Contrato de parquímetros en Samborondón factura millones bajo quejas de usuarios

Siguiendo los reportajes de EXPRESO que exponen el margen de recaudación de los parquímetros en Guayaquil, la alianza estratégica con la empresa privada Technorent también se replica en la parroquia La Puntilla de Samborondón, del otro lado del río Guayas. El sistema enfrenta quejas ciudadanas por fallas técnicas en los equipos y el estricto cobro de multas de tránsito, reflejadas en los montos recaudados en 2025. 

Dos contratos mellizos

Casi paralelamente a Guayaquil, la ciudad de Samborondón firmó en 2017 un contrato con Technorent para la instalación, mantenimiento y operación del sistema de parquímetros. En ambos casos, las administraciones eran presididas por el Partido Social Cristiano (PSC).

Casi diez años después, en la parroquia La Puntilla, el contrato ha logrado extenderse al punto de abarcar 885 espacios tarifados, dejando una recaudación por el espacio público (entre las alcancías de las máquinas y las multas) de $1’843.373,52 en 2025. Así lo detalla la información proporcionada por la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV), a cuyos directivos se les solicitó una entrevista. Sin embargo, optaron por remitir las cifras por escrito.

A diferencia del contrato de Guayaquil (donde el 80 % es para el contratista), en Samborondón la empresa Parqueo Positivo (Technorent) recauda el 70 % de lo depositado para ocupar el espacio público. 

Ese rubro representó $765.386,82 para el privado y apenas $328.022,92 para la ciudad (ATV).

El peso económico de las infracciones

Sin embargo, las multas son otro cantar, un peso sobre los conductores que muchos tachan de injusto.

“Un día me pusieron una multa fuera de horario. Me da coraje solo recordarlo, porque yo tenía claras las reglas. Me bajé a comprar algo en Arcos Plaza y, al regresar, estaba la multa”, relató el ciudadano Luberth Sornoza, añadiendo que tuvo que impugnar la sanción.

La penalidad equivale al 10 % de un Salario Básico Unificado (SBU), lo que para 2025 representó $47. Las multas cobradas, según la ATV, se quedan en un 100 % para la empresa pública de tránsito, logrando un total de $749.963,78 el año pasado.

Pero el detalle es que, por cada multa emitida, se le proporciona un valor fijo de $15 al contratista por “gestión operativa”. La ATV respondió a EXPRESO que, por este concepto, se pagó a Technorent el valor exacto de $230.642,96 del total recaudado. Sacando cálculos, esto equivale a un estimado de 15.376 multas emitidas por parquímetros en Samborondón tan solo en 2025.

“No son flexibles. Ni bien faltan segundos para que se acabe el tiempo pagado, ya están ahí ‘cazando’ para poner la multa”, le contó Katherine Pino a este Diario, mientras se bajaba de su auto en la zona tarifada de la avenida Los Arcos.

Millones, que deberían garantizar mantenimiento

EXPRESO hizo un recorrido por los espacios tarifados de La Puntilla. Algunos parquímetros estaban siendo “intervenidos” por trabajadores de Parqueo Positivo, quienes sellaban parte de la carcasa metálica del dispositivo con un líquido similar al silicón. “Por más que esto sea un dispositivo electrónico, le entra agua y se puede dañar”, confesó un colaborador del contratista, quien señaló a las lluvias como un posible causante de averías.

En carne propia lo vivió Esteban Rocuano, quien conversaba con este equipo periodístico mientras se quejaba de una falla en el sistema. “Acabo de poner una moneda y no me marca el espacio. No veo a ningún técnico o cobrador cerca para señalarle. Voy a hacer un trámite rápido; espero que no me pongan la multa”, dijo preocupado, antes de subir a la Clínica Kennedy de Samborondón.

“Dependiendo de la economía de la gente, el cobro es o no un problema. Gracias a Dios, para mí no lo es, pero sí insto a que los vigilantes de Parqueo Positivo sean más flexibles con quienes se pasan unos minutos”, manifestó Steven Suárez antes de pagar su espacio frente al edificio Xima. Él no recuerda haberse encontrado con una máquina averiada en La Puntilla, pero señaló haber sufrido fallas con las instaladas en Urdesa, en Guayaquil.

Un modelo cuestionado hasta el final de su vigencia

Ante los constantes cuestionamientos ciudadanos, la ATV justificó el modelo de cobros señalando que el sistema “no tiene un fin recaudatorio, sino que constituye una herramienta de gestión del tránsito”. Y aseveró que el 100 % de los recursos que ingresan a la entidad se destinan a mejorar la señalización y la seguridad vial.

Esta alianza estratégica atará a Samborondón con el contratista hasta 2027, fecha en la que culminan sus 10 años de vigencia. Un tiempo ligeramente más corto que el de Guayaquil, donde el acuerdo está blindado hasta 2030.

Sin embargo, expertos como Alejandro Chanabá (ESPOL)  y Darwin Manzano (ITB) advirtieron en reportajes previos de este Diario que estos sistemas no deben ser un mero ejercicio de venta de tiempo estático. Bajo esa lupa, los reclamos apuntan a Technorent, un operador que no justificaría económicamente mantener equipos vulnerables a la lluvia.

Solo durante 2025, al sumar su porcentaje de tarifas y el cobro operativo de las multas en Guayaquil y Samborondón de forma simultánea, la empresa privada facturó casi tres millones de dólares ($2’970.441,88). Cifras millonarias que, a criterio de los usuarios, no se reflejan en la excelencia del servicio.

“Presiono para que se marque a la derecha y no marca, pero el carro de la izquierda ya tiene tiempo consumido”, reclamaba María Pincay, quien recibió la venia de un operador de Parqueo Positivo para dejar su auto sin pagar, al evidenciar el fallo.

EXPRESO solicitó una entrevista con los representantes legales de Technorent al correo registrado en la Superintendencia de Compañías (SuperCias) y se mantiene a la espera de una respuesta.

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