde cada país mueve la carga en su propio territorio — eso da trabajo a almacenadoras, cargueros y agencias de aduana de los dos lados —. Restablecer el paso directo elimina ese trabajo.

— La Cancillería ecuatoriana anunció que Colombia había aceptado el paso de camiones sin trasbordo. Colombia lo desmintió. ¿Qué ocurrió?

No puede haber un acuerdo sobre transporte sin que el sector esté en la mesa. Cuando salió ese comunicado declaramos alerta máxima: aceptar el transporte directo sin condiciones es volver a algo que ya vivimos y que fue un desastre para el transportador de los dos lados.

— ¿Por qué fue un desastre?

Generó contrabando y monopolio. Los camiones ecuatorianos cruzaban con tanques modificados — 400, hasta 500 galones — y vendían diésel subsidiado en el Cauca. Con ese ahorro ofrecían fletes que ningún colombiano podía igualar. Las empresas grandes aprovecharon esa ventaja y monopolizaron la carga de los dos lados. Los transportadores, en Colombia y en Ecuador, quedaron sin trabajo.

— ¿Y no se intentó una fórmula intermedia?

Sí, las llamadas cargas de difícil manejo — oleína, vidrio, oxígeno, productos que técnicamente no se pueden transbordar con facilidad —. Parecía razonable. El problema es que eso abrió una puerta que no se pudo cerrar. Primero empezaron a meter en los camiones refrigerados carga seca — mercancía común que no necesita frío, cajas, sacos, productos manufacturados —. Como eso pasó sin problema, comenzaron a meter esa misma carga en trailers normales. Cada excepción se convirtió en la norma siguiente. Por eso hoy Colombia no acepta ningún tipo de flexibilización: porque ya lo vimos funcionar y sabemos dónde termina.

— Si se ofrecieran condiciones iguales para los dos lados, ¿los transportadores colombianos estarían dispuestos a cruzar al Ecuador y los ecuatorianos a Colombia?

No. Ninguno quiere, ni de un lado ni del otro. Hay un decreto de la época del presidente Correa que nunca fue derogado que prohíbe al transportador colombiano abastecerse de combustible en Ecuador a precio subsidiado. En la práctica nos tocaba tanquear a medianoche dándole diez dólares al bombero, con el riesgo de que si pasaba una patrulla nos sancionara. Esa era la realidad de operar en Ecuador. Hasta ahora en Ecuador los combustibles son más baratos y eso genera una traba.

— El Ministerio de Producción de Ecuador dice que los camiones colombianos pueden entrar a Ecuador pero los ecuatorianos no pueden entrar a Colombia. ¿Es así?

Al colombiano no le interesa entrar al Ecuador y no entramos. Los costos operativos son mucho más altos y las condiciones nunca fueron favorables. Cuando intentamos operar allá, el transportador ecuatoriano nos lo impidió a la fuerza — nos detuvieron tractomulas en Tulcán con carga completamente legal, vehículos habilitados, toda la documentación en regla —. Nos amenazaban con quemarnos por cargar mercancía ecuatoriana con camiones colombianos. Que el gobierno ecuatoriano presente eso como una ventaja que Colombia disfruta dice mucho de cómo están leyendo el problema desde Quito.

— El gobierno ecuatoriano dice que la tasa financia la seguridad. ¿Qué está pasando hoy en la frontera?

El comercio formal en Rumichaca cayó más del 85%. Productos ecuatorianos de consumo diario — arroz, aceite, frijol — que antes cruzaban legalmente generando impuestos y trabajo ahora entran a Colombia por trochas. No permitir el trabajo legal es abrir la puerta al trabajo ilegal. El contrabando creció y con él la inseguridad. Una tasa que supuestamente recauda para financiar seguridad está generando exactamente lo contrario. Si no hay exportaciones ni importaciones, ¿de dónde van a salir esos recursos?

— ¿Qué tan grande es ese contrabando y a dónde llegan esos productos?

No vamos a compararlo con el volumen del comercio formal — eso no es posible —. Cientos de toneladas cruzaban legalmente por Rumichaca; por las trochas pasan kilos. Pero el incremento es significativo y real. Son productos de consumo diario que abastecen principalmente la región: Ipiales, Pasto, el departamento de Nariño. Para las comunidades fronterizas ese contrabando se volvió la única forma de conseguir productos que antes llegaban con factura, con impuestos, con trabajo formal detrás.

— ¿Entonces la tasa está generando más inseguridad que la que dice combatir?

Exactamente. Un gobierno que impone una medida que afecta el trabajo de su propio pueblo, que destruye los ingresos de sus propios ciudadanos — no hablemos de Colombia, hablemos solo del Ecuador —. Eso es lo que está generando esta implementación. La tasa no está atacando al crimen organizado. Está acabando con el comercio legal y empujando a la gente hacia la economía ilegal. Antes es todo lo contrario de lo que dice ser.

— El 9 de marzo su gremio inició un paro indefinido en Rumichaca. ¿Qué tan efectivo puede ser si los gremios ecuatorianos temen sumarse por judicializaciones?

Ese es precisamente el riesgo. Un paro solo del lado colombiano no presiona a Noboa — puede decir que no son sus connacionales, que no es su país —. La única acción que tiene sentido es binacional: que la Asociación de Transporte Pesado del Carchi y nosotros estemos comprometidos por igual. Representamos al mismo tipo de transportador, el que vive de uno o dos camiones.

— ¿Ven una salida pronta a este conflicto?

Los caminos de solución son difíciles de vislumbrar. Las comunicaciones entre los dos gobiernos están cerradas y ninguno quiere negociar. Nuestra única exigencia es que ambos deroguen la tasa de seguridad y todo vuelva a como estaba antes del primero de febrero. Que las poblaciones de frontera puedan trabajar.

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