Un escusado se convierte, por primera vez, en tema público | Por Martín Pallares

Lo que acaba de suceder con el tema del escusado para el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira Hanze, debería servir para elaborar un manual sobre lo que los funcionarios públicos deben saber acerca del manejo de la cosa pública y de la ética pública.

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El jueves 26 de febrero, Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración, hizo público un comunicado en el que decía que la licitación para la remodelación de unos baños en Carondelet (entre ellos el de Neira) quedaba sin efecto y que, más bien, se harían reformas con donaciones privadas.

“La obra será financiada en su totalidad mediante aportes voluntarios del sector privado, a través de donaciones de empresas comprometidas con la preservación del patrimonio institucional del país. Estas contribuciones permitirán realizar adecuaciones integrales en infraestructura y áreas de apoyo administrativo”, dice el comunicado en su segundo párrafo.

Un anuncio que evita un dato importante

Independientemente de la extraña mención a un “patrimonio institucional”, porque resulta difícil saber a qué se refieren con ese concepto, lo más grave del comunicado es que se anuncian donaciones del sector privado sin identificar a quienes las van a hacer. Y esto no es un tema menor: en cualquier manual sobre el manejo de la cosa pública debería constar que, si la administración pública o sus funcionarios reciben donaciones, deben comunicar quiénes son los donantes.

Si no se informa sobre la identidad de los ‘patriotas’ que van a invertir dinero en las facilidades higiénicas para Neira y otros funcionarios, las preguntas que se generan se multiplican. Por ejemplo, ¿a cambio de qué se hace la donación? ¿La hace alguien que tiene pendientes casos de evasión tributaria y quiere complacer a Neira (que se supone es la autoridad en la materia) con un escusado ovalado (así decía la licitación: escusado ovalado), o con unos espejos de más de mil dólares, como se indicaba en esos documentos digitales?

Lo que debería ser una norma en cualquier país con instituciones serias, en el Ecuador lo es aún más por las circunstancias actuales: abundan los casos de lavado de dinero del crimen organizado y hay muchas organizaciones criminales que estarían felices de poder “colaborar” con las urgencias fisiológicas de funcionarios que deberían ser sus persecutores.

“La decisión refleja nuestro compromiso de velar por el uso responsable de los recursos del Estado y de actuar con transparencia y rendición de cuentas”, agrega Gellibert. Es decir que, además de esconder la identidad de los donantes, se miente sin vergüenza alguna: es precisamente la falta de transparencia, de la que tanto se jacta Gellibert, lo que consagra el comunicado en un párrafo más arriba.

Una preocupación repentina

Además, cabe preguntarse por qué la preocupación súbita por esos dineros públicos si no hace mucho, el 14 de febrero, en la página del Sercop se decía que se iban a invertir 130.317 dólares en la obra y en la compra de los escusados ovalados. Hay que recordar que la publicación de la licitación en la página del Sercop provocó un escándalo en la opinión pública y que ese mismo día, cuando los comentarios y las quejas se multiplicaban, la página se cayó y ya nadie pudo hacer consultas sobre el tema.

Es decir que alguien en el gobierno se percató de los efectos de la noticia y, semanas más tarde, aparece Gellibert con la “solución”: decir que quienes van a financiar la obra son unos donantes del sector privado. 

Pensaron que para salir del escándalo por los 130.317 dólares, lo conveniente era anunciar que ese dinero correría por cuenta del sector privado, sin siquiera considerar que la salida era igual o incluso más equivocada que el problema: de Guatemala a Guatepeor.

Esta no es la primera vez que los funcionarios del gobierno de Noboa hacen gala de su absoluta ignorancia sobre lo que implica el manejo de lo público y sobre la necesidad de que estos temas se traten con la más absoluta transparencia. 

La memoria de las marchas contra la Corte Constitucional

Cuando el gobierno organizó marchas para insultar y acosar a los jueces de la Corte Constitucional que habían declarado inconstitucionales ciertas leyes, la entonces portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, salió con la perla de que toda esa inversión en carteles, buses y logística (que debieron haber costado mucho dinero) provenía del sector privado, sin que nunca se informara quién hizo los aportes.

La afirmación era tan torpe y absurda que nadie le creyó a Jaramillo. Era evidente que se habían gastado recursos del Estado, seguramente de fondos reservados, que son los más fáciles de esconder. Tampoco hubo transparencia ni honestidad en el uso del avión y en los viajes presidenciales: un día se anunció que Noboa iba a viajar a Washington y al día siguiente amaneció en Nueva York, sin ninguna explicación ni información sobre su agenda o sobre el personal que lo había acompañado.

Gobernar con apego a la ética pública implica mantener informados a los mandantes sobre todo lo que se hace o no se hace en la administración pública, y eso, como es evidente, ni lo conoce ni respeta el círculo más cercano al presidente. En el caso particular del escusado de Neira, el tema es especialmente delicado: ¿quiénes son los donantes que están financiando obras para aliviar las urgencias fisiológicas de funcionarios que administran asuntos que pueden beneficiar a quienes hicieron los aportes?

Debe ser la primera vez en la historia del país que un escusado termina convirtiéndose en un tema público. Cabe esperar, en todo caso, que este absurdo sirva al menos para que alguien se digne a escribir el manual del funcionario honesto.

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