Clausuran centro de adicciones en Yaruquí tras alerta por fallecido
Investigación por muerte destapa abusos en centro de adicciones en Yaruquí
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) activó de inmediato un operativo tras una alerta emitida por la Policía Nacional del Ecuador sobre el fallecimiento de un ciudadano en un presunto centro de tratamiento de adicciones ubicado en la parroquia rural de Yaruquí, al nororiente de Quito.
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La intervención fue coordinada con la Intendencia de Policía de Pichincha, la Agencia Metropolitana de Control, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional, instituciones que actuaron dentro del marco de sus competencias para verificar la situación en el lugar.
Durante la inspección, el equipo técnico de ACESS Zona 9 confirmó la presencia de 17 personas internadas. Entre ellas se encontraban tres menores de edad, dos adultos mayores, una persona con una enfermedad de salud mental y una mujer. Las condiciones en las que permanecían los pacientes encendieron las alertas de las autoridades.
Según el informe preliminar, las instalaciones de la vivienda adaptada funcionaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Además, se hallaron medicamentos sujetos a fiscalización que no contaban con receta ni prescripción emitida por un profesional de la salud autorizado.
Los testimonios de los internos también revelaron presuntas situaciones de maltrato físico y psicológico, falta de atención médica adecuada y restricciones a las visitas familiares. Durante el recorrido, las autoridades encontraron un bate que, según los relatos recogidos, habría sido utilizado como instrumento de castigo.
Ante estos indicios, personal médico, psicólogos y trabajadores sociales del Ministerio de Salud Pública evaluaron el estado de salud de cada uno de los pacientes. Las primeras indagaciones apuntan a posibles vulneraciones de derechos relacionados con la integridad física, el trato digno y el acceso a atención especializada.
Los menores de edad y otras personas en condición de vulnerabilidad fueron puestos a salvo por la Policía Nacional y entregados a sus familias, en algunos casos después de varios meses sin contacto, lo que generó emotivos reencuentros marcados por abrazos y lágrimas. Se dispuso la clausura preventiva del establecimiento y anunció el inicio del correspondiente proceso administrativo.
