Militares son declarados culpables y sentenciados en el Caso Las Malvinas
Once militares recibieron la pena máxima por desaparición forzada, mientras que 5 cooperadores eficaces fueron a 30 meses
El juez Jovanny Suárez Chávez declaró culpables a 11 militares en el denominado Caso Las Malvinas y les impuso la pena máxima de 34 años y ocho meses de privación de libertad. La resolución también incluyó sanciones para 5 cooperadores eficaces, quienes recibieron una condena de 30 meses de cárcel en atención a su colaboración con la Fiscalía.
Además, el fallo ordena el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados, la implementación de procesos de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar y la publicación de disculpas públicas en un medio de prensa escrita. La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y los sentenciados deberán difundir un extracto de la sentencia dirigido a los familiares de las víctimas.
El comunicado deberá titularse “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas” y establecer de forma expresa que los jóvenes no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada, aclarando que las afirmaciones previas carecían de sustento jurídico.
En la misma resolución, el Tribunal ratificó el estado de inocencia al teniente coronel Juan Francisco y ordenó levantar todas las medidas cautelares de carácter real y personal que pesaban en su contra. También informó que la sentencia escrita, debidamente motivada, será notificada en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados por las partes, a partir de lo cual podrán interponerse los recursos correspondientes. Con estas disposiciones, el Tribunal dio por concluida la diligencia y ordenó el cierre de la audiencia.
Investigación del caso
El caso Las Malvinas investigaba la desaparición forzada y posterior muerte de Josué, Nehemías, Steven e Ismael, ocurrida tras un operativo militar ejecutado en el sur de Guayaquil en diciembre de 2024. Según lo establecido en el proceso judicial, los jóvenes fueron detenidos por una patrulla militar y trasladados fuera de los procedimientos legales, sin que se informara a las autoridades competentes ni a sus familiares sobre su paradero.
Durante el juicio, el Tribunal concluyó que las víctimas no tenían vínculos con actividades delictivas y que fueron objeto de un uso ilegítimo de la fuerza, seguido de ocultamiento de información. El caso fue considerado de alta relevancia nacional por las implicaciones en materia de derechos humanos y por la responsabilidad del Estado en los hechos investigados.
Hechos establecidos: ocultamiento y traslado irregular
En su resolución, el juez Suárez sostuvo que los agentes incurrieron en una ocultación intencional de información, al mantener un acuerdo para no revelar la detención de los cuatro adolescentes ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024.
El magistrado explicó que los jóvenes fueron aprehendidos en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, y subidos a camionetas sin destino claro. En lugar de trasladarlos a una dependencia policial o a la Fiscalía, los militares siguieron una ruta no autorizada hacia Taura, en el cantón Naranjal.
Los testimonios de los cooperadores revelaron que durante el trayecto los adolescentes sufrieron agresiones físicas, golpes con armas y disparos disuasivos cerca de ellos. También se les obligó a despojarse de su ropa y arrojarla a un lugar donde había fuego. Finalmente, fueron abandonados en una zona peligrosa y deshabitada, pese a que los militares eran conscientes de las condiciones del lugar.
El Tribunal Penal señaló que la patrulla Tango Charlie incumplió la obligación de informar al ECU 911 y a la Policía Nacional sobre la custodia de los menores. Asimismo, se recalcó que el subteniente John Henry Zabala era el responsable de la patrulla y el autor de las instrucciones impartidas de manera verbal.
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