Isla Santay agoniza por cierre del puente y falta de turismo

El cierre total del acceso peatonal a la isla Santay y el colapso de su infraestructura turística han dejado sin sustento económico a más de 300 habitantes de esta zona protegida frente a Guayaquil. La restricción de ingreso, agudizada tras el impacto de una embarcación contra el puente en noviembre pasado, mantiene aislada a la comunidad, que ahora enfrenta no solo la falta de visitantes y servicios básicos, sino también el asedio de grupos delictivos que exigen pagos extorsivos a los pescadores para dejarlos trabajar en el río Guayas.

Una isla que flota en el olvido

La isla Santay respira abandono. En los rostros apagados, las miradas perdidas y la angustia por la falta de ingresos de sus pobladores se refleja la difícil realidad que atraviesa esta comunidad. Los más de 300 comuneros que habitan el lugar coinciden en que el cierre definitivo del puente que unía la isla con Guayaquil ha golpeado a todos sin excepción.

Un equipo periodístico de EXPRESO atendió el llamado ciudadano y se trasladó por vía fluvial (hoy la única forma de acceso a la isla) para constatar de cerca las carencias que enfrentan sus habitantes. Según relataron los entrevistados, el turismo prácticamente desapareció de Santay y, con ello, decenas de familias se quedaron sin su principal sustento.

Tal como lo ha informado este Diario, el deterioro de la estructura que enlaza la urbe porteña con la Santay se agravó en los últimos años. Sin embargo, fue en noviembre pasado cuando el impacto de una embarcación contra el puente derivó en su cierre total. Aunque el tramo afectado fue reparado, el paso continúa restringido debido al mal estado general de la caminera.

“No dejan pasar a turistas ni en bicicleta ni caminando. Solo a los comuneros nos dejan entrar y salir, pero bajo nuestra responsabilidad”, contó Bartolo Domínguez, administrador de la isla, quien detalló las dificultades cotidianas que enfrentan.

Camineras con hueco 

“Toda la caminera desde Guayaquil hasta Santay está llena de huecos y es un peligro para todos, pero la solución no puede ser cerrarla, sino arreglarla. Muchas familias viven del turismo y hacer esto (impedir el paso) es un ataque directo a nuestra economía”, agregó el comunero.

Elsa Rodríguez explicó que desde hace casi cuatro meses no percibe ingresos. “Trabajaba como guía. Ganaba entre 20 y 40 dólares por fin de semana, pero servía para vivir. Ahora no hay nada de ingresos”, comentó la mujer.

El comedor comunitario también se cuenta entre los espacios afectados. Allí laboraban alrededor de ocho personas, entre cocineros y personal de limpieza, que hoy se encuentran sin empleo. “Necesitamos trabajar, no podemos seguir así”, expresó una de las exempleadas, quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

El sentimiento de frustración es generalizado entre los habitantes, quienes advierten que, además del golpe económico, su integridad está en riesgo al transitar por una caminera con tablones deteriorados y sin medidas de seguridad.

EXPRESO recorrió varios kilómetros del trayecto que conecta la ecoaldea con el puente y constató un panorama repetitivo: grandes huecos por la ausencia de tablones, falta de pasamanos y un riesgo latente de caídas. Durante la caminata, que tomó más de una hora, se presentaron varios momentos de peligro.

“Hay que tratar de caminar por las vigas, aquí es un poco más seguro, pero nunca se sabe”, le recomendaba al equipo de este Diario el comunero Jacinto Domínguez, quien acompañó gran parte del recorrido.

Inseguridad y desatención estatal

En la ecoaldea la situación es aún más compleja. “Si lo de afuera, que es turístico, no es atendido, imagínese acá adentro. Acá hay puro hueco y riesgo”, se quejó Domínguez, quien recordó que varios turistas e incluso funcionarios han sufrido caídas.

EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio de Ambiente, entidad responsable de la administración de Santay, para conocer qué tipo de gestión se está ejecutando o se hará para solucionar el problema y ayudar a las familias, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Mientras el Estado guarda silencio, los comuneros mantienen una lista de pedidos que, según dicen, avanzan con lentitud. “Los paneles solares llegaron luego de años de pedidos. Ahora esperamos que lleguen las camineras, que es nuestra mayor dificultad, pero la problemática no se limita a eso”, indicó Petra Domínguez, quien denunció que la falta de agua potable es otra necesidad urgente.

“Nunca hemos tenido agua potable. Siempre hemos tenido que traer agua de Guayaquil en gabarras o en galones. Algunas familias con menos posibilidades toman agua del río y la tratan de forma casera para usarla”, detalló.

A ello se suma la inseguridad en el río. Pescadores denuncian que deben pagar extorsiones de “entre $20 y $40 semanales” para poder faenar en el golfo. “Los que tienen barcas más modernas pagan más y los más humildes pagamos $20”, reveló con evidente preocupación un pescador, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias de grupos criminales.

“Hay compañeros que han sido desaparecidos por ellos. No queremos correr la misma suerte”, dijo con voz temerosa, al recordar que antes de acceder a los pagos fue víctima, en dos ocasiones, del robo del motor de su embarcación.

Los moradores de la isla Santay les hacen un pedido a las autoridades. “No nos dejen morir, no hagan que se retroceda 20 años. Necesitamos que se reactive la isla, por favor”, comentaron los comuneros con tono de desesperación.

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