Maltrato animal en Guayaquil: Esta sería la sanción por perros muertos en Isla Santay
Dirección municipal de Protección de los Derechos de los Animales anunció que se investigará lo denunciado en redes sociales
Un presunto caso de maltrato animal ocurrido en una camaronera en la Isla Puná ha generado conmoción y rechazo en redes sociales, luego de que se difundieran videos de posibles actos de tortura y muerte de varios perros.
De acuerdo con la información preliminar, en estos hechos estaría involucrado personal que labora en dicha instalación, algo que la Alcaldía de Guayaquil aseguró que se investigará.
Tras la circulación del reporte ciudadano, el Municipio activó los protocolos correspondientes para verificar lo sucedido.
La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales, conocida como Pro Animal, anunció que se trasladará hasta el lugar de los hechos para hacer un informe técnico que permita determinar si existieron prácticas contrarias a la normativa vigente en materia de bienestar animal.
La Ordenanza que regula la protección y control de la fauna urbana prohíbe de forma expresa actos como el ahogamiento, la sofocación y el enterramiento de animales vivos, los cuales, según la denuncia difundida, habrían sido presuntamente cometidos contra los perros.
En caso de confirmarse estas acciones, las autoridades municipales han señalado que se procederá con la aplicación de sanciones administrativas.
Estas son las sanciones que se aplicarían
Según la normativa local, este tipo de conductas se catalogan como infracciones muy graves.
Las sanciones contemplan multas que van de tres a siete salarios básicos unificados (entre 1.446 y 3.374 dólares), además de la imposición de hasta 300 horas de servicio comunitario.
La Comisaría Municipal será la instancia encargada de ejecutar estas sanciones, una vez que se cuente con los resultados oficiales de la inspección técnica.
Paralelamente, el caso podría tener implicaciones penales. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 250.1, tipifica como delito la muerte de animales de fauna urbana, estableciendo penas privativas de libertad de seis meses a un año.
En los casos en los que se compruebe la existencia de crueldad, la sanción puede incrementarse de uno a tres años de prisión.
Ante este escenario, la Municipalidad instó a la Procuraduría Síndica a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, con el objetivo de que se inicie una investigación penal y se determinen responsabilidades conforme a la ley.
Las autoridades reiteraron que no tolerarán actos de violencia contra los animales y aseguraron que el caso será tratado con el rigor que exige la normativa vigente.
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