Emergencia por lluvias y seguridad: cómo se enmarca la respuesta del Decreto 329
El país enfrenta lluvias intensas y un aumento de la inseguridad. El Decreto fija restricciones y medidas de control
Dos crisis que golpean al país. Ecuador transita por un momento complejo. A las intensas lluvias que ya han obligado a declarar una emergencia nacional por sus efectos adversos en infraestructura, ríos y comunidades, se suma la persistente preocupación por la inseguridad en zonas urbanas y corredores estratégicos.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha informado que las lluvias provocadas por el temporal invernal han generado inundaciones, deslizamientos y múltiples eventos adversos en numerosas provincias del país.
En paralelo, el Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 329, que refuerza el marco del estado de excepción en territorios donde se han reportado altos niveles de violencia y delitos, con la intención de regular la movilidad y reforzar la seguridad ciudadana.
Aunque la norma establece restricciones legales y medidas de control, la ciudadanía observa con escepticismo cómo se aplicarán estas respuestas múltiples.
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“Hemos pasado por tantos toques de queda en los últimos años y todo ha seguido igual o peor. Dudo de que ahora haya resultados. Ojalá me equivoque, pero es mi percepción”, dijo Josefina Macas, residente de La Alborada.
Qué establece el Decreto 329
El decreto mantiene restricciones de tránsito en puntos críticos, pero también establece excepciones para garantizar que ciertas actividades esenciales no se detengan. Esto incluye, entre otros, al personal de salud, transporte de alimentos, bomberos y servicios de emergencia, quienes podrán circular sin impedimentos.
Además, el texto legal recuerda que “la Constitución de Ecuador establece que garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos de las personas dentro del territorio nacional es responsabilidad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que estas instituciones pueden utilizar la fuerza en contextos de control del orden público y seguridad ciudadana durante estados de excepción.”
- Según el Decreto Ejecutivo 329, la medida entra en vigencia desde las 00:00 del 15 de marzo de 2026 y se mantendrá hasta la finalización de la renovación del estado de excepción del Decreto Ejecutivo 311, que está prevista para el 30 de marzo de 2026.
Este fragmento forma parte del fundamento jurídico del decreto y está dirigido a dar sustento legal a los operativos que se despliegan en las zonas afectadas.
En paralelo, se han intensificado los operativos de seguridad, con presencia de policías y militares en sectores considerados vulnerables, con el objetivo de prevenir delitos y asegurar que las restricciones de tránsito se cumplan.
La emergencia por lluvias como trasfondo real
Aunque el Decreto 329 no menciona nada ligado a las lluvias, la emergencia por el temporal invernal sí es una realidad actual. El Gobierno declaró emergencia nacional ante el impacto de las lluvias severas, que han causado inundaciones, desbordamientos de ríos y daños en infraestructura pública y privada.
En algunas localidades, como Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, por ejemplo, las inundaciones han sido tan intensas que incluso se suspendió temporalmente la consulta externa en el principal hospital local para evitar riesgos a pacientes y personal de salud.
Asimismo, reportes oficiales señalan que en varias zonas del país las lluvias han dejado muertos y miles de afectados, con ríos desbordados que ponen en riesgo el tránsito en carreteras y rutas secundarias.
Lo que enfrenta la ciudadanía
- Respetar las restricciones de tránsito, mantenerse informado sobre las zonas de riesgo e identificar rutas alternas y horarios críticos se ha vuelto esencial para la seguridad de las comunidades. Las medidas del estado de excepción y las alertas por lluvias se suman a un contexto de precaución constante, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre estar a salvo o enfrentar consecuencias graves.
- En zonas ribereñas y colapsadas por el invierno, vecinos aseguran que cada año las lluvias parecen ser más intensas y rápidas, lo que obliga a estar atentos con las alertas y las decisiones que toman las autoridades locales y nacionales.
- La combinación de lluvia, inundaciones y operativos genera una presión adicional sobre las familias y los servicios públicos, poniendo a prueba la coordinación entre instituciones y la capacidad de respuesta de la ciudadanía.
Frente a esta situación, los ecuatorianos dicen sentirse cansados. "No sabemos si preocuparnos primero por la lluvia o por la inseguridad. Las dos cosas no nos dejan descansar.. En todo caso no confío en que ninguna de las medidas ni restricciones tomadas ayuden a algo. Lo que necesitamos es mejor infraestructura, mayor inversión y obras, y mano dura. Eso es todo. Es voluntad política lo que se requiere. Lo que urge”, señaló Juan Romero, guayaquileño y conductor de taxi.
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"Antes la lluvia era noticia; ahora la inseguridad también es parte de nuestra rutina. Vivimos con doble tensión. ¿Qué pasará en estos 15 días? No lo sabemos, pero es agotador. Y no lo digo por el hecho de no tener que salir de casa, sino porque no creo que un decreto o restricciones nos ayuden a mejorar", señaló Kléber Angulo, vendedor informal del Puerto Principal.
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