¿Qué busca Noboa ordenando al Centro de Inteligencia revisar contratos públicos?
Empresas y personas que participan en contratos públicos estratégicos serán revisados por el Centro Nacional de Inteligencia
El control de la contratación pública suma un actor inesperado tras la reciente disposición del presidente Daniel Noboa de involucrar al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en la fiscalización. El Ejecutivo no solo busca eficiencia, sino que lanza un mensaje de control absoluto sobre los recursos del Estado.
La ruta del dinero y la seguridad nacional
La principal respuesta a qué busca el mandatario reside en la seguridad. En un contexto donde el crimen organizado ha permeado diversas instituciones, Noboa busca utilizar la capacidad tecnológica y de infiltración del CIES para identificar:
- Vínculos con el Narcotráfico:
Evitar que empresas que sirven de fachada para el lavado de activos del narcotráfico se conviertan en proveedores del Estado. Lo que ya se ha documentado con reportajes periodísticos.
- Inteligencia Preventiva:
A diferencia de una auditoría común, el CIES puede rastrear beneficiarios finales en paraísos fiscales o conexiones familiares que una revisión burocrática estándar pasaría por alto.
Un mensaje político de "mano dura"
Más allá de la técnica, esta medida tiene un trasfondo estratégico claro: desarticular las "mafias de sector" como la electricidad, los hidrocarburos y medicinas que han sido espacio de grupos mafiosos específicos.
Otro de los objetivos es lorgrar agilidad frente a la Contraloría, El Gobierno percibe que los procesos tradicionales de control son lentos. Con el CIES, el presidente obtiene información en tiempo real para frenar contratos antes de que se desembolse el dinero. Sin embargo, este mismo rol no ha puesto en práctica ante denuncias de casos de corrupción como HealthBird, casos Progen o ATM, en donde las instituciones han buscado seguir adelante pese a las alertas de la prensa y sociedad civil como la Comisión Nacional Anticorrupción.
¿Fiscalización o vigilancia?
La medida ha levantado cejas entre analistas. Mientras unos lo ven como una herramienta necesaria para combatir la corrupción estructural, otros temen que la opacidad propia de los servicios de inteligencia impida que los ciudadanos conozcan los resultados de estas investigaciones, ya que muchos informes del CIES suelen tener carácter de "reservado". En los últimos meses el gobierno ha usado informes reservados para revocar las visas de extranjeros opositores como Fernando Casado o la periodista cubana, con 20 años en el país, Alondra Santiago.
