La confrontación Ecuador‑Colombia reactiva cruces ilegales y rutas del contrabando en frontera

La escalada arancelaria entre Ecuador y Colombia convirtió un conflicto comercial en un problema de seguridad fronteriza: al encarecer el comercio formal y cerrar pasos legales, las medidas están incentivando el contrabando, los cruces ilegales y la expansión de economías ilícitas en la frontera norte, debilitando la cooperación binacional y fortaleciendo a redes criminales activas desde hace años.

El conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia, marcada por la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de elevar al 100 % la llamada “tasa de seguridad” a productos colombianos desde el 1 de mayo de 2026, ha dejado de ser un conflicto meramente comercial. 

Analistas y exautoridades de inteligencia y seguridad advierten que la medida, lejos de contener al crimen organizado, podría acelerar la expansión del contrabando, el narcotráfico y otras economías ilícitas en una de las zonas más vulnerables de la región andina. 

Aranceles y seguridad: el origen del conflicto

El presidente Daniel Noboa ha defendido públicamente el incremento de los aranceles como una acción soberana basada en criterios de seguridad nacional, argumentando que Colombia no ha aplicado medidas “concretas y efectivas” para controlar el narcotráfico en la frontera común de 586 kilómetros. 

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En entrevistas radiales y mensajes en la red social X, el mandatario ecuatoriano ha sostenido que Ecuador asume más de $400 millones anuales adicionales en seguridad por el “descuido” del vecino país y que, tras aplicar la tasa, las muertes violentas en la frontera se redujeron en un 33 %.

Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza. Calificó la medida como una “monstruosidad” y advirtió que cerrar pasos legales y encarecer el comercio formal no elimina el intercambio, sino que lo vuelve ilegal, fortaleciendo a las mafias fronterizas. 

Aunque posteriormente descartó imponer aranceles del 100 % a productos ecuatorianos, insistió en que el conflicto facilita el contrabando y el lavado de dinero del narcotráfico.

Advertencia desde Ecuador: “el ecosistema criminal se expande”

Para el coronel (sp) Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College y exdirector de inteligencia, la lógica es clara: cuando el comercio legal se encarece o se ralentiza, los mercados ilícitos ocupan ese espacio.

“El conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia no beneficia a ninguno de los dos países. El más perjudicado es Ecuador, que hoy enfrenta directamente al crimen organizado. Esta disputa va a reactivar trochas, pasos ilegales y corredores logísticos para droga, armas, minería ilegal y contrabando”, advierte Pazmiño.

El exoficial recuerda que Colombia concentra actualmente más de 270.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción superior a 3.000 toneladas anuales, de las cuales cerca del 75 % termina atravesando territorio ecuatoriano. En ese contexto, una ruptura de la cooperación bilateral “acelera el crecimiento del ecosistema criminal” en la frontera norte.

Una investigación reciente de Insight Crime advierte que el aumento de aranceles y las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia podrían acentuar el contrabando en la frontera binacional, un fenómeno históricamente ligado a la informalidad y a las economías criminales en esta zona.

De acuerdo con el análisis, comerciantes fronterizos alertan que los aranceles elevarán los precios en Ecuador de productos clave como artículos de cuidado personal, bienes agroindustriales, combustible y café colombiano. Este encarecimiento, señalan, incentiva los flujos transfronterizos informales, ya que el comercio legal pierde competitividad frente a rutas clandestinas.

Frontera porosa y grupos ilegales: la lectura militar

Desde una perspectiva operativa, el exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, coincide en que el contrabando es una realidad histórica en las zonas limítrofes, incluso en escenarios de buenas relaciones diplomáticas.

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“Cuando se cierran pasos legales, como ocurre actualmente en sectores como Macará o Zumba, incluso quienes operaban en la legalidad empiezan a buscar rutas clandestinas. Eso amplía el contrabando y fortalece a grupos irregulares”, explica.

Bravo advierte que la falta de decisiones políticas claras impide ejecutar mecanismos clave como las operaciones espejo, acciones coordinadas entre fuerzas de ambos países. 

Sin esa coordinación, señala, se genera un “limbo operativo” que se convierte en caldo de cultivo para nuevas estructuras criminales, con impacto directo en la seguridad interna.

Corredores críticos: de Tulcán a la Amazonía

De acuerdo con los análisis de Pazmiño, los corredores con mayor vulnerabilidad incluyen:

Estos corredores podrían intensificar su actividad ilícita en un escenario de frontera más porosa y menor cooperación, advierte el exagente.

La mirada colombiana: la crisis no se resuelve con aranceles

Desde Colombia, el experto en delito transnacional y drogas, George Santos docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano, sostiene que la disputa arancelaria no resuelve el problema de fondo.

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“Cuando la cooperación se debilita, estos actores utilizan la frontera como zona de tránsito y refugio. Las medidas comerciales unilaterales trasladan responsabilidades, pero no atacan la raíz de la inseguridad”, explicó.

Santos subraya que, aunque el conflicto no implica una controversia territorial, sí erosiona la confianza política y limita la capacidad conjunta para controlar corredores estratégicos del narcotráfico.

Un escenario de alto riesgo regional

Mientras Colombia anunció el despliegue de más de 15.000 uniformados en Nariño y Putumayo para reforzar la frontera, la confrontación verbal entre Petro y Noboa mantiene en suspenso los canales diplomáticos.

Los expertos coinciden en un punto: sin coordinación binacional, mayor presencia en frontera, inteligencia conjunta y control de vías internas, el conflicto arancelario podría terminar fortaleciendo al crimen organizado que ambos países dicen combatir.