Parquímetros: El contrato “inauditable” que deja poca ganancia a Guayaquil

Los conductores que utilizan los parquímetros en Guayaquil financian un modelo de negocio que proyecta recaudaciones millonarias para el sector privado, mientras deben pagar tarifas extras a cuidadores informales por falta de seguridad. Bajo la supervisión de la ATM, la operación a cargo de Technorent S.A. entrega hasta el 85 % de los ingresos a la empresa, una desproporción que contrasta con los $ 360.000 que ingresaron a las arcas municipales en el último año.

Hasta una ‘triple tarifa’ sin garantías 

El parquímetro pasó de ser un aparato de justicia espacial a una mala suerte de hasta tres cobros en Guayaquil. Esta distorsión nace de intentar democratizar el espacio público en una ciudad asediada por la delincuencia: el usuario paga por el estacionamiento, pero no por la seguridad del vehículo.

Además, la rigidez del sistema es absoluta: excederse un minuto del tiempo pagado conlleva la misma multa que evadir el pago por una hora.

Ante el riesgo, el conductor termina cediendo ante el ‘cuidador’, personaje que solo va ‘armado’ con su franela.

“Tengo que pagar al aparato un dólar. El cuidacarros me pasa una volante arbitraria diciendo que su vigilancia cuesta tres dólares por adelantado. Y, si ocurre un imprevisto, llega la multa de la ATM (7 % del SBU)”, lamenta Lucas Valarezo, quien resume el sentir ciudadano: “Por cualquier lado te sacan plata”.

¿A dónde se va la plata de los parquímetros y cuánto es? 

¿Cuánto recaudan los parquímetros al año? La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó a este Diario un ingreso de $ 360.000 en 2025.

El problema es que esa cifra no es el total, sino apenas el remanente de una alianza estratégica. Según los pliegos contractuales con Technorent S.A. (operadora de Parqueo Positivo), la distribución de los ingresos se regía en 2018 por una lógica donde el privado percibe hasta el 85 % de la recaudación para amortizar su inversión tecnológica y operativa, mientras que la entidad municipal recibe la diferencia. 

Para dimensionar la magnitud del negocio, basta remitirse al historial operativo. Entre 2018 y 2019, con apenas 603 parquímetros instalados, el sistema generó un ingreso bruto de $951.470. De ese monto, la compañía retuvo $756.419. Hoy el escenario es exponencialmente mayor: la ciudad cuenta con 1.051 dispositivos, casi el doble que en el periodo citado.

Bajo ese modelo (que la ATM no respondió si cambió o no con los años), si se aplica la proyección financiera al ingreso de $ 360.000 reportado por la entidad en 2025 (asumiéndolo como su participación minoritaria del 15 %), la lectura es drástica: la recaudación bruta que salió de los bolsillos de los guayaquileños pudo ascender a $ 2,4 millones.

De esa cifra total, se estimaría que $ 2,04 millones quedaron en manos del contratista. Este modelo era conocido también por el actual gerente de la ATM, Fernando Navas, pues en 2018 se desempeñaba en la institución como director de planificación. 

EXPRESO solicitó a Parqueo Positivo el detalle de sus ingresos totales, pero la empresa indicó que toda consulta corresponde a la ATM. La entidad municipal, por su parte, tampoco desglosó los montos globales y aseguró estar “a la espera de la información”.  

Un sistema “inauditable” y sin ordenanza

La última vez que se discutió la articulación de una ordenanza que regule los espacios tarifados ante estas problemáticas fue en mayo de 2025, a través de mesas técnicas en las que participó el Concejo de Guayaquil. Ocho meses después, este Diario contactó a los ediles para conocer el porqué de este silencio administrativo, y solo contestaron tres.

Nelly Pullas admitió que todo es perfectible y dijo estar a la espera de que “convoquen una vez más” para seguir aportando. El concejal Arturo Escala remitió un documento similar a un “ayudamemoria”, en el que adelantó que para el segundo semestre de 2026 se tendrían estudios de factibilidad para “regular los estacionamientos en el casco central”.

Sin embargo, la denuncia frontal al hermetismo llegó por parte de la edil Ana Chóez, quien expuso que la falta de reforma no es por tiempo, sino por opacidad. Chóez citó hallazgos de la Contraloría General del Estado que la administración ha mantenido en segundo plano: la existencia de 31 parquímetros instalados sin la debida autorización del Concejo y el pago duplicado de 78 multas a favor del aliado estratégico.

“La demora de la ATM en entregar información completa sobre lo recaudado impide evaluar si el sistema cumple su función. No podemos reformar algo de lo que no tenemos información confiable”, sentenció la edil. 

Obsolescencia y falta de control digital

Lo recaudado no renueva la obsolescencia tecnológica. La aplicación de pago ‘inteligente’ no es priorizada y presenta fallas constantes. “El chatbot no responde bien y la máquina se suele tragar las monedas”, denuncia María Rodríguez. Otra usuaria, Paula Sánchez, reportó encontrarse con dispositivos cuyos botones ni siquiera asignan correctamente la plaza ocupada.

Y, como detalle, las notificaciones de multa impresas por Parqueo Positivo aún usan el logo de la anterior administración municipal.

Desde la academia, la crítica apunta a la obsolescencia operativa del modelo. Alejandro Chanabá, experto en transporte de la Espol, cuestiona la “injusticia e inflexibilidad” de un sistema donde el usuario paga lo mismo por un minuto que por una hora, a menudo supeditado al uso arcaico de monedas.

Para el catedrático, la tecnología actual incumple su promesa de orden y empuja al conductor a un “cobro triple”: la tarifa oficial, el pago al cuidador informal y el costo de reposición ante robos. “El sistema debería leer placas y garantizar seguridad, no solo cobrar”, sostiene Chanabá, quien urge un “Master Plan” que integre sensores y códigos QR.

La falta de modernización también impide la fiscalización de los recursos. Noel Batista, experto en Administración Pública de la UBE, advierte que la ciudad debe migrar urgentemente de procesos analógicos a una “gobernanza digital”. Sin la implementación de “sistemas de control inteligente”, es imposible tener certeza técnica sobre la disposición real del dinero recaudado, perpetuando un ciclo en el que la administración pública carece de herramientas para auditar en tiempo real un flujo de caja que, siete años después, sigue pareciendo una desproporción considerable.

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