El agua detona un nuevo choque entre el Municipio de Guayaquil y la Asamblea

La respuesta del Municipio de Guayaquil no tardó en llegar. Menos de 24 horas después de que la Asamblea Nacional aprobara una resolución para pedir auditorías especiales a Interagua y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag-EP), el coordinador legal de la Alcaldía, César Poveda, dio una rueda de prensa en la que criticó el papel de la Asamblea y defendió la calidad y servicio de agua potable que recibe la ciudad.

Esto, pese a que ciudadanos han denunciado reiteradamente, como ha documentado EXPRESO, cortes sin explicación, trabajos de mantenimiento prolongados sin resultados visibles y episodios de turbiedad en el agua que sale de sus grifos.

Desde el Municipio, este 23 de enero, Poveda no solo rechazó el pedido del Legislativo, sino que lo calificó como inconstitucional, parte de una estrategia de persecución política contra gobiernos locales no alineados con el poder central y un intento por instalar —según dijo— una crisis ambiental que “no existe”.

El detonante: la resolución de la Asamblea

El origen del choque, como publicó EXPRESO, está en una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, mediante la cual se exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar auditorías especiales a Interagua y Emapag-EP.

El objetivo, según el texto legislativo, es evaluar la gestión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Guayaquil, en medio de reclamos ciudadanos, alertas técnicas y denuncias sobre descargas industriales sin tratamiento adecuado en el río Daule, principal fuente de abastecimiento de la ciudad.

Además de las auditorías, la Asamblea solicitó que las entidades auditadas presenten informes trimestrales al Legislativo y que estos sean de carácter público. Ese punto fue uno de los que más incomodó al Municipio.

“La Asamblea no puede fiscalizar a un GAD”

Poveda abrió su intervención cuestionando la legalidad del pedido legislativo. Afirmó que la Asamblea no tiene facultades constitucionales ni legales para fiscalizar a un gobierno autónomo descentralizado. “El único órgano con capacidad jurídica para fiscalizar a este municipio es el Concejo Municipal. Si hacen otra cosa, están alterando directamente el orden constitucional”, sostuvo.

En su lectura, el exhorto a la Contraloría, aunque no sea una orden directa, constituye una intromisión indebida en competencias que —dijo— no le corresponden al Legislativo.

Calificó el informe aprobado como “antijurídico, antitécnico y burdo”, y lo vinculó con lo que llamó “la vieja confiable del agua”, un tema que —según Poveda— se reactiva cada vez que se busca atacar políticamente a Guayaquil.

Un patrón político: Quito y Guayaquil

El funcionario fue más allá del plano técnico y colocó el episodio en un escenario de disputa política nacional. A su criterio, no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de presión contra gobiernos locales que no responden al Ejecutivo.  “Primero fue Quito, hoy es Guayaquil. Da la casualidad de que son gobiernos que no están alineados con los intereses del poder”, afirmó.

En ese marco, defendió al alcalde Aquiles Álvarez, a quien describió como una figura incómoda para el poder central, y denunció el uso de instituciones del Estado para “perseguir y amedrentar”.

La defensa técnica: calidad del agua y estudios

Tras el bloque político, Poveda entró en la defensa técnica del servicio de agua potable. Mostró documentos y estudios que, aseguró, desmontan la narrativa de contaminación.

Entre ellos destacó un certificado de calidad del agua emitido por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), con vigencia hasta 2028; cuatro estudios realizados en diciembre de 2025 por la Espol, que —según dijo— descartan la presencia de residuos fecales en el agua que consumen los guayaquileños; y un análisis adicional de Deltares, una firma técnica de origen holandés. 

“El agua que consumen los guayaquileños es la de mayor tratamiento a nivel nacional”, aseguró.

Poveda reconoció problemas históricos en el manejo de aguas residuales, pero los atribuyó al crecimiento demográfico y a obras heredadas inconclusas.

La planta Los Merinos y la herencia municipal

Uno de los ejes de su defensa fue la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos. Según Poveda, cuando la actual administración asumió el control del Municipio, la obra tenía apenas un 13 % de avance, pese a que debía estar terminada años atrás.

Actualmente —afirmó— el proyecto registra un 71 % de ejecución, y forma parte del plan de acción que, según la Asamblea, no se estaría cumpliendo. “Dicen que el plan no existe, pero es la obra que está en ejecución”, señaló.

Poveda también confirmó la notificación de un procedimiento sancionador administrativo contra Emapag-EP e Interagua, por un monto de 71.000 dólares para cada entidad.

