“La justicia que tarda no es justicia”, dice Aguiñaga tras condena en Las Malvinas
Once militares fueron condenados a 34 años por la desaparición forzada y muerte de cuatro niños y adolescentes en Guayaquil
“La justicia que tarda no es justicia. Todo el peso de la ley para los responsables de este crimen”. Con esas palabras, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, reaccionó al veredicto que declaró culpables a once militares por la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro adolescentes en el denominado caso Las Malvinas, uno de los procesos judiciales más sensibles y simbólicos en materia de derechos humanos en Ecuador.
En un pronunciamiento publicado en sus cuentas oficiales, Aguiñaga también dirigió un mensaje a quienes —según señaló— intentaron desacreditar a las víctimas. “A quienes intentaron difamar a las víctimas y negar el horror: cargarán con esa infamia para siempre. Nada devolverá sus vidas. Su ausencia es una herida abierta en la memoria de un país que no olvida y no debe olvidar”, expresó. Cerró su mensaje con un abrazo “con respeto y dolor” a los familiares de los jóvenes.
Condena máxima para once militares
El fallo fue emitido este 22 de diciembre por el juez Jovanny Suárez Chávez, quien declaró culpables a once miembros de las Fuerzas Armadas y les impuso la pena máxima de 34 años y ocho meses de privación de libertad. La sentencia también alcanzó a otros cinco cooperadores eficaces, quienes recibieron una condena reducida de 30 meses de cárcel, en consideración a su colaboración con la Fiscalía durante el proceso.
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Además de las penas privativas de libertad, el Tribunal dispuso medidas de reparación integral, entre ellas el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, y la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados tras su detención.
Disculpas públicas y rectificación oficial
La resolución judicial ordena también la implementación de procesos de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar y la publicación de disculpas públicas en un medio de prensa escrita. Tanto la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como los sentenciados deberán difundir un extracto de la sentencia dirigido a los familiares de las víctimas.
Ese comunicado deberá llevar por título “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas” y establecer de forma expresa que los cuatro jóvenes no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada, aclarando que las versiones difundidas previamente carecían de sustento jurídico.
Un oficial ratificado en inocencia
En la misma resolución, el Tribunal ratificó el estado de inocencia del teniente coronel Juan Francisco, y ordenó levantar todas las medidas cautelares, tanto reales como personales, que pesaban en su contra.
El juez informó que la sentencia escrita y debidamente motivada será notificada en las casillas judiciales y correos electrónicos de las partes procesales, a partir de lo cual podrán presentarse los recursos que contempla la ley. Con ello, el Tribunal dio por concluida la diligencia y dispuso el cierre de la audiencia.
La investigación: desaparición forzada tras un operativo militar
El caso Las Malvinas investigó la desaparición forzada y posterior muerte de Josué, Nehemías, Steven e Ismael, ocurrida tras un operativo militar ejecutado en el sur de Guayaquil, en diciembre de 2024.
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De acuerdo con lo probado en juicio, los adolescentes fueron detenidos por una patrulla militar y trasladados fuera de todo procedimiento legal, sin notificar a la Policía Nacional, a la Fiscalía ni a sus familiares sobre su paradero. El Tribunal concluyó que las víctimas no tenían vínculos con actividades delictivas y que fueron objeto de un uso ilegítimo de la fuerza, seguido de ocultamiento deliberado de información.
- Por la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal involucrada, el caso fue considerado de alta relevancia nacional y emblemático en materia de derechos humanos.
Ocultamiento, violencia y traslado irregular
En su resolución, el juez Suárez sostuvo que los militares incurrieron en una ocultación intencional de información, al mantener un acuerdo para no revelar la detención de los cuatro adolescentes ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024.
Según el fallo, los jóvenes fueron aprehendidos en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, y subidos a camionetas sin un destino claro. En lugar de ser trasladados a una dependencia policial o puestos a órdenes de la Fiscalía, la patrulla siguió una ruta no autorizada hacia Taura, en el cantón Naranjal.
Los testimonios de los cooperadores eficaces revelaron que durante el trayecto los adolescentes fueron golpeados, amenazados con armas y sometidos a disparos disuasivos cerca de ellos. También se les obligó a despojarse de su ropa y arrojarla a un sitio donde había fuego. Finalmente, fueron abandonados en una zona peligrosa y deshabitada, pese a que los militares conocían las condiciones del lugar.
- El Tribunal determinó que la patrulla Tango Charlie incumplió la obligación de informar al ECU 911 y a la Policía Nacional sobre la custodia de los menores, y recalcó que el subteniente John Henry Zabala, como responsable del grupo, fue quien impartió las instrucciones de forma verbal.
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