¿De qué trata el decreto que ordena alertas de Inteligencia en contratos públicos?
Un decreto ordena al Centro Nacional de Inteligencia emitir alertas sobre riesgos en contratos públicos bajo régimen especial
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este 13 de marzo del 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 328 que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emita alertas y reportes de riesgo sobre las personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación pública bajo régimen especial dentro de las entidades de la Función Ejecutiva. La medida busca detectar posibles vínculos con redes criminales, corrupción o financiamiento ilícito antes de que se adjudiquen contratos estatales.
Alertas sobre empresas y personas que participen en contratos
Según el decreto, el CNI deberá elaborar informes técnicos dirigidos al Presidente de la República cuando identifique riesgos asociados a oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales que participen en estos procesos.
El análisis incluirá posibles nexos con estructuras criminales, lavado de activos, injerencia extranjera o amenazas a la seguridad del Estado, con el objetivo de prevenir que actores vinculados al crimen organizado accedan a contratos públicos.
Información deberá entregarse antes de adjudicar contratos
Para facilitar este control, el decreto ordena que ministerios y entidades de la Función Ejecutiva remitan al CNI, antes de adjudicar contratos, el listado completo de participantes en los procesos de contratación bajo régimen especial, incluyendo su estructura societaria y beneficiarios finales. La información será utilizada para realizar el análisis de riesgos y generar las alertas correspondientes.
La norma también dispone que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 proporcione, cuando sea requerido, datos de geolocalización necesarios para labores de inteligencia, y que la Dirección de Control Migratorio del Ministerio del Interior se incorpore como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia para apoyar estas tareas.
El decreto establece que estas disposiciones entran en vigencia desde su suscripción y deberán aplicarse incluso en los procesos de contratación pública que ya estén en marcha pero que aún no hayan sido adjudicados.
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