Sostuvo que se trata de un intento de sancionar dos veces los mismos hechos, lo que —en términos jurídicos— constituiría una violación al principio de non bis in idem (no doble juzgamiento).

Poveda acusó a sectores del poder de utilizar el tema del agua para desviar la atención de otros escándalos nacionales y aseguró que el Municipio no se quedará callado. “Esta ciudad no se arrodilla ante nadie y no lo va a hacer jamás”, dijo.

La ciudadanía exige soluciones y no más acusaciones

Frente a ello, ciudadanos como Holguer Navas, quien habita en Samanes 5, una de las zonas donde el mal olor que suelen emanar las lagunas de oxidación Guayacanes-Samanes se percibe “bastante fuerte”, esperan que con la puesta en marcha de Los Merinos las molestias lleguen a su fin.

“Llevo al menos siete años percibiendo esos olores y no me acostumbro a ellos. Jamás lo haré. Es horrible dormir y comer rodeado de esos gases que, creería, a la larga nos dañan la salud. Quiero que esto acabe”, expresó Navas.

No obstante, para parte de la ciudadanía y de especialistas sí resulta necesario que exista un control externo sobre la calidad del agua que consume Guayaquil. “Sé que la Defensoría del Pueblo dijo en un informe anterior que el agua potable de la ciudad era apta para el consumo. Sin embargo, que 90 industrias estén descargando residuos en los cuerpos hídricos del Daule es alarmante. Hay que exigir respuestas al Municipio, a la Prefectura y al Ministerio de Ambiente. Que la Contraloría determine si están cumpliendo su rol y, de ser necesario, que se contrate a un ente internacional independiente”, opinó Douglas Veloz, ambientalista guayaquileño.

Una postura similar expresó la urbanista Nelly Cadena, especialista en temas ambientales. Para ella, las autoridades no están dimensionando la gravedad del problema. “En lugar de trabajar de forma coordinada y sancionar a las empresas que podrían estar contaminando, se están lanzando acusaciones entre instituciones. Una vez más, la política termina imponiéndose sobre la gestión ambiental. Inconcebible”, dijo.

Frente a esta situación, César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, anunció que el 29 de enero se realizará una audiencia pública en defensa del agua y los cuerpos hídricos de Guayaquil y la provincia. “Es fundamental la intervención de la Contraloría, porque se ha denunciado de manera constante que los ríos Daule y Guayas están siendo contaminados permanentemente”, sentenció.

Poveda denuncia casos sin respuesta

En su intervención, Poveda descartó que exista una crisis ambiental en Guayaquil y sostuvo que el debate sobre el manejo del agua responde, a su criterio, a una estrategia política orientada a instalar una narrativa que desviaría la atención de otros asuntos de alcance nacional. En ese contexto, señaló que mientras se cuestiona al Municipio, otros casos no han recibido -según dijo- una explicación pública, entre ellos la presencia de un vehículo de alta gama en la Isla Trinitaria, que vinculó a un grupo empresarial relacionado con la familia del presidente de la República, así como otros episodios que, a su juicio, han impactado la imagen del país. “Mientras nosotros no olvidamos, siguen apareciendo más escándalos. Somos una vergüenza internacional”, señaló.

El funcionario también dirigió críticas al sistema de justicia. Cuestionó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presuntos conflictos de interés y supuestas vinculaciones con procesos relacionados con narcotráfico.

A estos señalamientos sumó el intento de venta de 93 hectáreas de terrenos en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, caso que, afirmó, tampoco habría tenido una respuesta institucional contundente de las autoridades.

Poveda cuestionó además que desde el debate político se intente exigir a la Alcaldía la entrega de informes trimestrales sobre el agua, pese a que, según indicó, no existe una norma que establezca esa obligación. Señaló que, mientras otros temas quedarían fuera del escrutinio, el Cabildo ha optado por responder con documentación de carácter técnico, y mencionó la falta de explicaciones públicas sobre contratos y casos como Helworth, Progen y Austral Technical Management.

Observatorio ciudadano

Cárdenas: “Emapag protege a Interagua, no al ciudadano”

César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, calificó como urgente la intervención de la Contraloría. “Ríos y esteros están siendo contaminados por empresas y alcantarillado sanitario. Es necesario fiscalizar la gestión ambiental y el uso de recursos”, señaló.

Sobre Emapag, Cárdenas aseguró que la empresa ha actuado más como defensora de Interagua que como fiscalizadora. “No ha sido supervisada adecuadamente. Más bien, parece una oficina de Interagua para defenderse. ¿Qué intereses tiene? Ahora parece que el alcalde está más del lado de estas empresas que de los ciudadanos”, criticó.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