Tras decisión sobre el diésel, Noboa ordena traslado del Ejecutivo a Latacunga
El Decreto Ejecutivo también dispone que la Vicepresidencia se traslade a Otavalo para cumplir con las funciones asignadas
La sede del Gobierno Nacional se trasladará temporalmente a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. La mañana de este 13 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 127 para viabilizar la decisión.
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En un comunicado emitido por la Presidencia de la República se señala: “El Gobierno Nacional informa que, a partir de hoy (13 de septiembre de 2025), la sede del Ejecutivo funcionará temporalmente en la ciudad de Latacunga”.
Según el anuncio, la decisión se adoptó como parte de un “compromiso del Gobierno de estar en donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía”.
¿Qué dice el Decreto Ejecutivo?
En los considerandos del documento firmado por Daniel Noboa se lee: “Que las facultades de desconcentración y organización de la Función Ejecutiva, a cargo del Presidente de la República, implica no solo una estructuración funcional sino también una proximidad física del gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población”.
Así, según el decreto, es necesario que la Función Ejecutiva traslade su sede temporalmente, con el objetivo de acercarse a la ciudadanía y atender sus necesidades directamente en territorio.
Delegación a la Vicepresidencia de la República
El Decreto Ejecutivo 127 también asigna funciones a la vicepresidenta de la República, María José Pinto. Dispone que “ejerza temporalmente las actividades relacionadas a las funciones que le fueron asignadas, desde la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura”.
Una decisión en medio de la eliminación del subsidio al diésel
El Gobierno Nacional anunció esta medida apenas un día después de emitir su resolución para eliminar el subsidio al diésel. Según el Ejecutivo, durante décadas esa política representó una carga de 1.100 millones de dólares para las cuentas fiscales, “sin llegar realmente a quienes lo necesitaban”.
Cabe recordar que durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso ya se intentaron medidas similares, pero enfrentaron violentas manifestaciones encabezadas por la Conaie, que lograron frenar esas iniciativas.
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